Contra la militarización, la movilización popular.

Manifiesto.

Rosario Ibarra (*)

Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se buscaría legalizar lo que hasta ahora se ha hecho y se está haciendo fuera del marco constitucional: utilizar al Ejército en labores de seguridad pública. Se pretendería coronar legalmente lo que ilegalmente se ha hecho desde el 2006: militarizar al país.

Vincular esas labores con la seguridad nacional es un sofisma para justificar que sea el Ejecutivo el que disponga a su antojo de las Fuerzas Armadas, aún en tiempo de paz, hecho que contraviene flagrantemente lo que dice el artículo 129 constitucional.

No es necesario razonar mucho para saber cuáles son y serán las consecuencias de mantener a las Fuerzas Armadas como parte toral de la “necesaria lucha contra la delincuencia organizada”: la violencia y la inseguridad no sólo no ceden sino que se incrementan exponencialmente al paso del tiempo, con su caudal de violaciones a los derechos humanos.

El pueblo se encuentra así “en el peor de los mundos posibles”, temeroso y padeciendo la violencia de los grupos criminales, “a los que las autoridades, por una conducción estulta, no pueden contener...” pero también -y es preciso decirlo- sufriendo los abusos y la corrupción perennes de la autoridad que debería de protegerlo.

Estas reformas pretenden institucionalizar lo que hemos venido diciendo desde hace ya más de cuatro años: un Estado militarizado (con claros tintes “pinochetianos”), mal conducido en el que no se soluciona el terrible problema de la inseguridad y en el que se atropellan cotidianamente las libertades públicas.

Pero además, estas modificaciones legales encierran otro tipo de peligros: el Ejecutivo podrá decidir unilateralmente, sin contrapeso alguno...Peor aún, abre la puerta a la represión militar de movimientos sociales, pues aún cuando dice que “no será una afectación para la seguridad interior, las acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social”, tramposamente establece una excepción, cuando los mismos “constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior”... ¿A juicio de quién? ¡Claro que del Ejecutivo! Todo signo de libertad política es amenazado y puede ser borrado por esta disposición propia de dictaduras militares.

Dice la minuta aprobada que “busca proteger en todos sus extremos a los derechos humanos”... nada más falso, ya que en el artículo 77, con una redacción ambigua señala que “cuando miembros de la Fuerzas Armadas realicen conductas que pudieren ser constitutivas de delito afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas de acuerdo con las normas que los rigen”, con lo que se mantiene el fuero militar. Mantener esta jurisdicción excepcional en un momento crítico de terrible descomposición social y política, marcado por la militarización del país, constituye un terrible riesgo para las libertades públicas de las personas que, muchos nos atrevemos a decir, causará males peores en vez de soluciones para erradicar lo que el gobierno ha llamado “delincuencia organizada”.

He insistido en la supresión del llamado fuero de guerra, el que, bajo su actual estructuración, ha permitido que cualquier delito que pueda definir la legislación común, se convierte en militar por el hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas, haciendo que el fuero de guerra se convierta en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la “igualdad ante la ley” y del principio de división de poderes que establece que las penas sólo las puede imponer  el juez ordinario, según el artículo 21 constitucional. He escuchado a muchos juristas decir que esto debe atenderse a nivel constitucional mediante una reforma al artículo 13, que derogue ese coto de impunidad bajo el cual se han cometido y se siguen cometiendo delitos y violaciones a los derechos fundamentales.

Pero obviamente, especialmente por la actual relación de fuerzas políticas en el Congreso, la solución al problema que vivimos no se encuentra básicamente en el terreno legislativo. No hay más salida que la acción política, de masas, movilizada en las calles, organizada en forma pacífica, para frenar y revertir el actual curso de militarización y violencia abierto por el gobierno impuesto desde el 2006 y contra el cual luchamos desde entonces. Hemos llegado a una situación ya intolerable. En estos días, después del bárbaro asesinato múltiple en Cuernavaca que incluyó al hijo del poeta Javier Sicilia, parece extenderse por todo el país la conciencia de que ya basta con esta violencia. Un posible punto de inflexión que permitirá una movilización muy amplia, nacional, unitaria, como la que está convocada para iniciarse en Cuernavaca el 5 de mayo para concluir el día 8 en la Ciudad de México y a la que hay apoyar y sumarse sin reticencia alguna. Hacerlo simultáneamente en otras ciudades del país, como ya ocurrió el 6 de abril. Es urgente. Es necesario. Hay que frenar la militarización y violencia provocada desde el poder.

Siempre he pensado y he dicho que los soldados son “pueblo en uniforme” y que también son parte del pueblo maltratado y en ocasiones se ha obligado a esa parte del pueblo a pelear contra sus hermanos: “se obliga al pueblo de los cuarteles a ametrallar al pueblo de las fábricas; se pone un uniforme a Caín para asesinar a Abel”.

México, D. F. a 27 de abril de 2011.

(*) Declaración de Rosario Ibarra publicada en forma resumida el 28 de abril en el diario El Universal bajo el título de “Manifiesto”.

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