LA OPT Y LAS PERSPECTIVAS POLÍTICAS ACTUALES

1.- A nivel tanto de Consejos Nacionales, como del propio Congreso Nacional, en la OPT hemos coincidido en analizar que a partir de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, se detonó una crisis política de legitimidad de las instituciones político electorales y de los partidos institucionales en nuestro país. El movimiento solidario con Ayotzinapa que en los siguientes meses enarboló la consigna de “Fue el Estado” y “fuera Peña”, con su amplitud, nacional e internacional, detonó esa crisis de legitimidad del régimen y sus instituciones de la que no acaba de recuperarse. La crisis superó lo que ya venía de antes, es decir desde la imposición fraudulenta de Peña Nieto, pese a la lucha que cuestionó profundamente el regreso del PRI como fue el movimiento #yosoy132. Es cierto que el neoliberalismo ha abierto un curso en que con tal de imponer los intereses de clase burgueses, no tiene prurito en violar toda legalidad e ilegitimidad, haciendo casi regla la ilegitimidad. Pero también es cierto que no podemos aceptar como “natural” o normal la ilegitimidad del sistema pues muchos movimientos surgen precisamente exigiendo el respeto a derechos democráticos que son vulnerados o violados por las prácticas ilegítimas del poder.

2.- Fue tan amplio el movimiento solidario con Ayotzinapa, nacional e internacionalmente, que durante un periodo el régimen no pudo desatar una represión de la magnitud que acostumbra contra un movimiento de masas que le cuestionaba. La supuesta “verdad histórica” que ha intentado eludir la responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 compañeros, para constreñirlo a un crimen local y ligado al narcotráfico, donde supuestamente sicarios habrían incinerado a los 43, se ha demostrado reiteradamente falsa y no tiene credibilidad ante la opinión pública informada. Diversos organismos internacional de derechos humanos e instituciones académicas han desnudado la falsedad histórica de la versión oficial, al mismo tiempo que se ha evidenciado el que la única institución a la que no se permite someterla a investigación son a las fuerzas armadas, particularmente al ejército. La desaparición de los 43 se ha convertido en señal paradigmática de la crisis de derechos humanos que vive el país (desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, feminicidio, militarización e impunidad).

3.- Ante la imposibilidad por un pequeño periodo de reprimir masivamente a ese movimiento como ha acostumbrado siempre el régimen priísta, el gobierno de Peña Nieto pero también las instituciones electorales y los partidos institucionales completamente desprestigiados, han intentado reiteradamente canalizar el descontento popular, el “malestar social” que le llama EPN, a vías institucionales, específicamente a los procesos electorales donde pueda controlarse y evitar que se desborde el descontento en un cuestionamiento mayor al régimen, como cuando el movimiento exigía “Fuera Peña”. De esta manera han utilizado las elecciones federales del 2015 y las locales del 2016, incluyendo la elección a la Constituyente de la Ciudad de México.

4.-  Frente a ello, la OPT ha acordado tanto en el 2015 como en el 2016 no participar en dichos procesos electorales y en ese sentido solidarizarse, especialmente durante las elecciones federales del 2015, con el movimiento de Ayotzinapa y el magisterio, relevantemente de Oaxaca (pero no sólo), que incluso llamaba al boicot de las elecciones. Esta posición del propio movimiento fue recibida con ataques y calumnias por parte de los partidos institucionales, pero especialmente de AMLO de Morena quien incluso insultó antes de las elecciones del 2015 al movimiento magisterial de Oaxaca de estar coludido con la derecha por no llamar a votar por Morena. Similares insultos profirió en ese periodo contra el SME por estar en negociaciones con Gobernación tratando de resolver el conflicto y su demanda de resinserción laboral. En el caso de la elección de la Constituyente de la Ciudad de México reiteramos nuestra negativa a participar apoyando a cualquiera de los partidos institucionales –menos aún a los partidos del Pacto por México –que incluye al PRD- y que son responsables de la aprobación de las llamadas reformas estructurales e intentamos mejor utilizar la figura de candidaturas independientes para efectivamente presentarnos en forma autónoma a ese proceso electoral. Desafortunadamente por el retraso en tomar la decisión no pudimos registrar a tiempo una candidatura independiente.

5.- Los resultados de los pasados procesos electorales, en 2015 y 2016, confirman que la crisis política de legitimidad de las instituciones político electorales actuales y los partidos institucionales se mantiene y no han logrado superarla.  En ambas elecciones se mantuvo una gran abstención electoral, junto con expresiones de votos nulos y las acciones de boicot realizadas sobre todo en Oaxaca y Guerrero, así como el voto de castigo contra el partido hegemónico dependiendo de cada entidad, a veces capitalizado por supuestas candidaturas independientes, como la del Bronco en Nuevo León, pero que centraban su discurso de campaña contra los partidos reconocidos. En la elección de la Constituyente de la Ciudad de México, que se supone una de las entidades con mayor politización e información políticas, la abstención fue superior a la media nacional e histórica: más del 70 por ciento de abstención. El intento de relegitimar a estas instituciones, incluso en el caso de la Ciudad de México con la elaboración de una Constitución, fracasó pues el mecanismo antidemocrático (con un 40 por ciento de constituyentes de dedazo) con que se integró le quito más interés  a la población para participar. Es cierto que la mayoría de votos se los llevó Morena, pero en un marco de abstención histórico y en un marco acotado a los intereses de los partidos del Pacto por México.

6.- Por otro lado, en condiciones difíciles por el control que los partidos del Pacto por México tienen del Congreso de la Unión para imponer el programa neoliberal de la oligarquía representada por el gobierno de Peña, infinidad de movimientos han seguido resistiendo y oponiéndose a ese programa. En este último periodo destaca la amplia movilización del magisterio a nivel nacional contra la llamada reforma educativa y los exámenes punitivos de evaluación. Por su amplitud y duración, se convirtió en el movimiento de masas con mayores posibilidades de derrotar a una de las reformas neoliberales. El balance y los alcances y logros de esta fase del movimiento magisterial todavía están por hacerse, pero en todo caso deben ubicarse en un marco de resistencia, defensivo, ante la imposición  neoliberal que Peña ha conseguido por medio del control del legislativo, como en los tiempos del “partido casi único” y la represión y violencia que se ha desatado contra los movimientos. En ese contexto de dominio neoliberal del régimen actual, con la colaboración de los partidos del Pacto por México y el uso de las fuerzas armadas, debe ubicarse también el “triunfo parcial y transitorio” del SME en su lucha por la reinserción laboral. En todo caso, lo que muestran estos casos es la validez, legitimidad, de un curso en que estos movimientos no hacen depender todo y subordinar todo a la votación en las urnas, como quisiera una visión electoralista e institucionalista como la de Morena. Es otro curso que sin renunciar a varias formas de lucha, la sustentan básicamente en la lucha política de masas, en la movilización de masas y la ampliación de la organización popular (como el SME estimulando la organización de usuarios y el magisterio, la organización de padres de familia). Este curso de lucha no es solamente legítimo y consecuente, sino que también el que ha venido demostrando resultados y éxitos parciales, aunque sean en un marco desfavorable, de relación de fuerzas, a nivel social y nacional.

7.- Ante este curso de los movimientos en lucha y resistencia, la izquierda institucional propone uno inverso donde toda lucha esté supeditada a las elecciones, en este caso a la elección presidencial del 2018. Esa es la propuesta básicamente de Morena expresada por su líder López Obrador. En la magna movilización de Morena en el mes de junio en el zócalo, después de la represión de Nochixtlán, López Obrador delineó claramente su estrategia, lo que constituye su línea política. Le propone a Peña Nieto, instalar un “gobierno de transición”, quitando a Osorio Chong de Gobernación y abriendo el actual gabinete a convertirlo en un “gabinete de transición” hacia un nuevo gobierno surgido de la elección del 2018. Le plantea que así se garantiza una “transición pacífica” hacia el nuevo gobierno, después de explicar cómo el caos actual se parece a la situación previa al estallido de la Revolución de 1910. Es una típica propuesta de “transición pactada” que en todos los casos conocidos (la salida de Pinochet, así como la salida de los militares y el regreso a la “democracia” en Argentina o Uruguay, o el Pacto de la Moncloa en España y el inicio del régimen bipartidista hoy en crisis) negocia el relevo, la “alternancia”, sacrificando al movimiento y sus demandas sean democráticas (por ejemplo, los desaparecidos en el Cono Sur) o las luchas obreras por demandas económicas y métodos de lucha como la huelga general en España. En este caso, la “transición pactada” que AMLO le propone al régimen, implica un gobierno de cohabitación, le llaman en Francia, y a cambio pretende garantizar una transición “pacífica” llevando a los movimientos a supeditar todo a las votaciones de julio del 2018. Porque su pronunciamiento en solidaridad con el magisterio es en contra de los despidos y la represión, pero no es en respaldo a sus formas de lucha, sea el paro de labores o los plantones y bloqueos de caminos. Cuando dice “transición pacífica” se refiere a que el movimiento no use métodos “violentos”, sino supeditarse a campañas electorales y emisión del voto para así lograr el cambio. Obviamente la miopía política de Peña le lleva de inmediato a rechazar la propuesta de “gabinete de transición” (o sea compartido con Morena), aunque como ha dicho el compañero Almeyra, la propuesta de AMLO no está dirigida solamente a Peña, sino a los que mandan a Peña, a lo que antes llamaba la Mafia del Poder. Pero independientemente de que Peña acepte o no, la propuesta de AMLO es línea política con la que se conduce, como si el régimen hubiera aceptado su propuesta. En esa lógica no es sorprendente que posteriormente anuncie amnistía a los criminales del poder que se arrepientan (en Sonora incluso le propuso a Beltrones integrarse a Morena), que afirme que su gobierno no será de revancha y venganza o persecución. En esa misma lógica, en esa línea, es que cuando las movilizaciones alrededor  del 15 de septiembre, resurge la consigna de “Fuera Peña”, López Obrador se opone y dice “no queremos un gobierno de escombros”, no es el momento de la salida de Peña, según él, sino esperar a los comicios del 2018 para que la transición sea pacífica, ordenada e institucional.

8.- En la lógica de estas dos vías para enfrentar la crisis del régimen: la de los movimientos en lucha, en la calle y la movilización política, por un lado o la de la vía institucionalista que subordina toda lucha a las elecciones presidenciales del 2018, por el otro, era absolutamente claro que la OPT tiene que seguir por el primer curso para, en todo caso, por esa vía ir modificando la relación de fuerzas para otras formas de expresión incluso en el terreno institucional. Y en todo caso de ninguna manera subordinarnos a la línea electoralista e institucionalista de Morena, ni siquiera en las elecciones del 2018. No solamente porque esa línea no lleva a la defensa consecuente de las necesidades, demandas e intereses de los movimientos sociales, sean sindicales, laborales, estudiantiles, de los derechos humanos y de las mujeres, sino además porque subordinarse a esa línea política es subordinarse a un partido político que no representa los intereses del pueblo y los trabajadores. Para eso es que construimos un partido diferente, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT). En medio de las actuales y difíciles condiciones políticas, es absolutamente necesario mantener la independencia política de la OPT con respecto de cualquier otro partido. Para ello es necesario tomar posición y defenderla también sobre la situación política actual y las perspectivas, yendo más allá de la defensa de las legítimas y sentidas demandas sectoriales e inmediatas, posicionarnos también como referencia política alternativa. Antes del 15 de octubre pasado, todo indicaba que para las elecciones del 2018, sin supeditar ninguna lucha a esa fecha y sin esperar ahí una solución casi mágica como plantea Morena, lo que haríamos sería  repetir –para mantener nuestra independencia y curso de lucha- las posiciones que adoptamos tanto en las elecciones federales del 2015 (no participando) o como en la elección del 2016 en que intentamos registrar candidatura independiente.

9.- Lo anterior, sin embargo, ha cambiado por dos importantes acontecimientos: la iniciativa zapatista de presentar como candidata presidencial independiente a una mujer indígena, surgida de la consulta en el Congreso Nacional Indígena (CNI), por un lado y por el otro, el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de EEUU el 8 de noviembre. La propuesta zapatista abre la posibilidad de que pueda expresarse en el marco de la elección presidencial una alternativa independiente de todos los partidos institucionales y el sistema político electoral en decadencia y marcado por la corrupción y el fraude, que represente una alternativa propia de la clase trabajadora y el pueblo en general, además de representar la causa de los pueblos indígenas y originarios, organizados en el CNI. Seguramente por eso, de inmediato, han vuelto a sonar las calumnias e insultos contra la propuesta zapatista, reflejando también un desprecio racista y misógino, de voceros, líderes e intelectuales de la izquierda institucional, especialmente del propio López Obrador que insiste con su descalificación de que se trata de una maniobra para quitarle votos y favorecer a la derecha. Lo que no se entiende o no se quiere entender es que, de aprobarse la propuesta zapatista por el CNI, no se trata de una candidatura y una campaña en lucha por ganar la Presidencia de la República y conseguir votos a cualquier precio, sino una campaña de organización y lucha contra el régimen actual. Se trataría sí de una candidatura independiente, eventualmente registrada como tal, pero en realidad antisistema. Si el EZLN y el CNI después de esta consulta, convocaran a la organización de un amplio frente anticapitalista en torno a la candidatura de una mujer indígena, podría armarse una fuerza nacional, alternativa a la de los partidos políticos institucionales, que tendría mejores condiciones para continuar la lucha contra el régimen actual. De las condiciones que analizamos antes y las perspectivas que veíamos buscando una alternativa independiente para las elecciones, la propuesta zapatista plantea una posibilidad de concretarse, sin confundirse con los partidos institucionales. Todo depende que resultado de la consulta en que se encuentren actualmente concluyan también a convocar ese amplio frente, con la izquierda anticapitalista toda así como con la expresión de otros movimientos en lucha y resistencia, además del movimiento indígena, en las ciudades y el campo. Somos favorables a participar en un frente anticapitalista con una campaña antisistema como la que podría representar la candidatura indígena del CNI. Pero aún si el CNI no propusiera crear un frente amplio anticapitalista y quisiera desarrollar esa campaña electoral por su cuenta exclusivamente, ofrece la posibilidad de una opción a nivel de las candidaturas presidenciales, alternativa a la de los actuales partidos del sistema político electoral en crisis de legitimidad y credibilidad. Con frente anticapitalista unitario con el CNI o sin ese frente, de todos modos la OPT en la necesidad de mantener su independencia con respecto a los partidos políticos del sistema electoral y la necesidad de ofrecer nuestra propia alternativa político partidaria, debería hacer un esfuerzo por contar con una lista propia de candidaturas registradas como independientes pero ligadas políticamente a nuestro proyecto en el mayor número de distritos y estados del país. Si el CNI llama a un frente anticapitalista además de la candidatura presidencial de la compañera indígena que presenten tendríamos en alianza nuestra propia lista de candidaturas. Si no se hace el frente anticapitalista, aunque la OPT llame a votar por la candidatura presidencial del CNI, igualmente tendría su propia lista de candidaturas a nivel de distritos y estados. Esto es parte de la orientación de seguir construyendo a la OPT como una referencia político partidaria alternativa a la de los partidos del actual sistema político electoral. Con la propuesta zapatista de una posible candidatura anticapitalista indígena en 2018, se completaría la ruta de la OPT que en este terreno, buscando siempre la independencia con respecto a los partidos institucionales, se propone explorar las posibilidades de candidaturas registradas como independientes para las elecciones del 2017 en el EdoMex (aunque las condiciones ahí parecen sumamente restrictivas) y nuevamente la búsqueda del registro legal como partido en 2019. La experiencia que tuviéramos así en 2017 y el 2018 podría ayudar a crecer e implantar a la OPT territorialmente, por regiones, que facilitaran una nueva campaña por el registro legal en 2019, además de mostrarnos como un referente político partidario radicalmente diferente a los de los partidos institucionales actuales.

10.- El otro elemento nuevo a tomar en cuenta es la elección de Donald Trump  en Estados Unidos. Contra la visión que piensa que todo se resuelve en las elecciones de 2018, la elección de Trump muestra que habrá una nueva crisis en nuestro país, sin esperar a las elecciones presidenciales, sino ya en 2017. Si el reaccionario xenófobo, racista y sexista de ese fascista logra hacer cumplir alguna de sus amenazas, como sería la expulsión de 3 millones de trabajadores mexicanos (además de las nuevas condiciones de lucha que se abrirían si deja colgados a los neoliberales mexicanos, desconociendo el TLCAN) se aceleran las condiciones para el estallido de una crisis social en México. La deportación de 3 millones de trabajadores mexicanos, que salieron de nuestro país por no contar con empleo ni oportunidades, en los primeros meses del año sería la mecha que encendiera un estallido alimentado ya por las terribles condiciones actuales en nuestro país. Obama expulsó también alrededor de 3 millones de trabajadores pero lo hizo durante el curso de su gobierno. Si Trump lograra hacerlo en los primeros meses del 2017 coincidiría con la inflación creciente en México, la devaluación del peso frente al dólar que superando ya los 20 pesos apunta rápidamente hasta 25, la restricción presupuestaria recientemente aprobada en el Congreso, agravada por el saqueo que han hecho en escandalosa corrupción gobernadores de todos los colores, dejando sin pago desde trabajadores al servicio del estado hasta Universidades, como muestran los casos de Veracruz, Chihuahua, Oaxaca, entre otros, además de la típica “cuesta de enero”, el incremento descarado de tarifas de luz, gasolina y otros servicios privatizados. Al mismo tiempo Trump ha anunciado su determinación de no firmar el acuerdo del Trans Pacífico y quisiera cancelar el TLC (Canadá y México proponen “revisarlo” o “modernizarlo”  para frenar el ímpetu de Trump). Se trata de una crisis del neoliberalismo que tuvo ya su primera expresión con el Brexit y ahora su continuación con Trump que puede significar un nuevo giro en el curso del capitalismo impuesto por las principales potencias imperialistas. No es casualidad que los primeros en imponer el proyecto neoliberal en el mundo fueron Thatcher y Reagan. Nuevamente parecen dar la señal del giro Inglaterra y Estados Unidos con una nueva política proteccionista, nacionalista, pero del nacionalismo derechista y reaccionario de los países imperialistas. Los gobiernos neoliberales en México, subordinados completamente a la política imperialista de los neoliberales, ahora están en un aprieto. Muchos de las imposiciones neoliberales en México contra las que luchamos, desde el TLC y la reforma al 27 constitucional hasta las “reformas estructurales” de Peña Nieto, las privatizaciones y entrega a las compañías imperialistas, ahora pueden ser cuestionadas desde la derecha por Trump que quiere hacer regresar a esas compañías a Estados Unidos. No está claro si Trump logrará imponer ese giro a corto plazo, pero en todo caso abre una nueva oportunidad de un ciclo de luchas que empezaría ya en 2017 (no esperará a los comicios del 2018) ya no solamente antineoliberal, sino anticapitalista, nuevamente en defensa de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo mexicano, contra los intereses imperialistas y sus socios en México.

Ciudad de México a 17 de noviembre de 2016.

Propuesta de resolución presentada por Edgard Sánchez a discusión en la DPN de la OPT