NUEVAMENTE DESAPARECIDOS POLÍTICOS EN MÉXICO Y CRISIS POLÍTICA.

Edgard Sánchez.

Desde fines de septiembre  una ola de protestas en crecimiento sacuden a México por el asesinato primero de 6 e inmediatamente después  por la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero. El 8 de octubre hubo una primera jornada de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa  y se prepara una nueva jornada internacional para este 22 de octubre.

El 26 de septiembre, en la ciudad de Iguala, Guerrero (1), fueron atacados por la policía municipal un grupo de estudiantes que intentaron repartir propaganda política en un acto oficial del gobierno local. Los estudiantes fueron expulsados del acto oficial, perseguidos por la policía y baleados, incluso atacando un autobús con otros estudiantes de un grupo deportivo que estaban en Iguala para una competencia de futbol. En esta agresión fueron muertos a balazos 6 estudiantes y varios más heridos  gravemente. Adicionalmente 43 estudiantes fueron detenidos por patrullas policiacas, trasladados a un cuartel de policía de donde salieron nuevamente en camionetas de la policía para finalmente desaparecer, desconociéndose su paradero.

Especialmente por la desaparición de los 43 estudiantes en un estado de la República donde en los años 70 ocurrieron la mayoría de las desapariciones de militantes de la guerrilla de aquellos años, la respuesta estudiantil y popular ha sido inmediata y muy grande.

Es cierto que con la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el anterior Presidente de México, Felipe Calderón (del Partido Acción Nacional) y continuada por Enrique Peña Nieto (del Partido Revolucionario Institucional) la cifra de desaparecidos creció a más de 10 mil personas convirtiéndose en una crisis de violación de derechos humanos. Pero  como parte de lo absurdo, y brutal de ese terrorismo de Estado, la mayoría de esas personas desaparecidas eran población civil indiscriminada, presentados como “daños colaterales” en la guerra contra la “delincuencia organizada”. Esto los hacía diferentes a los más de 500 casos que desde los años 70 y 80 denunciara Rosario Ibarra y el comité “Eureka!” de madres de desaparecidos a los cuales identificamos como “desaparecidos políticos” pues eran personas acusadas –a veces falsamente- por el gobierno de pertenecer a organizaciones político militares.

Con el caso de los estudiantes de Guerrero desaparecidos se ha regresado abiertamente a la desaparición de activistas políticos o de movimientos sociales. El gobierno no puede ahora argumentar que se trata de “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico. La agresión fue abiertamente dirigida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (2).

El gobierno primero dijo que los estudiantes habían sido víctimas del “crimen organizado”. Después, ante la evidencia de los testimonios de los estudiantes sobrevivientes ha admitido que fueron detenidos por la policía municipal, pero que fueron entregados a un capo del narcotráfico quien había ordenado asesinarlos y sepultarlos en fosas clandestinas en el campo. Se han organizado equipos de policía y ejército, así como de médicos forenses buscando y encontrando más de diez fosas clandestinas donde intentan identificar restos humanos comparando con el ADN de los familiares de los desaparecidos. Estos familiares exigieron la presencia de médicos forenses especialistas en estos casos,  de origen argentino por no confiar en las autoridades mexicanas.

El truco de acusar al “crimen organizado” busca confundir y ocultar la responsabilidad del gobierno en estos crímenes. Es evidente que los 43 estudiantes desaparecidos fueron originalmente detenidos por la policía y trasladados en vehículos oficiales con rumbo desconocido. No es casualidad que el grito que Rosario Ibarra y el Comité ¡Eureka! hizo famoso en los años 70 y 80, sea el que nuevamente se corea en las manifestaciones, especialmente por los estudiantes de Ayotzinapa y los familiares: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”.

Los estudiantes no fueron “levantados” por el crimen organizado, no son víctimas de un secuestro realizado por particulares, sino son víctimas de “desaparición forzada” que es el concepto que la ley utiliza cuando los autores de la misma son agentes del Estado en cualquier nivel. Por eso la ONU considera “crimen de lesa humanidad” la desaparición forzada.

El otro elemento relevante de la situación actual es que tanto el gobierno municipal de Iguala, como el gobierno del estado de Guerrero, están encabezados por el Partido de la Revolución Democrática (3) y este hecho muestra el nivel de descomposición a que ha llegado. Enrique Peña Nieto se convirtió en 2012 en Presidente de México gracias a un nuevo fraude electoral. En diciembre del 2012 logró que se firmara el llamado Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD reconociendo a Peña Nieto como presidente y comprometiéndose a apoyarlo en su programa de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD tanto en 2006 como en 2012,  rompió con ese partido y llamó a formar uno nuevo, llamado MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) pero con la misma perspectiva estratégica nacionalista con que había nacido el PRD en 1989. Especialmente durante 2013 y el primer semestre del 2014, Peña Nieto logró imponer las más graves reformas neoliberales en el Congreso de la Unión controlado por los partidos del Pacto por México.

La responsabilidad del PRD en la aprobación de reformas que han cambiado radicalmente el contenido de la Constitución heredada de 1917 después de la Revolución Mexicana, en el terreno social y económico, y en cuanto a la soberanía nacional, ahora se extiende al tema de los derechos humanos con estos crímenes similares a los de la primera época del PRI (la época en que la mayoría de los dirigentes cardenistas, por cierto, todavía estaban en el PRI). El presidente municipal de Iguala pidió licencia  y actualmente está prófugo. El gobernador Ángel Aguirre se resiste a renunciar y durante los primeros 15 días de esta crisis ha contado con el apoyo de su partido, el PRD. En el Congreso, el PRI también lo ha apoyado y afirma que debe seguir en su cargo y encontrar a los estudiantes desaparecidos.

Cuando estos partidos  insisten en que el responsable de estos crímenes es la “delincuencia organizada”,  que en nada ayuda la salida de Ángel Aguirre y que no hay que “politizar” el conflicto, seguramente es porque se dan cuenta de lo explosivo de la situación nacional con tantos agravios  contra el pueblo y los trabajadores en donde la dinámica del movimiento de protesta y solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa fácilmente puede evolucionar hacia el cuestionamiento del poder, de todas las instancias de gobierno tanto local como federal. Las protestas de los últimos días son una clara señal. Cuando estudiantes de Ayotzinapa y maestros protestaban en Chilpancingo, nuevamente chocaron con la policía estatal y la respuesta de la movilización fue incendiar el Palacio de Gobierno del estado, después el Palacio Municipal y finalmente también atacar con piedras el Congreso local. Al día siguiente se anunció un plan del movimiento en Guerrero de tomar más de 40 alcaldías de aquella región.

El 8 de octubre se realizó una primera jornada nacional e internacional en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa con un éxito impresionante por el número de ciudades donde ocurrieron estas protestas y por la amplitud social y política, desde sectores de la iglesia católica, organizaciones sindicales en lucha como el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) hasta el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que volvió a manifestarse en las calles de San Cristóbal, en Chiapas.  Inmediatamente después se realizó un paro de labores durante 48 horas en las principales universidades del centro del país, relevantemente en la UNAM. Lo anterior coincidió con la huelga general que tienen desde hace semanas los estudiantes del IPN (Instituto Politécnico Nacional), otra institución educativa creada en la época del general Cárdenas para que hijos de obreros y campesinos tuvieran acceso a la educación superior y que ahora los neoliberales quieren reformar.

La coordinación en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa ha convocado a una nueva jornada nacional e internacional, que esperamos aún mayor que la anterior, para el miércoles 22 de octubre reclamando la presentación con vida de los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables.

La Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) ha señalado que el movimiento de protesta actual demuestra lo falso de la versión oficial que dice que las reformas neoliberales han sido producto de un gran consenso nacional. Lo que pasa, dice la OPT, es que la oposición real a esas reformas no está en el Congreso, sino en las calles, carreteras y el campo, donde hay infinidad de movimientos de resistencia hoy en día. Lo que falta es un referente político y social que unifique las luchas sectoriales en un movimiento político para sacar del poder a la oligarquía neoliberal y sus instrumentos, los partidos del Pacto por México. A construir ese polo político y social es que iniciativas impulsadas por el SME como son la propia OPT y una Nueva Central de Trabajadores (que ha tenido su congreso nacional este 17 y 18 de octubre) se proponen avanzar lo más rápido posible en el seno de estas luchas de resistencia y nuevos movimientos sociales que están rompiendo con los partidos del sistema.

Publicado en L’Anticapitaliste, órgano del NPA el 20 de octubre de 2014.

(1).Iguala es la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero después del puerto turístico Acapulco y la capital del estado que es Chilpancingo.

(2). En la época del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-40) se creó el sistema de escuelas rurales para formar maestros de educación básica para la población rural y de zonas indígenas. Los estudiantes de estas escuelas provienen, obviamente, del mismo medio campesino y regresan a trabajar a esas comunidades. Bajo los sucesivos gobiernos neoliberales el sistema de escuelas normales rurales ha venido siendo atacado y han cerrado muchas escuelas. La escuela de Ayotzinapa, cercano a Chilpancingo, la capital del estado, es de las que sobreviven, donde también persiste la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En la escuela de Ayotzinapa estudiaron los principales líderes de la guerrilla rural de los años 60 y 70 como el Profesor Genaro Vázquez Rojas y el Profesor Lucio Cabañas Barrientos.

(3). El PRD se formó en 1989 a iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Cárdenas, después de romper con el PRI, controlado ya por los neoliberales, para presentarse como candidato presidencial de  oposición y que sufrió el fraude electoral de 1988 en que el PRI impuso a Carlos Salinas de Gortari. En el congreso de fundación del PRD se disolvieron la mayoría de las organizaciones de la izquierda socialista previas, excepto el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

(4). En 2009 el gobierno de Felipe Calderón cerró la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para avanzar en el proceso de privatización energética y destruir al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organización de larga tradición de lucha, fundada hace 100 años, cuando en diciembre de 1914, los ejércitos campesinos de Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. El SME se opuso al cierre de la Compañía de Luz y llamó a sus afiliados a no aceptar la liquidación que el gobierno ofrecía pues  implicaba renunciar al derecho al trabajo. Después de 5 años de resistencia, poco menos de la mitad de los afiliados al SME (más de 16 mil trabajadores) no han aceptado la liquidación y siguen exigiendo el regreso al trabajo. Ante el rechazo de todas las instancias del gobierno y del Estado al reclamo del SME, sus dirigentes plantearon que su lucha ya no era solamente laboral o gremial sino política, porque es el poder de la oligarquía neoliberal, quien ha impuesto esas medidas privatizadoras y antisindicales. La lucha ahora, también es política para sacar a los neoliberales del poder y para ello no basta la organización sindical, sino que se requiere una organización política propusieron los dirigentes del SME. Sobre esta base se constituyó en 2011 la OPT, donde confluyeron tanto los militantes del SME como diversas corrientes y organizaciones de la izquierda socialista, entre ellas el PRT. Aunque la OPT no tiene reconocimiento legal como partido político, se construye vinculada con los movimientos y luchas sociales y en la campaña de afiliación del 2013 presentándose como el proyecto de un amplio partido de la clase trabajadora.