Edgard Sánchez*
Con el mes de enero, concluyó también el plazo para el trámite ante el IFE (Instituto Federal Electoral) en que se demuestre cubrir los requisitos de afiliación y asambleas para las organizaciones interesadas en obtener su reconocimiento legal como partidos. La ley exige demostrar una afiliación mayor de 220 mil miembros y realizar por lo menos 20 asambleas estatales con un mínimo de 3 mil afiliados asistentes o 200 asambleas distritales con 300 afiliados asistentes a cada una de ellas con la presencia también de funcionarios del IFE que certifican la realización de la asamblea cubriendo estos requisitos.
La OPT (Organización del Pueblo y los Trabajadores) fue una de las más de 50 organizaciones que el año pasado notificaron su intención de obtener el reconocimiento legal. Para la OPT que había tenido su congreso fundacional en agosto del 2011, resultado de una iniciativa presentada por Martín Esparza, secretario general del SME, en octubre del 2010 en el Estadio Azteca como parte de la lucha de los trabajadores electricistas en defensa de sus derechos bajo ataque desde que el gobierno federal les arrancó su fuente de trabajo, el reclamo de registro legal se ubicaba como un importante paso en la construcción y consolidación de la organización. Dos consideraciones animaban la decisión de iniciar la lucha por el registro legal. En primer lugar, la posición de que un partido de trabajadores como el que pretende construir la OPT debe también tener el derecho a una expresión legal y electoral propia. Como se ha sostenido desde la fundación de la OPT, ninguno de los partidos actualmente reconocidos representan o defienden los intereses de la clase trabajadora y en general del pueblo trabajador. De aquí la necesidad de una organización partidaria como la OPT. Pero en la misma lógica eso quiere decir que un partido de los trabajadores como la OPT debe tener también el derecho al reconocimiento legal, derecho que no debe ser limitativo a los partidos patronales, de corte neoliberal o conciliadores con el sistema como ocurre en la actualidad. El reclamo de la OPT es también un cuestionamiento a la ley electoral que limita el derecho constitucional de organización política para impedir el registro de un partido de trabajadores. En el curso de este proceso, por ejemplo, varias veces se nos cuestionó la participación en las asambleas de la OPT de conocidos dirigentes sindicales o el que realizáramos las asambleas en auditorios sindicales de los electricistas, del magisterio, de los telefonistas o de jubilados.
Y en segundo lugar, como se decía en cada asamblea, “con registro o sin registro, la OPT va”, es decir entendíamos el reclamo de registro legal como un recurso en la construcción y posicionamiento de la OPT como una alternativa de clase y combativa frente a los partidos actualmente reconocidos así como los que actualmente lo solicitan. A diferencia del concepto que sostiene el reconocimiento legal de los partidos ante el IFE, la OPT no se “constituye” con el proceso legal, sino que viene de antes del trámite de registro y sigue después. No es un partido “de temporal”, que nace y muere con el registro legal del IFE. La OPT nace para cubrir una necesidad política de la clase trabajadora, no para cubrir los requisitos de ley para el reconocimiento como partido para las elecciones. Obviamente, al solicitar el registro en los términos de la ley vigente la OPT debe demostrar cubrir los requisitos que esa ley estipula, pero la OPT no se circunscribe a los plazos y requisitos legales para mantener su existencia y desarrollo. Nos fundamos en agosto del 2011 sin sujetarnos a los plazos y requisitos legales de un partido reconocido por la ley electoral. Surgimos a iniciativa de la convocatoria de dirigentes de una lucha sindical histórica, sin tomar en cuenta las restricciones de la ley al respecto, para tratar de cubrir una necesidad política e histórica de la clase trabajadora: el contar con su propio partido.
Lo anterior quiere decir que el reclamo de la OPT por su registro legal ha sido el reclamo de un derecho democrático que debe ser extensivo también a un partido de trabajadores y al mismo tiempo una campaña por el registro que ha sido más bien una campaña de construcción y organización de la propia OPT.
La OPT registró ante el IFE la convocatoria a 23 asambleas estatales para cubrir el requisito de hacerlas en por lo menos 20 estados de la República. De estas asambleas el IFE solamente certificó como asamblea estatal, con el quórum legal de 3 mil afiliados, la del Estado de México, celebrada el 10 de noviembre. En otras asambleas de la OPT que contaban con más, o alrededor de, 3 mil asistentes el IFE sostuvo que los compañeros y compañeras que se afiliaron en su presencia no llegaban al mínimo legal debido a que varios -en ciertos casos hasta más de 100 personas- no contaban o no llevaban credencial de elector que los identificara. Algunas de estas asambleas fueron tan exitosas en número o políticamente que las repetimos. Aún así, los representantes del IFE alegaron que en asambleas tan exitosas como la del DF o la del estado de Hidalgo que se hicieron dos veces no se alcanzó -por poco- el número de afiliados que contaran con credencial de elector correspondiente. De todos modos la realización dos veces de esas asambleas, tanto la del DF y la de Hidalgo, como las de Puebla o Michoacán, permitieron que los camaradas asistentes aumentaran de una a otra y sobre todo que la identificación y defensa del proyecto de la OPT se incrementara también entre miles de afiliados que reclamaban -a veces a gritos y coreando consignas o exigiendo ser afiliados a la OPT en la fila a punto de cerrarse- a los comisionados del IFE nuestro reconocimiento legal. En unas cuantas semanas del mes de noviembre y de diciembre, sobre todo, más de 15 mil compañeros se movilizaron con motivo de las asambleas estatales de la OPT.
El resultado neto de la campaña con motivo del registro legal de la OPT es, en realidad, haber iniciado el proceso de construcción real de la misma. Nunca antes se había hecho una labor de promoción, organización y afiliación a la OPT como se ha hecho a partir del mes de noviembre del 2013. Aunque las asambleas no alcanzaran o no se les reconociera el quórum legal, nunca antes se habían hecho asambleas amplias de organización y afiliación a la OPT. Más allá de los requisitos legales, la importancia política de estas asambleas radica en ello, logrando un proceso de identificación de miles de compañeros con la nueva organización -una identificación lograda más allá de la votación formal de los documentos básicos de la OPT, por medio de la exigencia de que la OPT fuera reconocida como otra fuerza política real y representativa de los trabajadores- y en el encuentro con activistas y militantes de otros movimientos y organizaciones que se han sumado a la OPT. Las asambleas del Estado de México, del DF, de Hidalgo, de Puebla, Morelos, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, más allá de su importancia numérica reflejaron también la convergencia y acuerdo con muchos compañeros más de los iniciales de la OPT. Aun en estados del norte del país, políticamente mas difíciles para una fuerza de izquierda y de los trabajadores, donde la lucha del SME no es tan conocida, lograron hacerse asambleas constitutivas de la organización, convirgiendo también con agrupamientos locales. Así fue el caso en Sonora, Chihuahua, Nuevo León o Baja California.
Si al inicio del proceso de registro de la OPT era evidente que la columna vertebral la constituyen los camaradas del SME que apoyan la iniciativa lanzada por Martín Esparza desde el 2010 y la participación de militantes de organizaciones políticas que se hacen parte del proyecto, destacadamente el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) y la OST (Organización Socialista de los Trabajadores). También desde el inicio compañeros del MUS (Movimiento de Unificación Socialista) pero en el curso del proceso la convergencia política fue creciendo entre activistas y militantes actualmente sin partido o presentes en importantes luchas sociales actuales. Así se reafirmó la participación de compañeros del magisterio, especialmente de Michoacán de la sección 18, pero también del magisterio de otras entidades, o activistas del movimiento de usuarios de la energía eléctrica, otros de la CUT, así como de aquellos que vienen de la experiencia de autorganización comunitaria de los pueblos de Guerrero. También compañeros de otras organizaciones políticas como la UCFCP (Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto) que en enero del 2013 habían notificado al IFE también su intención de obtener el registro legal como partido pero que a mitad del año desistieron y firmaron un acuerdo político para incorporarse al esfuerzo de la OPT. Así también se sumaron los compañeros de la Liga Socialista Revolucionaria del estado de Chihuahua o los compañeros del PRP (Partido Revolucionario del Pueblo).
El proceso de crecimiento y convencimiento de la OPT en medio de esta campaña fue parte también de un proceso de definición política de la gente. Tenía que haber un proceso de convencimiento y de definición políticas ya que la OPT no es la única opción en este terreno. Es una opción partidaria de los trabajadores, pero hay otras que aunque sean proyectos pluriclasistas se presentan con más recursos mediáticos y de difusión y que también se proponían. De tal manera que frecuentemente la decisión de afiliarse a la OPT era parte de una fuerte discusión y decisión. Legalmente, además, no es posible la afiliación a más de un partido, de los ya reconocidos o de los que están en curso de solicitar su registro. También implicó un debate en algunos sindicatos en que militan trabajadores de otros partidos y frente a los cuales se garantizó que no se realizaron prácticas corporativas como sería la afiliación forzosa.
En las asambleas realizadas, aunque no fueran reconocidas por el IFE, se eligieron comités estatales provisionales para continuar los trabajos de organización y coordinación en la lucha de los camaradas integrados a la OPT.
De esta manera, la OPT emerge de este proceso con motivo del registro legal, dando un primer paso nacional de importancia en su construcción y organización, al mismo tiempo que lo hacemos en medio de una fuerte crisis política (incluso en el terreno político institucional con la sustitución del IFE por el INE y el fin del COFIPE que regulan el registro de nuevos partidos), de descomposición social e institucional como lo muestra el fin del “monopolio legítimo de la violencia” por parte del Estado o de otras tareas institucionales como es el cobro de impuestos que realizan también grupos del narcotráfico; con la imposición de las “reformas estructurales” de Peña Nieto por medio de los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD básicamente) que han concluido en el desmantelamiento de los ejes centrales de la Constitución de 1917, dando prácticamente un golpe de estado técnico, pero al mismo tiempo manteniéndose fuertes movimientos de resistencia de los trabajadores pero también procesos de autorganización con policías comunitarias y grupos de autodefensa como sucede en Guerrero o Michoacán. En medio de esta crisis y descomposición es más vigente que nunca la necesidad de un partido de los trabajadores amplio como apunta a ser la OPT. Aun sin el registro legal, debe convertirse en la referencia política partidaria de la clase trabajadora y de los movimientos en lucha y resistencia pues de todos modos el aparato legal e institucional del Estado se encuentra también en gran descrédito y crisis. No es solamente el vacío que hay con respecto al IFE y el COFIPE. Es también y sobre todo el desmantelamiento de la Constitución heredada de la Revolución Mexicana que ha hecho (aunque habían jurado defenderla) el Congreso de la Unión, que han avalado los partidos del Pacto por México y que han avalado también los congresos locales y todo ello subordinado a un Ejecutivo que se impuso como resultado de un nuevo fraude electoral marcado ahora por la compra de votos.
La OPT tiene por delante muchas tareas. Continuar el proceso de organización que ha significado la campaña por el registro, en primer lugar. Consolidar los comités estatales provisionales que han sido electos, reconstituir un Consejo Nacional y preparar el Congreso Nacional de la organización. Pero además de las tareas organizativas tiene un nuevo reto en la perspectiva de construirse como la referencia política partidaria de la clase trabajadora y de los movimientos en lucha. Después de las reformas estructurales que el poder oligárquico neoliberal nos ha impuesto se han creado nuevas condiciones de lucha. Nuevas perspectivas y definiciones políticas también se requieren en la lucha por el derrocamiento de este régimen político marcado por la ilegitimidad que abra la posibilidad para un nuevo Congreso Constituyente que recupere los derechos democráticos, sociales y de soberanía nacional que han sido eliminados por ese bloque neoliberal y proimperialista. Esta perspectiva no puede hacerse al margen de un amplio proceso de organización política partidaria de la OPT pero también de autorganización del pueblo trabajador como ocurre ya en varios estados de la República y de organización de la lucha y resistencia como la creación de una nueva central de trabajadores como la que impulsa el SME y otros sindicatos y que apoya la OPT. Pretender una asamblea constituyente desligada de la lucha por el fin de este régimen y desligada de los movimientos y fuerzas sociales en lucha, convierte la idea en mera propaganda, en una caricatura o en un evento de propaganda que refuerce la necesidad de una verdadera nueva constituyente surgida de la lucha y no sustituyéndola o hablando a nombre de ella.
*Artículo publicado en el periódico Bandera socialista, órgano del PRT