El Informe “preliminar” de la Comisión de la Verdad, a cargo de Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, el pasado 18 de agosto, y la inmediata aprehensión de Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR (Procuraduría General de la República) durante el gobierno de Peña Nieto y principal responsable de la supuesta “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 son hechos importantes tanto para el balance de la tenaz lucha por los 43, como por las intenciones, limitaciones y contradicciones del gobierno de López Obrador.

 

 

Con todo y las limitaciones y contradicciones de la respuesta del gobierno, incluso en la aprehensión de Murillo Karam y el acceso a los archivos militares, debe reconocerse que nada de esto hubiera sido posible sin la persistencia y convicción en la lucha por los 43 de parte de los familiares, padres y madres de los estudiantes desparecidos, en primer lugar y respaldados por los propios estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como el amplísimo movimiento que detonaron, a nivel nacional e internacional. De las múltiples protestas y luchas ocurridas durante el sexenio de Peña Nieto y sus reformas neoliberales, indudablemente las movilizaciones más grandes y simultáneas en muchas ciudades del país, lo constituyeron las que reclamando a los 43 desparecidos cimbraron al país, gritando “Vivos los llevaron, vivos los queremos”, pero también “Fue el Estado” y “Fuera Peña”.

Las movilizaciones por los 43 a fines del 2014 y los siguientes meses fueron gigantescas convirtiéndose en el principal cuestionador del gobierno de Peña Nieto. Pero lo más importante es que el movimiento se mantuvo, como lo muestran las acciones que cada mes el día 26 se realizan, incluso con el cambio de gobierno y las consabidas promesas de campaña y el llamado a confiar en las vías institucionales y abandonar los métodos “radicales” como el bloqueo de carreteras y la liberación de casetas de cobro, acciones que durante la presente administración fueron criminalizadas. Los resultados y respuestas oficiales que ahora comentamos son gracias a que el movimiento por los 43 se mantuvo y siguió exigiendo justicia independientemente de gobiernos y partidos, en realidad continuación del concepto de “Fue el Estado”.

 

 

El principal obstáculo que se encontró el movimiento, incluso con el cambio de gobierno, fue el acceso a los archivos militares de las fuerzas armadas para establecer la verdad de lo ocurrido y ubicar a los 43 desaparecidos. Desde la época de Peña Nieto la puerta que no fue abierta para el grupo de expertos internacionales acreditados en su investigación fue la del ejército. Finalmente el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) debió irse del país antes que tener acceso a los archivos militares y a los cuarteles. Con el cambio de gobierno, aunque el GIEI fue nuevamente invitado, el acceso a los archivos militares se mantuvo cerrado durante la primera mitad del sexenio. Esta dificultad era coincidente con el papel que el nuevo gobierno le ha dado a las fuerzas armadas. En vez del regreso a los cuarteles, mantenerlas en las tareas de seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional, militarizada aunque inicialmente presentada como fuerza civil y bajo conducción civil, como incluso se estableció constitucionalmente para finalmente plantear ya la subordinación completa al ejército. La militarización en otro nivel como ha sido encargar al ejército y la marina de tareas en el aparato del Estado que antes eran responsabilidad de civiles, incluso en la administración de recursos como las aduanas, con el argumento de que los militares no son corruptos. También con el precedente de cuidar el prestigio del ejército como institución como fue el argumento para rescatar al general Cienfuegos, Secretario de la Defensa con Peña Nieto, cuando fue aprehendido en Estados Unidos acusado por la DEA de colaboración con los cárteles del narcotráfico. Así como la participación de las fuerzas armadas en varios de los megaproyectos insignia del gobierno como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, etc. Es decir, nuevamente fue por la presión del movimiento por los 43 que poco a poco fueron obligando al gobierno a responder a la exigencia de abrir los archivos del ejército y luego de la Marina.

Cuando el 22 de junio en el evento realizado en el Campo Militar Número 1 para anunciar la apertura de los archivos militares con la otra Comisión de la Verdad, (y con la presencia en el Presidium del Presidente, del Secretario de la Defensa Nacional, de Alejandro Encinas y de Rosario Piedra, Presidenta de la CNDH) en paralelo al discurso de Encinas, las intervenciones del General Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional y de AMLO mismo, apuntaron a reforzar la teoría de la “guerra sucia”. Desde la época de la compañera Rosario Ibarra en que en países del cono sur empezó a hablarse de “guerra sucia” a la salida de las dictaduras militares nos opusimos a la utilización de este concepto. Esa teoría pretende señalar que en el periodo que se aplicó masivamente la desaparición forzada de personas, especialmente de guerrilleros o familiares de guerrilleros acusados de serlo, supuestamente ambas partes habrían cometido “excesos” violatorios de los derechos humanos. Eso justificaba incluso amnistías o leyes de punto final que servían para mantener en la impunidad los crímenes de las fuerzas armadas. Por eso siguiendo siempre a Rosario Ibarra decimos que no hubo “guerra sucia” sino terrorismo de Estado. En cambio, en el significativo evento en el Campo Militar No. 1 a donde llevaron a muchos de los desaparecidos políticos de ese periodo, entre otros a Jesús Piedra, hijo de la compañera Rosario Ibarra, y donde la única voz discordante fue la de la hija de Lucio Cabañas también ex presa ahí, López Obrador lo presentó como el camino a la reconciliación y el General Sandoval incluso se atrevió a anunciar la inscripción en un muro los nombres de los militares caídos en “cumplimiento de su deber” en ese periodo. Al anunciarlo y decir que lo hacía con la autorización del Presidente, familiares de desaparecidos que habían sido invitados al acto, en el mismo espacio que los familiares de esos militares muertos justamente gritaron “vivos los llevaron, vivos los queremos”. Es decir, no puede haber reconciliación sin justicia. Días después López Obrador tuvo que matizar el anuncio de los nombres de militares en ese muro de “honor”.

 

Entonces es significativo que en el informe sobre Ayotzinapa, Alejandro Encinas ahora reconozca que lo cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala fue un crimen de Estado. Fue, precisamente lo que, desde 2014, el movimiento señaló gritando “Fue el Estado” al oponerse a las maniobras que desde el poder intentaban responsabilizar en diversos niveles de gobierno a uno u otro partido político o a los cárteles del narcotráfico. Sin confiar en ninguno de los niveles de gobierno y de partidos, a cada movimiento y enroques que se hacían en los gobiernos, el movimiento respondía “Fue el Estado”.

En esta conclusión que plantea el informe de Encinas, es central finalmente el reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al ejército, por acción u omisión en los crímenes cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa. Pese a todos los intentos previos de excluir a las fuerzas armadas de la responsabilidad en lo ocurrido, tal y como desde el movimiento lo hemos venido señalando desde el principio, poco a poco va imponiéndose la verdad. Todavía insisten en la participación de la banda delincuencial de “Guerreros Unidos”, incluso en alguna forma sobre el destino final de los 43, pero aún así la coordinación y conducción de esta banda por mandos militares y policiacos e incluso autoridades de varios niveles, solamente los muestran en todo caso como instrumentos o finalmente como grupos paramilitares. Es decir, no son solamente evidencia de la corrupción del aparato del estado por parte del crimen organizado o del narcotráfico, sino la utilización de estos como instrumentos paramilitares para el trabajo sucio. Lo más importante sin embargo es el hecho que el señalamiento del crimen de Estado no es solamente porque desde la PGR, con Murillo Karam, se haya inventado la “verdad histórica” para ocultar la responsabilidad del Estado en el crimen, sino la evidencia misma de la participación en todo el operativo de ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa la noche de 26 de septiembre en Iguala. Incluso con el siniestro reconocimiento de que entre los 43 desaparecidos, se encontraba un infiltrado del ejército haciendo espionaje en la Normal de Ayotzinapa, desde mucho antes del 26 de septiembre. El reconocimiento de que se trata de un crimen de Estado tiene que ver con el reconocimiento de la participación de ejército en el mismo (como incluso lo muestra ahora el hecho de que hay entre las órdenes de aprehensión que se girarán no solamente contra funcionarios federales sino también contra militares, incluyendo un general) y es un éxito del movimiento por los 43 que insistió en esto desde el principio. Es también significativo en cómo se va rompiendo el pacto de silencio en el poder que al mismo tiempo que esto se reconoce, en voz de Encinas, en la CNDH que preside Rosario Piedra desde fines de 2020 se persigue (con demandas administrativas e incluso penales) al camarada José Martínez antiguo encargado de la Primera Visitaduría precisamente por haber hecho público el que la participación del ejército en Ayotiznapa estaba documentada desde las investigaciones de la propia CNDH por lo que se le ha intentado criminalizar por supuestamente filtrar “información sensible”. Por supuesto -como ya muchos señalan- la otra contradicción es que si se trata de un crimen de Estado, por qué los señalamientos se detienen con Murillo Karam y no tocan al General Cienfuegos, al que el gobierno ya salvó de la prisión en EU, Secretario de la Defensa Nacional en 2014 y a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, también en ese momento. O incluso reafirmando que se trata de un crimen de Estado -y no de un partido o banda criminal- por qué se detienen ante funcionarios del actual gobierno como es el caso de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad Pública en la CDMX y que entonces era coordinador estatal en Guerrero de la Policía Federal.

 

 

Quizá por la utilización política que el gobierno pretende dar al informe o por saltar rápidamente algunas otras contradicciones de la investigación de la Comisión de la Verdad que preside Encinas es que sobresale una falla o decisión muy grave: no dar a conocer al GIEI y sobre todo a los familiares de los 43, la investigación antes de presentarla públicamente como el “informe preliminar”. Obviamente esto ha obligado a GIEI y a los padres y madres de los 43 a posponer su opinión pública para conocer y estudiar el informe. El informe presentado verbalmente por Encinas es un resumen de la versión por escrito que consta de 103 páginas y 8 anexos. No solo por su extensión sino por las implicaciones que se desprenden llama la atención que no se haya tenido cuidado de darlo a conocer previamente a las partes directamente interesadas, como de algún modo está establecido que debe ser el procedimiento.

Sin subestimar la aprehensión de Murillo Karam y eventualmente de otros funcionarios, como dicen los propios familiares, no nos mueve la venganza sino la lucha por la justicia. Y de nuevo decimos, la justicia no se acaba con el castigo a los responsables, ni en el reconocimiento de la responsabilidad histórica del Estado en estos crímenes. El movimiento por los 43, como en general por los desparecidos, inicia para recuperarlos y recuperarlos con vida. Por eso desde el inicio el movimiento recupera la consigna de Rosario Ibarra de fines de los años 70: Vivos los llevaron, vivos los queremos. Saber el paradero de los desaparecidos es la prueba fundamental de justicia.

Dice Encinas que “no existen indicios para afirmar que los normalistas estén vivos”. Esta forma elíptica de decir las cosas quiere insinuar -como de algún modo se insiste en el informe, de nuevo como en la “verdad histórica”, con el tema de la participación de la banda de “Guerreros Unidos”- que los 43 fueron asesinados. Sin embargo, el argumento se revierte contra Encinas. Si no tiene indicios de que estén vivos porque no sabe dónde ubicarlos, se puede replicar que tampoco hay evidencias de que estén muertos. Se sabe de los compañeros que fueron asesinados en el primer ataque en Iguala. También se tiene el informe de Innsbruck en relación a algunos restos humanos cuyo ADN corresponde a 3 de los compañeros que fueron desaparecidos. En las investigaciones de campo realizadas en Guerrero se han encontrado infinidad de fosas clandestinas y cuerpos de personas asesinadas pero no corresponden a alguno de los 43, aunque estos muertos probablemente sí sean responsabilidad del crimen organizado.

Ya queda claro con este informe que, por increíble que parezca, el Estado -independientemente de qué gobierno- prefiere admitir que los 43 fueron asesinados que admitir que están desparecidos. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que no prescribe, a diferencia del homicidio. La desaparición implica también la participación del Estado, a diferencia del secuestro o del homicidio que puede ser responsabilidad de particulares. Por eso con Murillo Karam y Peña Nieto las personas inculpadas, como el presidente Municipal de Iguala y su esposa, fueron acusados de narcotráfico, asesinato o secuestro, pero nunca de desaparición forzada de personas. Ahora se reconoce que lo ocurrido en septiembre del 2014 fue un crimen de Estado pero con la afirmación anterior de Encinas parece querer cerrarse el caso como un homicidio de los 43 realizado por el crimen organizado, de nuevo los “Guerreros Unidos”, (quizá por eso el cinico de Murillo Karam ha declarado que el informe de Encinas no es diferente a la “verdad histórica”).

Si se reconoce que fue un crimen de Estado y se reconoce la responsabilidad de las fuerzas armadas, tanto del ejército como la Marina en ese crimen de Estado, no debería retrocederse a la explicación de que fue un homicidio responsabilidad de “Guerreros Unidos”. Como se ha demostrado, el ejército estuvo en capacidad de seguir cada paso de lo que ocurría en tiempo real. Ahora se dice que como parte de la demostración de la falsedad de la “verdad histórica” que no es cierto que los 43 hubieran sido llevados juntos al río Cocula para ser ultimados e incinerados. Se dice que, por el contrario, los 43 fueron repartidos en pequeños grupos con rumbos diferentes. Incluso hablan de uno de estos grupos que son ubicados como vivos en una bodega varios días después del 26 de septiembre. Y finalmente la versión, nuevamente, de que se los entregaron a los “Guerreros Unidos” para ultimarlos sugiere que esto fue hecho con conocimiento del ejército que, por cierto y a propósito de la visita que hicieron con AMLO al Campo Militar No.1, es quien tiene capacidad para mantener desaparecidas a muchas personas por mucho tiempo. El mismo tiempo que el ejército se resistió a que se abrieran sus archivos. También recordamos que la compañera Rosario Ibarra denunció no solamente la utilización del Campo Militar No. 1 como cárcel clandestina de desaparecidos, sino también otros cuarteles, incluido el de Iguala y la base de Icacos en Acapulco en aquella época.

Pero como dijimos al principio. Es gracias a la fuerza y consistencia del movimiento por los 43, encabezado por los propios familiares de los 43, lo que ha permitido que la investigación llegue a este nivel. La movilización independiente de gobiernos y partidos ha sido clave. Así continuará, seguramente, en la lucha por la justicia y por saber la verdad completa incluido el paradero de los 43. Debemos continuar con el apoyo, solidaridad y combatividad por los 43, incluso ahora que estamos por cumplir 8 años del crimen de Estado cometido en Iguala.

26 de agosto de 2022.