El juicio a García Luna y las evidencias en el carácter del Estado. (II parte).
Edgard Sánchez
El neoliberalismo en la búsqueda de mayores ganancias para el capital, empuja todo tipo de privatizaciones para conseguirlas. El despojo, el robo y la corrupción van en esta lógica privatizadora. En esta lógica no acepta detenerse frente a conquistas y derechos sociales conseguidos en el periodo anterior por medio de grandes luchas de la clase trabajadora y los pueblos de todo el mundo que al mantenerse en el marco del capitalismo, al no poder extenderse las revoluciones triunfantes, se conocieron como parte del "Estado de bienestar".
Algunas de estas conquistas y derechos obtenidos, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, lograron quedar recogidas en legislaciones y constituciones. Con el neoliberalismo y su afán privatizador, es decir de robo y despojo de derechos sociales, el capitalismo arremete contra esos derechos aunque estén reconocidos formalmente en la ley. Es decir, privilegia la ganancia violando la ley, pasando arbitrariamente por encima de derechos de todo tipo. Así entendemos la afirmación de algunos autores que hablan de un capitalismo delincuencial. O la idea de la transformación del Estado de bienestar al Estado para el despojo. No es que el capitalismo antes fuera "humano", no explotara o que la explotación de clase no sea una forma de violencia ("la propiedad es un robo" diría Proudhon), sino que resultado de la lucha de clases, del periodo de revoluciones y guerras, la clase trabajadora y los pueblos de los países coloniales y semi coloniales lograron en cierto momento imponer el respeto a ciertos derechos y que el Estado capitalista tuviera que reconocerlos y desarrollar políticas como las del "Estado de bienestar" para evitar el ascenso revolucionario anticapitalista.
El ascenso revolucionario abierto con el 68 finalmente fue derrotado y simultáneamente se dio la consolidación del neoliberalismo a fines del siglo XX. En ese contexto la burguesía no se detiene en la búsqueda de mayores ganancias (y mercados) ni siquiera ante su propia legalidad, buscando negar y arrebatar los derechos previamente conseguidos, incluso poniendo en riesgo la vida humana y la civilización actual al convertir en mercancía a la naturaleza misma.
Es por eso que esta ofensiva del capital es comparada con una guerra del capital contra los pueblos y sus derechos, para convertir sus bienes comunes en mercancías, sea el litio, el petróleo, el gas, el hierro, cobre, el oro, ¡¡el agua!! Parecería haberse iniciado desde hace años con el cultivo de drogas, como amapola y su tráfico, su comercialización, afectando a comunidades rurales. Pero al hacerlo se realizó también una disputa por los territorios y su control. Hay así, un nuevo capital emergente ilícito -hoy y quizá mañana legalizado- asociado al extractivismo pero también a las drogas y al tráfico de personas.
En esa guerra contra los pueblos y sus derechos sociales, el capital no se detiene en el respeto a la legalidad, generando una despiadada violencia, poniendo en cuestión el criterio jurídico de que es el Estado quien tiene el monopolio legítimo de la violencia. Las viejas "guardias blancas" del porfirismo son ahora grupos fuertemente armados,prácticamente ejércitos por su capacidad de fuego, manejados por los carteles de la droga. Pero no es la primera vez que capitalistas enriquecidos con negocios ilegales se reconvierten con el tiempo en "respetables" empresarios en el marco del sistema capitalista (recuérdese la historia de la familia Kennedy en EU y su enriquecimiento durante la prohibición del alcohol). Varios carteles empiezan a reconvertirse en otro tipo de emprendedores pasando de la droga a la asociación con chinos para la exportación de hierro (una vez que el narcotráfico controló la costa de Michoacán y el puerto de Lázaro Cárdenas) o la exportación del aguacate. En la relación del narco con los chinos se hizo público, entre los gobiernos de Fox y Calderón, el contacto con panistas como fue el incidente entre el empresario Zhenli Ye Gon y Javier Lozano, quien sería Secretario del Trabajo con Calderón y operador del despido de 44 mil trabajadores del SME.
Es decir, que la evolución en curso no es simplemente que el narco infiltre al gobierno o al Estado y lo convierta en un "narco Estado", sino que la ofensiva neoliberal pone al servicio del despojo (y su cauda de violencia de todo tipo) al Estado.
Este papel del Estado es evidente en el caso del juicio de García Luna, aunque se quiso ocultar por la propia Fiscalía que le acusaba, pero se muestra en la relación entre cárteles, funcionarios del gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas y su relación e imbricación con la DEA, la CIA, las operaciones tipo "rápido y furioso", el Plan Mérida, la capacitación de los militares mexicanos en EU en contrainsurgencia, la conversión de grupos militares con esta capacitación en sicarios de los cárteles, como los Zetas, la extensión del negocio de trata de personas, prostitución y sicariatos con la práctica de la desaparición de personas, especialmente migrantes en su paso por México, al mismo tiempo las concesiones de México de gigantescas extensiones de tierra a empresas mineras sobre todo canadienses y norteamericanas (en competencia con China, como se ve en el caso del litio) convirtiendo al extractivismo en real amenaza ecológica pero también a los pueblos, etc. reflejan la complejidad de una realidad, que va más allá de algunos funcionarios corruptos o de inflitración del narco en el gobierno, sino la lógica de un Estado delincuencial en que se le pone al servicio de esta nueva ola de acumulación capitalista, de nuevos grupos burgueses en asociación con intereses imperialistas también. Los pueblos y comunidades, sus territorios y riquezas naturales y culturales, se convierten en enemigos de estos intereses capitalistas
La violencia de grupos armados se extiende y no se da solamente en el narcotráfico, sino en otros negocios, específicamente en la minería y extractivismo. Un buen número de muertos de esta época lo constituyen defensores de derechos ambientales y contra la minería y megaproyectos neoliberales. Un caso significativo, ocurrido ya con el gobierno de AMLO, es el asesinato de Samir Flores opositor al Plan Integral Morelos, cuyo caso sigue sin resolverse y con el PIM en curso sin poder detenerse.
El feminicidio y la desaparición forzada de personas son también expresión de esta dinámica. Al comparar la experiencia de los desaparecidos políticos ocurridos especialmente en los años 70 y 80, denunciados por Rosario Ibarra y el Comité Eureka, que mediática y equivocadamente se le llama el periodo de la "guerra sucia" (pues no habia una guerra entre dos partes sino terrorismo de Estado contra la oposición política) por un lado y por el otro la experiencia de la desaparición de más de 100 mil personas especialmente desde el inicio de la guerra contra el Narco, empezada por Calderón, Roberto González Villarreal habla de la "industria de la desaparición forzada". La desaparición forzada de personas crimen de lesa humanidad se ha convertido también en esta lógica del capitalismo de la búsqueda de ganancias a toda costa, en otro de estos negocios criminales.
El juicio a García Luna ha evidenciado también cómo en la guerra contra el narco (que por cierto, Calderón revive el concepto decidido en Estados Unidos desde 1971 por Richard Nixon y su guerra al narcotráfico) las fuerzas armadas son utilizadas, eventualmente, para el combate desde el aparato del Estado a ciertos carteles en beneficio de algún otro (en este caso el cartel de Sinaloa). Y así se ha visto localmente que gobiernos estatales, en un momento u otro, favorecen a un cartel contra otro (por ejemplo en Tamaulipas en las guerras entre el cartel del Golfo, los Zetas y otros) O sea la competencia entre diversos grupos criminales, burgueses, llevados a su máxima expresión de guerra. Por eso es que, así como antes hablábamos de grupos paramilitares como "Los Halcones" en la época del 68 y el 71, ahora estos grupos armados de los diversos carteles operan como paramilitares y no simplemente como bandas armadas paralelas a las Fuerzas Armadas del Estado que como a veces sucede (véase el caso de Colombia y los "paras") pueden adquirir relativa autonomía. O algunos como los Zetas que se reconvierten de grupos de élite militar en cartel del narco.
Por eso la violencia que vivimos se ha convertido en un problema estructural del neoliberalismo con el extractivismo, los negocios ilícitos, la desaparición forzada, la trata de personas, el feminicidio, etc. La militarización continuada por el gobierno de AMLO no puede acabar con esta lógica, sino ampliarla, ampliar el espacio para la violencia. La miltarización no acaba con la estrategia de "guerra al narco" de Calderón.
Pero además, con la polarización política, la visión binaria que impone el gobierno, se ha generado también un clima "cultural", social,"intelectual" de violencia en diversas formas. Violencia verbal y clasista (contra chairos y fifís) de punitivismo y persecución, de juicios y contrajuicios sin fin, de reformas legales para aumentar penas, de "sospechosismo"de todos contra tod@s, de traiciones supuestas y verdaderas traiciones (desde la acusación de hacerle el juego a la derecha, hasta el real abandono de principios y desarrollo del oportunismo), de calumnias y "fake news". Ya colocados en la polarización los ataques y provocaciones de la derecha, incluso con sus rasgos claramente clasistas y fascistas, alimentan más el clima de violencia.
El fracaso de la política de seguridad pública de AMLO (ver cifras de desaparecidos y asesinatos en aumento y continuación con respecto a los gobiernos del PRIAN) reflejan que el problema no es de una "política pública" de un gobierno (sea del PRIAN o de AMLO) sino de la necesidad de una verdadera transformación revolucionaria con respecto al Estado capitalista, es decir una perspectiva revolucionaria, de un nuevo constitucionalismo. La política pública de AMLO descansa en el supuesto de que el ejército es el "pueblo uniformado", es decir, como dice AMLO, la "única institución que no es corrupta" y por lo que hemos dicho sobre el papel del Estado en la actualidad esta afirmación es equivocada, es ilusoria. Las fuerzas armadas son un instrumento del aparato del Estado. Es necesario acabar con el Estado capitalista. Es necesaria una perspectiva revolucionaria y clasista.
El gobierno de AMLO, de "progresismo tardío", gusta llamarse a sí mismo de la 4T (Cuarta Transformación) pero lo que se requiere es una verdadera transformación revolucionaria, que no se queda solamente en la lucha contra la corrupción y una retórica anti neoliberal. Es decir, una transformación revolucionaria porque sea anticapitalista, ecosocialista y antipatriarcal para rescatar el respeto a los derechos humanos y realmente a la vida
