Proyecto del CP de resolución política nacional del CC del PRT.

(Aprobado por el CC del PRT de agosto de 2022 como proyecto a actualizarse para ser presentado en el Congreso Nacional del PRT)

 

En la definición de nuestras tareas y las perspectivas políticas es necesario partir del análisis de la situación política nacional, los elementos determinantes de la actualidad y posibles tendencias y perspectivas. Para ese análisis desde la política revolucionaria es central las definiciones y el carácter del régimen político, especialmente debido a la novedosa experiencia que significa la llegada del gobierno de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), después de décadas de los gobiernos neoliberales del PRIAN. Pero para ubicar justa y críticamente esta nueva experiencia de gobierno, es necesario ubicarlo en el marco de una crisis global histórica. Prácticamente el inicio de este gobierno en México coincide con el estallido de la crisis a nivel internacional. La crisis sanitaria por el Covi 19, la convergencia de la crisis por la pandemia con la crisis económica y todas las implicaciones de la crisis sanitaria por la crisis ecológica producto de la ruptura del metabolismo entre naturaleza y sociedad a lo que ha llevado el capitalismo, detona en realidad ya una crisis multidimensional. A las contradicciones, límites y dificultades del nuevo gobierno en México debe agregarse la circunstancia de esta crisis mutidimensional, aunque la visión nacionalista del gobierno no quiera reconocerlo o lo subestime. Esto es parte del problema, con tendencias similares en otras partes del mundo, por las respuestas que el gobierno ha decidido frente a la crisis.

Como parte del análisis de esta crisis a nivel global es que tomamos como referencia los análisis y elaboraciones al respecto de la Cuarta Internacional. Son varias resoluciones y declaraciones, especialmente desde el 2020, que la Internacional ha emitido sobre diversos aspectos de la crisis multidimensional, elaboraciones que tomamos en cuenta para nuestro análisis y a las que también remitimos para completarlo. También tomamos en cuenta e integramos análisis que desde el PRT se han elaborado al respecto como los presentados por Andrés Lund que pueden consultarse en el sitio web del PRT, especialmente “Capitalismo, pandemia de Covid 19 y crisis sanitaria mundial”.

 

CRISIS CAPITALISTA Y COVID 19

En estos casi dos años hemos vivido una gravísima crisis capitalista mundial disparada, acelerada y empeorada por la infección con el virus SARS-CoV-2 que ha provocado la pandemia del COVID-19 y un confinamiento que abarca al planeta entero, evidenciando una enorme y profunda crisis sanitaria así como una grave crisis social. La crisis capitalista estaba anunciada desde hace tiempo, pero la pandemia que amenaza con enfermar a más de la mitad de la población humana pareciera ser una mera contingencia. De alguna manera, la crisis económica estaba determinada necesariamente por la lógica capitalista; en cambio, la pandemia del COVID-19 se ha visto como algo fortuito que ha generado una enorme crisis sanitaria.

Sin embargo, esta crisis sanitaria y la propia pandemia también están determinadas por la dinámica capitalista (ecocida) y la segunda estaba anunciada por muchos especialistas, e incluso esperada por la propia OMS. El geógrafo e historiador marxista estadounidense Mike Davis ya desde el 2005 había escrito y publicado un libro que anunciaba la inevitable llegada de una pandemia de origen zoonótico a nuestro mundo en El monstruo llama a nuestra puerta donde señala al capitalismo como causante de estas catastróficas enfermedades zoonóticas virulentas.

Pese a que se sabía de los riesgos de una futura pandemia que estaba por llegar, de una nueva contagiosa gripe viral asociada con el coronavirus, el conjunto de gobiernos sometidos a la lógica capitalista de la ganancia dejó de lado los programas de investigación y de prevención ante este tipo de virus. Les importó más el beneficio privado que la salud pública. Así lo reafirma Daniel Tanuro:

"Las y los científicos -dice Daniel Tanuro- ya hicieron sonar la voz de alarma con ocasión del coronavirus SARS en 2002. Propusieron programas de investigación especiales en Europa y EE UU que hubieran permitido conocer mejor este tipo de virus y prevenir su aparición bajo nuevas formas. Pero los gobiernos se negaron a financiarlos. Una política absurda, pero adecuada para relegar la investigación al dominio de la industria farmacéutica privada, cuyo objetivo no es la salud pública sino el beneficio a través de la venta de medicamentos en el mercado de enfermos [económicamente] solventes."

Por otro lado, la propia dinámica capitalista genera fatalmente crisis económicas cíclicas porque el capitalismo funciona como un poder ajeno al control social y hostil a la vida que, de manera automática, impulsa el productivismo y el consumismo de manera ilimitada e irracional, buscando incrementar las ganancias, valorizar el valor, obtener más dinero del dinero invertido (D-D'), explotando al trabajo humano y a la naturaleza. En el capitalismo, este tipo de crisis sirven para purgar al sistema económico para luego relanzar otra vez el productivismo/consumismo y la búsqueda de más ganancias, sin importar las consecuencias sociales, como el desempleo, la reducción de salarios, la quiebra de pequeñas o medianas empresas, así como el incremento de la miseria, el hambre, las enfermedades y la pérdida de vidas de las mayorías.

La crisis capitalista del 2020 estaba ya anunciada por muchos y variados analistas. La propia OCDE y el FMI ya observaban síntomas de un reducido crecimiento económico en las economías de Estados Unidos, Europa, China. Muchos economistas críticos señalaban como factores causales de la crisis del 2020 la inmensa deuda y el pago de intereses con que funciona el sistema económico (deuda calculada en un monto tres veces superior a lo que producen todos los países en un año), o las guerras comerciales interimperialistas, así como otra enorme burbuja financiera a punto de estallar, como efectivamente ocurrió en los primeros meses del 2020.

Esta crisis económica se mundializó rápidamente con la propagación del nuevo coronavirus y la política del confinamiento, afectando con más fuerza a los países neocoloniales que por su condición subordinada son vulnerables a la caída de los precios de las materias primas, el peso del pago de intereses de la deuda externa, la fuga de capitales, el despojo extractivista, las imposiciones de organismos financieros proimperialistas. Por supuesto, la crisis capitalista del 2020 debe ser ubicada dentro de la tendencia decreciente de la economía mundial, correlacionada con la caída de la tasa de ganancias y la baja en inversiones así como con el caos geopolítico y la crisis de gobernabilidad y ecológica mundial.

En resumen, el virus SARS-CoV-2 generó una pandemia globalizada y un confinamiento mundial que provocó una crisis sanitaria y medidas que detonaron, aceleraron y agravaron una crisis económica originada e incubada por la propia dinámica capitalista. Aunque la crisis económica del 2020 estaba anunciada, no podemos soslayar que esta pandemia ha tenido un terrible impacto económico amplificando la crisis económica y social, como lo subraya Daniel Tanuro:

"El hecho que la ralentización económica sea previa a la aparición del Covid-10 no tiene que llevarnos a negar ni el impacto económico de la epidemia (interrupción de determinadas producciones, ruptura de las cadenas de suministros, impactos sectoriales sobre el transporte aéreo y el turismo, etc.), ni la seria amenaza que en sí misma constituye. Fenómeno disruptivo con una dinámica exponencial, la epidemia constituye un amplificador específico de la crisis económica y social. También revela la fragilidad del sistema capitalista y los peligros que supone el mismo para las clases populares, sobre todo debido a su productivismo congénito basado en las energías fósiles, causa fundamental de la crisis ecológica y climática."

COVID 19 es una enfermedad respiratoria que afecta gravemente sobre todo a adultos mayores con enfermedades crónicas, particularmente aquellas causadas por la intoxicación del medio ambiente y el consumo de las mercancías tóxicas de la industria alimentaria: obesidad, diabetes, hipertensión, etc.

Hasta el 2022, se han reportado casos en 237 países, territorios y áreas, en las seis regiones que considera la OMS: América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África. La enfermedad y su letalidad se extendió principalmente en América (2,5 millones de decesos) y Europa (1,7 millones de muertes), pero con menor propagación y letalidad en Asia (1,1 millones de muertos) y todavía menor en África (238, 502 millones de fallecimientos).

Se ha calculado que, hasta principios de febrero de 2022, han muerto aproximadamente 5,7 millones de personas. Estados Unidos contabiliza el mayor número con 920.800 decesos, Brasil suma alrededor de 360.000 muertos. Después le siguen la India (500 mil), Rusia (334 mil) y México con 308 mil muertos. Se ha discutido mucho sobre la tasa de letalidad de esta enfermedad, es decir: cuántas muertes ocurren del total de los contagiados por este virus. Aunque varía por países, regiones, sexo, comorbilidades y edades, actualmente se calcula una media por debajo del 2% (1,7% en 2022) y el año pasado alrededor del 3%.

Letalidad del capitalismo

Estos datos revelan una enorme crisis sanitaria que, si se profundiza su examen, es anterior a esta pandemia y tiene que ver con la letalidad del capitalismo que enferma y mata por pobreza y hambre (casi 30 millones al año), por la intoxicación medioambiental (12 millones al año) y por las fracturas metabólicas con la naturaleza que fomentan enfermedades zoonóticas como ésta y las graves y riesgosas epidemias que nos han azotado en este siglo (ébola, gripe aviar, gripe porcina, COVID), por la violencia necrófila que propicia, pero también por satisfacer el hambre con las mercancías tóxicas que produce la industria alimentaria, que provocan las más letales enfermedades por las que mueren los humanos tempranamente (casi 30 millones al año).

Los decesos por COVID 19 también pueden sumarse a las muertes generadas por el sistema capitalista. Esta enfermedad es causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de coronavirus. Se reconoce que estos virus tienen un origen animal no humano. Aunque es probable que este virus tenga un origen natural, su propagación entre los seres humanos es económica y social, y tiene su causa esencial tanto en la urbanización ecocida que nos acerca con animales no humanos salvajes con sus propios virus, sin la mediación de los ecosistemas, como en la cría industrial de animales no humanos para su consumo alimentario, en donde se generaron, por ejemplo, los virus de la gripa aviar (SARS) y la gripa porcina (HIN1). La cría industrial de animales no humanos no sólo les impone terribles condiciones de vida a éstos sino que los satura de tóxicos (pesticidas, antibióticos, transgénicos, antivirales) que crean más enfermedades virulentas que transmiten a los humanos. En China hay granjas de animales exóticos que se crían para la alimentación y que abastecían el mercado de Wuhan, entre ellos pangolines que mediaron entre los virus de los murciélagos y los humanos. Tal vez de ahí venga esta pandemia.

Como lo ha expuesto con contundencia el epidemiólogo ecosocialista estadounidense Rob Wallace, en Grandes granjas, grandes gripes, los cultivos de animales en grandes granjas (de aves, puercos y vacas) generan mutaciones de virus peligrosos en esos animales vueltos mercancías tóxicas que infectan a seres humanos, generando las nuevas grandes epidemias zoonóticas (las grandes gripes) así como las enormes ganancias para esas empresas transnacionales que controlan el Sistema Alimentario Capitalista.

Esos virus son los Monstruos que Mike Davis desde hace años viene advirtiendo sobre su llegada (Llega el monstruo): virus de gripe mutante más contagiosos y letales que el actual, que ya se encuentran “en los nichos ecológicos recientemente creados por el agrocapitalismo” (El monstruo llama a la puerta) buscando “un nuevo gen o dos que le permitan viajar a una velocidad pandémica a través de la humanidad densamente urbanizada y en su mayoría pobre.” La producción alimentaria capitalista controlada por los capitales transnacionales, con sus efectos contaminantes y ecocidas, que rápidamente circula sus mercancías por todo el mundo, la pobreza y la urbanización en el Sur global con sus enormes barriadas pobres son, dice Davis, “las responsables de que la extraordinaria mutabilidad darwiniana de la gripe se haya convertido en una de las fuerzas biológicas más peligrosas para nuestro asediado planeta. Del mismo modo, nuestra aterradora vulnerabilidad frente a esta y otras enfermedades emergentes es un producto de la pobreza urbana concentrada, de la negligencia de la industria farmacéutica —que desatiende el desarrollo de vacunas porque considera que las enfermedades infecciosas no son «rentables»— y del deterioro, cuando no colapso, de la infraestructura de la salud pública en algunos países, tanto ricos como pobres.”

Queda claro que estos virus de origen animal que infectan a seres humanos están generados por las transformaciones de la industria alimentaria capitalista, la cual no solo genera virus cada vez más peligrosos sino deforestación y contaminación, gases de efecto invernadero (metano), así como mercancías tóxicas que generan mal nutrición y enfermedades crónicas y letales (obesidad, diabetes, hipertensión, etc.), factores que han generado una crisis sanitaria acelerada y global en la que millones de trabajadores y trabajadoras son sacrificados anualmente en el altar de las ganancias capitalistas.

SECUELAS DEL CONFINAMIENTO

La situación de emergencia provocada por una pandemia que se extendía muy rápidamente, carentes de vacunas, medicinas o servicios médicos suficientes, la OMS y los gobiernos impusieron la política sanitaria del aislamiento social y el confinamiento (el encierro doméstico), sin importar las desigualdades sociales, sin considerar la precaria condición de los trabajadores, los informales, los pobres, los migrantes. Aquellos que tuvieran recursos o algún tipo de protección social (salario y seguridad pública, becas, bonos de desempleo) podrán sobrevivir, pero a los desempleados, informales, pobres o migrantes, a los que estaban obligados a ir a trabajar se les condenó a una muerte determinada por las injusticias y desigualdades del sistema capitalista.

La propia enfermedad y las medidas tomadas por la mayoría de gobiernos, el confinamiento parando la vida económica, dispararon, amplificaron a nivel mundial y agravaron la crisis económica que se venía gestando.

Secuelas económicas

Por un lado, más de 300 millones de personas confinadas en 2020 que limitaron su consumo a lo básico generaron necesariamente una crisis de demanda y la quiebra de comercios y pequeños negocios de servicios; por otro lado, la falta de insumos, la quiebra de cadenas productivas y la orden de parar la producción, provocó una crisis de oferta y el cierre temporal o definitivo de industrias, con su secuela de desempleados, miseria y hambre. Todo ello provocó una caída brutal de la producción, del consumo, del empleo, de las condiciones de vida.

Para mantener el orden y las políticas sanitarias se reforzó la intervención estatal y militar. Las políticas sanitarias se volvieron, entonces, políticas de control social: se instituyeron Estados de excepción como formas autoritarias para gobernar sin respetar los derechos humanos, sociales o democráticos. En México, este aspecto se dio en forma más compleja. Por un lado, la tensión entre gobiernos locales, de los partidos de derecha, y el gobierno federal donde aquellos reclamaban mano dura y represión para imponer el confinamiento y el gobierno federal que ante la dificultad real de imponer el confinamiento con el grueso de la población en la informalidad, que insistía en el convencimiento sobre las medidas de protección sanitaria. La violencia se expresó de otras formas, como veremos, por ejemplo, en las consecuencias del confinamiento y la violencia intrafamiliar contra las mujeres, un tema permanentemente subestimado por el propio Presidente de la República que considera a la “familia mexicana” como un modelo.

La crisis recesiva mundial que implicó frenar gran parte de la economía causó millones de desempleados y las quiebras de pequeñas y medianas empresas, afectando incluso a grandes empresas de servicios, como la aviación y el turismo.

En 2020 el impacto sobre la producción y los servicios fue brutal: en México cerraron un millón 10 mil empresas en los meses más críticos de confinamiento por la pandemia del Covid-19. El más afectado fue el sector de servicios, como hoteles, restaurantes, bares, discotecas, turismo, aviación y agencias de viajes, cines. Olas de quiebras recorrieron a todos los países. La OIT calculó en 2020 que por esta pandemia 21 millones de trabajadores quedarían desempleados. En 2021 proyectaba un déficit de 26 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En 2022 “proyecta un déficit en horas trabajadas a nivel mundial equivalente a 52 millones de puestos de trabajo a tiempo completo con respecto al cuarto trimestre de 2019.” El desempleo estará por arriba de los niveles anteriores a la pandemia y estima “que en 2022 se situará en 207 millones de personas desocupadas, en comparación con los 186 millones de 2019.” A dos años de la pandemia su pronóstico se confirma: en 2022 habrá 21 millones de desempleados más que antes de la pandemia. Por supuesto, su mayor número se concentrará en los países del Sur global. En México se registraron 2,1 millones de desocupados al cierre de 2021. Las mujeres fueron las más afectadas: las mujeres desempleadas aumentaron a 894.320. Examinaremos más adelante, en el capítulo correspondiente, en detalle el impacto particular entre las mujeres tal y como ha sido analizado por las declaraciones del PRT del 8 de marzo y las presentaciones de la camarada Alicia Mendoza en las sesiones de la Escuela de Cuadros del PRT del 2020 y 2021.

Miles de pequeñas y medianas empresas quebraron, incluso grandes empresas están en riesgo de desaparecer y, por eso mismo, muchos gobiernos apoyaron a las grandes industrias (eximiéndolas de pagar impuestos, por ejemplo) y a rescatar bancos, como ya está pasando en Estados Unidos. Sin embargo, la recesión económica es mundial y ha sido profunda y prolongada.

Para Eric Toussaint, ésta es “la mayor crisis económica desde la de 1929 y de los años 1930.” Los gobiernos y los bancos centrales de los países del Norte (incluida China), aumentaron fuertemente los gastos públicos, financiados por el endeudamiento, en lugar de imponer mayores impuestos a los ricos y a las grandes empresas. De este modo, las deudas públicas aumentaron mucho en todo el mundo, y en particular en los países del Norte. Toussaint señala que “las deudas privadas de las clases populares también crecieron y se degradaron las condiciones de vida de una gran parte de las poblaciones.” Y agrega:

“Todavía no estamos ante una gran crisis de las deudas públicas, no hay demasiadas suspensiones de pago, pero es cierto que el pretexto del reembolso será más utilizado que durante los últimos años para justificar los nuevos ataques antisociales, las nuevas privatizaciones, la supresión de empleos en la función pública, y otras medidas que degradarán los servicios públicos. Por consiguiente, la lucha contra las deudas ilegítimas tanto públicas como privadas es crucial.”

Por lo anterior es que hemos criticado en México que la alternativa a la crisis del gobierno basada en austeridad y lucha contra la corrupción (que generalmente significa recortes sociales y austeridad) no es suficiente, incluso para el desarrollo de programas asistenciales, y que se requieren medidas más profundas como el desconocimiento de la deuda pública (se siguen pagando los intereses del Fobaproa, por ejemplo, pese a ser claro ejemplo de una “deuda odiosa” e ilegítima) lo que realmente daría los recursos para un programa de Renta Básica Universal sin condiciones y que es diferente a las medidas de “apoyo” como el otorgado por medio del Banco del Bienestar a las personas mayores.  Esa ayuda es un apoyo y no es equivalente a una Renta Básica

Con todo, han existido luchas, se reactivó a otro nivel la lucha de clases, anticolonial,antipatriarcal, ecosocial.

 

Secuelas en América Latina

Como era de esperar, la pandemia de COVID 19 impactó a los países neocoloniales del Sur global, en donde la mayoría de la población está en una situación de pobreza y exclusión, viviendo sobreexplotados en la producción y en la reproducción (que recae principalmente en las mujeres), con insuficientes y debilitados sistemas de salud, con carencias en servicios básicos como el acceso al agua o a una vivienda digna, con una enorme crisis de cuidados, además de una carga de enfermedades crónicas. Sin considerar estas condiciones, también se le impuso como política central de “salud” el confinamiento de poblaciones enteras.

Cabe subrayar que esta política de confinamiento y distanciamiento social cerró abruptamente, pero momentáneamente, el ciclo de estallidos sociales y políticos que recorría a Latinoamérica desde el 2019 y que prometía continuarse y radicalizarse en el 2020.  Sin duda, la crisis sanitaria fue aprovechada para mantener y estabilizar gobiernos en crisis de legitimidad en esta región, para cerrar el campo político y centralizarlo en el poder ejecutivo. Además, la colonialidad del poder y del saber en los países latinoamericanos asumió, sin crítica y sin considerar políticas preventivas o terapéuticas, el discutible enfoque epidemiológico de un confinamiento de sanos y enfermos, negando tratamientos y difundiendo el pánico, con sus efectos catastróficos en la salud y en la economía, en la psique colectiva y en la cultura.

Después de que esta pandemia recorrió a Europa, el epicentro se trasladó a nuestros países, en donde, por las condiciones de miseria, hambre y enfermedades, así como por la falta de tratamiento médico, se van acumulando el mayor número de contagiados y de muertos… y de efectos catastróficos en la economía, en la sociedad, en la cultura y psique social.

 

CONVERGENCIA DE CRISIS: HACIA UNA CRISIS SOCIAL

Nos encontramos, entonces, bajo la sombra amenazadora de una crisis civilizatoria del capitalismo que se retroalimenta con una convergencia de graves crisis -sanitaria, económica, social, política, ecosocial, cultural, educativa, psíquica…- que se prolonga agudizando la pugna interimperialista (sobre todo, entre Estados Unidos y China), la crisis del neoliberalismo y una amplia y profunda crisis social que significa más miseria, exclusión, hambre, enfermedades y muertes, así como luchas sociales contra tales efectos.  Hay que agregar ahora, ya en marzo de 2022, los efectos globales de la guerra con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el riesgo de una guerra atómica.

La crisis civilizatoria retroalimentada por una crisis multidimensional y social puede volverse una crisis orgánica, con una gobernabilidad frágil que abre un espacio polarizado disputado por la extrema derecha o la izquierda anticapitalista. Además, parece que en esta convergencia de crisis se tiende a transitar hacia una nueva etapa de un capitalismo tardío y senil, en crisis histórica y civilizatoria. Hay personificaciones del Capital que anuncian el fin de la globalización neoliberal (de la ilusión del mercado libre como regulador del sistema), buscando recuperar el papel del Estado en la gestión de las diversas crisis, pero para el mantenimiento del capitalismo. Algunos temen la transición hacia un capitalismo “a la China”, con la eliminación de libertades y nuevas formas de control tecnológicas de la población. El Foro Económico Mundial habla del Gran Reseteo o Reinicio del sistema capitalista.

Con todo, la crisis política, la explosión social y mundial, se postergó, momentáneamente para colocarse en otro nivel hasta el 2022. Se postergó pero seguramente para aparecer en una mayor dimensión con la guerra provocada por la invasión rusa a Ucrania, no porque sea la única guerra en este mismo momento sino por las repercusiones mundiales, en todos los terrenos, que tiene esta guerra en particular.

En los meses iniciales de la pandemia y del confinamiento, cuando se veía venir la catástrofe económica y social, pocos movimientos sociales se atrevieron a salir a las calles levantando demandas sociales urgentes como medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia y defender nuestra salud, garantizar el trabajo y el salario, exigir una renta universal básica para todos los que lo necesiten, así como la prohibición de todos los despidos y la reincorporación de los empleados despedidos desde el comienzo de la pandemia, etc.

-¿Por qué fue así? Quizás porque se impuso la pandemia como una fatalidad, porque se asumió el confinamiento como la única medida posible ante el nuevo coronavirus, porque se le otorgó toda la autoridad a un organismo mundial, la OMS, supuestamente preocupado por la salud, o porque se impuso el pánico como una doctrina del shock a nivel mundial que paralizó y confundió todo…

Tal vez la rebelión mundial antirracista y contra la violencia policiaca durante esta pandemia en el 2020, en la que se rompió con el confinamiento, fue una explosión contra esta convergencia de crisis, pero todavía en estado de shock, sin comprender o explicar lo que ocurría y lo que viene. Para el 2022 se ve que contradictoria y toda, la pausa ante el inicial estado de shock, se supera en nuevas luchas y contradicciones, incluido nuevamente el riesgo de una guerra atómica que junto a la crisis ecológica eleva los riesgos de la crisis civilizatoria y de la humanidad misma.

Hacia una extensa y profunda crisis social

La crisis social está en curso y todavía no se sabe cuál será su resultado final, pero hasta ahora resulta catastrófica. La CEPAL refiere “una crisis sincrónica de alcance mundial”, calculando una caída del PIB global de 5.2%, afectando tanto a “las economías desarrolladas” (Estados Unidos con decrecimiento de 6.5 por ciento del PIB y la Unión Europea con uno de 8.7%) como a las del Sur global. Si en la crisis económica de 2009 el desempleo creció de 6.7 a 7.3%, en la de 2020 se calcula pasar de 8.1 a 13.5%.

Esto significa que en Latinoamérica se va a pasar de 26 a 44 millones de personas desempleadas y de 185 millones a 231 millones de pobres, o sea, 37.3 por ciento de la población de la región. Además, la pobreza extrema aumentará en 28 millones de personas, el equivalente a 15.5% de la población latinoamericana. Según la Cepal, este año “vamos a retroceder 15 años en todo lo avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.”

Otros cálculos indican que al final del 2020 habrá 40 millones de nuevos desempleados y más de 50 millones de nuevos pobres, así como 8 mil nuevos millonarios en América Latina, según la Oxfam, cuyas riquezas han aumentado en un 17% con la pandemia. Después de la pandemia, América Latina, que es la región más desigual del planeta, va a ser todavía más desigual. Y si sigue la vía del endeudamiento para paliar esta crisis, esta medida la encadenará más a la sangría de riquezas y a los organismos financieros y sus políticas económicas.

En México, el confinamiento colapsó la actividad económica reflejada en la caída anual de 18.9% del PIB, según estudios del INEGI. “Todas las actividades decrecieron entre abril y junio. Las industrias se desplomaron 26 por ciento a tasa anual y el comercio y servicios 15.6 por ciento. Ambas son las caídas más profundas de las que hay registro en el país. Mientras el sector agrícola cayó 0.3 por ciento también en cifras desestacionalizadas.” (La Jornada,  31 de julio de 2020).

Se considera a la crisis mundial provocada por el confinamiento como la más grave desde la Gran Depresión del siglo pasado.

Los pronósticos sobre la economía mexicana son catastróficos: “el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB de México caiga 10.5 por ciento en 2020; el Banco Mundial, 7.5 por ciento; la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, al menos 8.6; y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 9 por ciento, que además llevará el número de personas en pobreza de 53.6 a 63.3 millones y en pobreza extrema de 14 a 22 millones.”

Pero esta crisis social tiene otras dimensiones que también deben ser examinadas.

Dimensión cultural y psico-social de esta crisis

En esta convergencia de crisis y sometidos a una política de confinamiento, donde se exalta el distanciamiento social, el quedarse en casa y el literal “sálvese quien pueda”, se agudiza una crisis más profunda provocada por el capitalismo: la crisis de las relaciones humanas, fomentada aún más por el neoliberalismo en estos últimos años.

Esta crisis de relaciones humanas tiene varias facetas y todas han sido fortalecidas por el confinamiento impuesto en la gran mayoría de países. Es claro que esta política de confinamiento a sanos y enfermos, de todas las edades y condiciones sociales, refuerza:

•       Las tendencias hacia la privatización de la existencia, es decir, al encierro en el mundo privado (idiotización) y el abandono de la esfera pública, que es el lugar de una ciudadanía activa políticamente.

•       La falta de comunicación intergeneracional y abre más la brecha entre las nuevas generaciones, que se insertan desorientados en la existencia social (y que no quieren escuchar a las anteriores), y las generaciones anteriores (que muchas veces tampoco tienen nada que decir significativamente), de modo que se fracturan los procesos educativos entendidos como transmisión de herencias culturales.

•       El escapismo juvenil hacia los mundos virtuales como signo identitario de las nuevas generaciones permanentemente conectadas a redes sociales.

•       Las identidades particulares (yo, mi familia, mi barrio, mi clase, mi grupo, mi nación) así como los temores, rechazos y odios a los Otro/as diferentes.

•       La indiferencia, el amor líquido, la falta de solidaridad y de empatía propios del individualismo competitivo que conforma el capitalismo.

•       El actual estado de shock de la mayoría de la población mundial, que maximiza la confusión y minimiza las respuestas, que no sólo genera miedo sino estrés, pánico e incluso enfermedades mentales.

•       Los distanciamientos físicos generando inhibición y rechazo al contacto físico, afectando necesarios procesos de socialización y afectividad.

Con esta dolorosa vivencia en el mundo enajenado del capitalismo en tiempos de confinamiento, el Capital intenta una nueva normalidad.

Un giro hacia lo virtual

La gran apuesta en esta tentativa de imponer una nueva normalidad hegemónica en el curso de una pandemia que no termina y para la pospandemia, es el giro hacia lo virtual: el abandono de lo presencial, de lo colectivo, del encuentro ético político, de la unidad y solidaridad que es la fuerza de las clases dominadas, todo ello sustituido por las comunicaciones virtuales, empobrecidas, frágiles y susceptibles de ser vigiladas, reguladas y castigadas.

Con todo, el fondo de este giro intenta adecuar el funcionamiento del sistema capitalista a las innovaciones de la cuarta revolución tecnológica, sobre todo en el mundo urbano pues este capitalismo pretende desaparecer al real y necesario mundo rural y campesino.

Este giro hacia lo virtual se pretende extender en algunas áreas conflictivas y difíciles de controlar por las extensiones políticas del Capital, a saber: en la producción, en el consumo (que incluye entretenimiento), en lo escolar, en el espacio político y en las propias relaciones humanas.

En la producción

Con el pretexto de limitar el contagio de la COVID 19, muchos gobiernos y empresas en todo el mundo fomentaron el trabajo a distancia. Lo que era una tendencia y un posible futuro de ciertos trabajos cualificados, ahora es una realidad. De manera acelerada se están modificando las formas del trabajo, acercándonos más hacia la distopía capitalista de un trabajo limitado sólo para unos cuantos, realizado en la casa pero vigilado y sancionado, y la robotización del mismo, que implica la exclusión del trabajo para las mayorías.

La pandemia de COVID 19 y el confinamiento impuesto han extendido el teletrabajo terciario o de servicios online a distancia, ya sea desde las oficinas o desde los hogares de los trabajadores. En una nueva normalidad que proscribe toda cercanía y contacto físico, el trabajo digital remoto se ha impuesto a gran parte de servidores públicos que puedan llevarlo a cabo y también en empresas privadas. No por ello se ha dejado de explotar a este teletrabajo pues supone una labor intensa y constante, vigilada y castigada, que no respeta horarios ni legislaciones laborales, que tiende a ser aún más precarizado y vulnerable.

Desgastantes trámites y reuniones virtuales se han vuelto rutina cotidiana en este confinamiento, favoreciendo el negocio de las plataformas digitales (el capitalismo de plataformas). En el caso de que se desarrolle en el hogar, ello desdibuja las fronteras entre la jornada laboral y el tiempo libre, lo que provoca un incremento de estrés e incluso problemas de salud mental. De hecho, trabajar sin la compañía de otros compañeros, sin reconocimientos ni pertenencia social, acrecienta sentimientos de aislamiento, de pérdida de identidad y de objetivos. Por supuesto, el distanciamiento físico e incluso social entre los empleados y la carencia de un espacio común para reunirse inhibirán su unión, organización y solidaridad, que es la fuerza social que tienen los trabajadores para defenderse de la fuerza enajenada y hostil del Capital.

En el consumo

El paso de la subsunción formal y material del consumo por el Capital se cumplió en los años 60 del siglo pasado, pero los recursos tecnológicos presentes, derivados de la cuarta revolución industrial, y el confinamiento de enfermos y sanos impuesto por la OMS están acelerando tendencias para modificar tanto la producción capitalista como el consumo. Ello significa que se avanza en la idea de la prescindibilidad de muchos trabajos (ahora denominados “no esenciales”) y trabajadores (que hoy resultan “vulnerables), pero también se cambian los hábitos de consumo, creciendo exponencialmente la compra on line y la entrega del producto en la casa. Se trata, dice Luis Bonilla, de intentar centrar el consumo desde la casa y en ella, pero también el trabajo, la educación y el entretenimiento. Por supuesto esta distopía encuentra la contradicción en países como el nuestro en que la desigualdad existente en todos los terrenos y desde antes, impide el acceso a las nuevas tecnologías a una buena parte de la población que es vista, desde el punto de vista capitalista, como prescindible.

La industria enajenante del entretenimiento con su giro digital se ve reforzada con el confinamiento: predomina la navegación por las redes sociales (Facebook, WhatsApp y YouTube), por arriba de la televisión de paga y abierta, siendo esta última el medio de entretenimiento declarado durante esta contingencia. Se consumen chismes, música de años pasados, noticias, series de Netflix y mucho cine futurista y apocalíptico de ciencia ficción.

En la educación escolar

Tal vez desde su nacimiento en la modernidad capitalista, el campo de la educación escolar ha sido un terreno en disputa entre las tendencias a favor de una escuela reproduccionista del sistema y las vertientes críticas, entre el intento de volver a la escuela un subsistema funcional al sistema capitalista y la tentativa de mantener en ella espacios de cuestionamiento e impugnación al sistema, de una socialidad politizada y democratizadora. Desde hace años, y aprovechando las innovaciones tecnológicas en la comunicación (internet y masificación de computadoras personales y celulares, por ejemplo), el Capital ha lanzado un ataque frontal contra una educación escolar pública que no puede controlar porque en ella los docentes fomentan el encuentro pedagógico que intenta una formación integral y una conciencia de participación ciudadana en los asuntos públicos. A ese ataque contra la educación pública Luis Bonilla lo ha calificado de “apagón pedagógico”, que según él se expresa en:

“(a) la fragmentación de la pedagogía, en el impulso de modas temporales de algunos de sus componentes (didácticas, planeación, gerencialismo, evaluación, currículo, sistemas de evaluación escolar) que terminan generando una despedagogización de la educación y especialmente de la escolaridad;

(b) una desvaloración institucional y social de la profesión docente que conlleva a impulsar la idea que cualquier titulado puede ejercer la docencia, rompiéndose la noción de profesionalidad en el sector y de carrera docente e, incluso cuestionando la existencia de normales y universidades que forman docentes;

(c) un creciente discurso de desvaloración de la escuela, del centro educativo, con alternativas que golpean la noción de educación pública, como lo son la virtualización, la educación en casa o el concepto de espacios de aprendizajes como sustitutos permanentes de plantel y aula;

(d) la evaluación de aprendizajes en dos áreas cognitivas (pensamiento lógico matemático / lectura y escritura), una informativa (conocimiento sobre ciencias) y una instrumental (uso de tecnología) creando la noción que el resto de los aprendizajes son de segundo orden. Todo aquello que apunte al desarrollo integral del ser, individual y social, y la construcción de ciudadanía pasa a ser accesorio y prescindible. (…)

No es osado ni delirante plantear que de continuar esta tendencia al APG capitalista en educación, en las próximas décadas podría desaparecer la escuela y la escolaridad como las hemos conocido en los últimos siglos. El sustituto de los sistemas educativos pareciera ser una especie de apartheid educacional que llevaría la exclusión educativa a un nivel inimaginable en el presente, conduciendo a la humanidad a una barbarie civilizacional sin precedentes.”

No cabe la menor duda de que el extendido confinamiento poblacional impuesto por la OMS ha acelerado de manera dramática el “apagón pedagógico global” al punto de estarlo viviendo ya durante esta pandemia y se anuncia su continuidad en la pospandemia como algo normalizado, como parte de la nueva normalidad. 

En la práctica, afirma Hugo Aboites, con el desarrollo de la educación a distancia se impone una nueva Reforma Educativa en la que nuevas formas del Capital digital penetran y ocupan el espacio educativo con sus plataformas de comunicación. En estos meses, la firma Zoom ha multiplicado como nunca sus ganancias y se proyecta en el nuevo mercado educativo. Pero también logran ganancias extraordinarias las televisoras y una nueva presencia en las generaciones más recientes. Todo ello sin importar, por supuesto, que se degrade la idea y práctica educativa, sobreexplotando a los docentes, obligándolos a una educación bancaria que sólo transmite información.

Este abrupto paso de lo presencial a lo virtual anuncia el fin del derecho por una verdadera educación pública y la exclusión de miles de jóvenes a ella, el término de formas de socialización y politización así como de transmisión de herencia cultural, el crepúsculo de los estudiantes como sujetos políticos contestatarios, el ocaso de la Universidad como espacio para la cultura crítica, el arte, el encuentro pedagógico. Incluso la ONU habla de la catástrofe educativa que este confinamiento implica: “El Secretario General de las Naciones Unidas advierte de que se avecina una catástrofe en la educación y cita la previsión de la UNESCO de que 24 millones de alumnos podrían abandonar los estudios.”

En el espacio político

Ya Daniel Bensaïd advertía hace años que el neoliberalismo había corroído a la Modernidad política, lo que significa un debilitamiento y eclipse progresivo de la política. En estos años ha sido claro que el espacio político está disminuido (en él no cabe la izquierda anticapitalista), que la ciudadanía está sometida por el mercado, que el derecho internacional es siempre derrotado por la guerra global, etc. Esta tendencia a eclipsar el espacio de la política se ha reforzado y acelerado en estos tiempos de confinamiento y pandemia. En primer lugar, fue evidente que el confinamiento poblacional por la pandemia se volvió muy rápidamente una forma de control político, un Estado de excepción que terminó de golpe con muchas libertades o derechos individuales o colectivos. En segundo lugar, cobraron más fuerza los poderes ejecutivos y su exhibicionismo político, que convalidaron las órdenes de la OMS y se dedicaron a imponer un extendido confinamiento poblacional, a veces con formas de control policíaco, sin considerar los efectos sociales y económicos del mismo. En tercer lugar, mantener la política sanitaria del confinamiento se volvió crucial para sostener la legitimidad del régimen político; por eso dejó de importar la cuestión sanitaria, la discusión pública sobre la efectividad de la medida epidemiológica del confinamiento por la pandemia, la búsqueda de otras alternativas. Para los gobiernos se volvió perentorio reforzar el pánico por la pandemia de Covid 19 con la información diaria de contagiados y muertos, pues ello justifica un confinamiento poblacional cada vez más insostenible.

Más allá de lo que ocurre en el ámbito de lo político (en la esfera del gobierno), la política ha quedado dañada porque el pánico promovido diariamente y las medidas de confinamiento inhiben reuniones, encuentros, tentativas de reorganización de las clases subalternas. Obviamente el enclaustramiento en la casa fomenta la idiotización o el encierro en el mundo privado que se olvida del espacio político. Todo ello propicia el debilitamiento de la política.

Advertir sobre el agotamiento de la Modernidad política o sobre el debilitamiento de la política es señalar el enorme riesgo de que cesen los procesos democratizadores que, como tendencias, han sido parte de la definición del mundo moderno; es considerar lo peligroso que puede resultar el que se clausure de manera definitiva toda esfera pública en las sociedades. Ello resulta particularmente catastrófico para una izquierda que quiere cambiar el mundo pues sus luchas consisten, justamente, en mantener y ampliar los procesos democratizadores modernos así como pugnar por el control colectivo y democrático del poder público para, aprovechándolo, terminar con la Dictadura de un Capital enajenado. Concebir un mundo sin política y sin la tentativa de instituir esferas públicas democráticas, desde las cuales es posible realizar cambios radicales anticapitalistas que apunten hacia el ecosocialismo, es pensar un mundo que retrocede a un pasado pleno de despotismos (premodernos) o avanza hacia el futuro del biopoder totalitario (posmoderno). En un mundo en el que la política desapareciera también se perdería, decía Bensaïd, nuestra “capacidad de elegir la humanidad en que intentamos convertirnos.”

En esta nueva normalidad que se nos quiere imponer es crucial defender y reivindicar a la política, como el ocuparse de los asuntos públicos de la sociedad y como construcción de un Poder colectivo y democrático. En todo caso, una política que no se reduzca al mero rejuego maquiavélico del Poder político instituido (elecciones tramposas, pugnas de tribus por puestos o prebendas, etc.) sino que sea institución, creación imaginaria y colectiva, de Otro Poder: popular, democrático y transformativo (comunas, consejos, soviets, asambleas populares, Asambleas Constituyentes, etc.). Se trata de subrayar la importancia de la política como tentativa de sujetar democrática y colectivamente al Poder político (Estado enajenado) y al Poder despótico del Capital (economía enajenada) para desenajenarlos, permitiendo así una política -y una economía, una cultura, una sociedad- que busque el bienestar social y el cuidado de la naturaleza. Al final de cuentas, la nueva normalidad que el capitalismo nos quiere imponer demuestra la vigencia de la revolución como alternativa civilizatoria. Hoy más que nunca necesitamos reivindicar la perspectiva revolucionaria.

 

LA CRISIS, LA PANDEMIA Y EL IMPACTO ENTRE LAS MUJERES

Ya decíamos antes que las más afectadas por el desempleo en medio de esta crisis han sido las mujeres. Pero no solamente en términos del desempleo, sino en la convergencia de crisis sanitaria, pandemia, crisis económica y las políticas públicas (o cancelación de políticas públicas) del gobierno de AMLO las consecuencias han sido desastrosas.

Lo paradójico es que al estallar la pandemia y las medidas de confinamiento que hemos analizado antes, es decir en marzo del 2020, ha ocurrido al mismo tiempo la mayor movilización de mujeres el 8 de marzo de ese año como corolario de un proceso de radicalización previo. Una movilización histórica, no sólo en la Ciudad de México donde fue especialmente gigantesca, sino en muchas otras ciudades del país.

Unos días antes de que los confinamientos y medidas sanitarias impusieran una nueva cotidianeidad, en México el 8 de marzo de 2020, miles de mujeres pisamos el asfalto de las calles y las plazas resonando con un grito disonante ante una realidad en la que la violencia es una constante. Durante la crisis resultado del avance del Covid 19 el eco de las mujeres permaneció. Nuestros cuerpos han resistido por más de dos años la tensión de las triples jornadas de trabajo. Nos convertimos en educadoras, cuidadoras, enfermeras y trabajadoras más explotadas. En medio de este escenario las mujeres sobrevivimos.

A lo largo del 2020 el trabajo de cuidados se convirtió en el eje articulador alrededor del cual se sostuvo la vida y este sistema. La carga física y mental de los trabajos que llevamos a cabo han mermado nuestras vidas empobreciéndolas aún más y sobrecargando nuestros días con jornadas de trabajo extenuantes en las que el pago no existió. La violencia contra las mujeres y las niñas se hizo más visible, pero esto no significó una mayor y eficaz atención gubernamental.

Además, debido a la pandemia, las mujeres, sobre todo, hemos perdido nuestros trabajos remunerados ante la presión de atender una mayor demanda de cuidados en las casas. Los discursos volvieron a fomentar roles y estereotipos que buscaron sumergirnos en el mar de la invisibilidad. Nuestras vidas resultaron, nuevamente, una preocupación sólo de nosotras y protegerla se volvió un combate diario.

En el centro de esta realidad pandémica las mujeres encontramos, una vez más, la oportunidad de librar la batalla de la desnaturalización de la discriminación y desigualdad que implica que estos trabajos recaigan y afecten de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y de exigir la retribución justa y equitativa de los cuidados en nuestros hogares. Trabajos imprescindibles para el sistema que no se reconocen y para los que no hay políticas públicas que garanticen los derechos que deberían acompañar estas labores.

Nos negamos a que se nos considere esenciales sólo para seguir explotadas y oprimidas y por ello buscamos unirnos. Frente a esta crisis económica, social y sanitaria el sistema capitalista y patriarcal sobre explota más la vida de las mujeres y los trabajos de las mujeres reiterándonos lo que ya sabemos: que sus ganancias importan más que nuestras vidas. Las profundas desigualdades y la violencia machista precedían a la pandemia y esta nueva normalidad repite convenientemente lo peor de la previa. La participación laboral femenina retrocedió más de una década en América Latina y el Caribe, lo que ya afecta la vida y oportunidades de millones de mujeres cuyo rezago impactará en sus proyectos de vida actual y futuro. Ante esta catástrofe no hay respuestas gubernamentales que busque solucionarla realmente.

Vivimos el recrudecimiento de las múltiples caras de la violencia contra mujeres y niñas con la pandemia en todo el orbe. En México, la violencia feminicida es alarmante y se sigue confirmando la ineficiencia y negligencia de las instituciones del Estado para atenderla. Todos los días más de 10 mujeres son asesinadas en el país. De enero de 2018 a diciembre de 2020 fueron asesinadas 11 mil 217 mujeres y niñas. Tan sólo en 2020 fueron asesinadas 3 mil 752 mujeres y únicamente el 26% de los casos se investigaron como feminicidio. Diariamente son desaparecidas más de 26 mujeres y niñas. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 fueron desaparecidas 20 mil 431 mujeres y niñas. Sólo de enero a agosto de 2020, 5 mil 223 mujeres fueron desaparecidas en 12 estados del país, de ellas la mitad son menores de edad., de acuerdo con cifras oficiales e información de fiscalías y procuradurías proporcionadas a Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio.

En materia de salud y salud reproductiva, las mujeres seguimos enfrentando un continuum de violencia que deriva en muertes prevenibles, lo que agrava la crisis de violencia que se vive en el confinamiento en el país. Debido a la pandemia el aborto seguro cayó 44%, porque se complicó ejercer este derecho por la falta de atención que se desplomó tras la declaración de la pandemia (cuando los hospitales se reconvirtieron para atender Covid) y el miedo a contagiarse, por lo que las redes de mujeres y feministas cubrieron tareas que deberían hacer las instituciones de gobierno. El Consejo Nacional de Población advirtió, en octubre del 2020, que, en México, habrá 145 mil embarazos no planeados, de los cuales 21 mil serán de niñas y adolescentes tras haber sido víctimas de violencia sexual. La muerte materna aumentó 46% en los primeros nueve meses de la pandemia, según datos oficiales de la Secretaría de Salud.

El gobierno federal de Morena, encabezado por AMLO, que le gusta autollamarse de la Cuarta Trasformación, se niega a reconocer que las medidas tomadas no están garantizando vidas libres de violencia. La realidad sigue revelando la gravedad e incremento de la violencia, discriminación, desigualdad e injusticia. Las medidas gubernamentales confirman que nuestras vidas no les importan. Las políticas de austeridad ante la contingencia se suman a los recortes presupuestales o desaparición de programas que atienden derechos y violencia contra las mujeres y niñas, hechos desde el primer año de gobierno.

Además, en medio de la pandemia, hemos vivido un ambiente (incentivado desde la Presidencia) de criminalización, hostigamiento, represión, descalificación y estigmatización de la organización y manifestaciones feministas en el país. En el 2020 también sufrimos algunos retrocesos e impedimentos de que nuestros derechos, como el aborto, sean reconocidos en varios estados, como es el caso de Quintana Roo. Denunciamos la violencia institucional que todas estas medidas gubernamentales y legislativas reflejan; además de que los gobiernos municipales, locales y federal tampoco han logrado prevenir que ocurran más casos de feminicidio, desaparición y violencia contra las mujeres y niñas. Como si fuera poco, la narrativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador de minimizar y desestimar esta otra pandemia, que es la violencia, no abona a la comprensión social ni a que en su administración se retomen con urgencia la atención y solución de los problemas de las mujeres, niñas y disidencias dentro de la agenda política nacional.

Tenemos cuentas pendientes con este sistema y este gobierno: la despenalización y legalización del aborto, la libertad de las presas por abortar; la garantía de mejores condiciones laborales y trabajos dignos  la resolución a los conflictos laborales actuales; la creación de un sistema nacional de cuidados que redistribuya  el trabajo que actualmente  recae principalmente en las mujeres; justicia para las víctimas de feminicidio y la presentación de nuestras desaparecidas; el cese de la militarización del país, la guerra y saqueo de nuestros pueblos y territorios; el tránsito libre y seguro para quienes se desplazan a lo largo del país; un sistema de salud integral, gratuito y de calidad para todas, todos y todes; la atención a nuestro sistema educativo que ha dejado a millones de niñas, niños y adolescentes rezagados en medio de la pandemia, coartando sus presentes y futuros; viviendas dignas y seguras; la libertad de los y las presas políticas y justicia para los crímenes del pasado. La lista es larga y las mujeres no olvidamos.

El Presidente insiste en que tiene “otros datos” pero aquí están los que tenemos y que desprendemos de la experiencia de la vida de las mujeres, en casos como los del del feminicidio y en general sobre la violencia. Piensa que evidenciar esta realidad es un ataque contra su gobierno o su persona y calumnia diciendo que el feminismo es manipulado por la derecha o los adversarios a su gobierno. Pero el feminismo por su carácter no solamente antipatriarcal sino anticapitalista, está en lucha desde antes del gobierno de AMLO. No es una maniobra electoral ni maniobras entre las diferencias y peleas del grupo en el poder. La lucha contra el patriarcado capitalista no se reduce a un sexenio o un gobierno, pero en la defensa de los derechos de las mujeres, para empezar a la vida, el feminismo tampoco tiene compromiso con ningún gobierno y actúa con independencia.

La lucha feminista, de la que somos parte desde hace décadas, es contra el sistema patriarcal. No puede ser encasillada, como pretende el Presidente, en vulgares e inmediatas pugnas entre partidos y un gobierno conservador y partidos de derecha y fuerzas de ultraderecha. Como un movimiento antisistema, el feminismo es por definición independiente del gobierno y los partidos del sistema político actual. Si algunas o algunos funcionarios o legisladores apoyan, eventualmente, demandas mínimas o inmediatas o gustan de posar como feministas por conveniencia electoral, no pueden subordinar a un movimiento que es anticapitalista y antipatriarcal.

Esta situación es más contrastante porque el gobierno y el Congreso presumen de tener una composición prácticamente paritaria, por primera vez en la historia. La demanda de que los partidos postulen candidaturas paritarias entre hombres y mujeres viene de antes del gobierno de AMLO. Es una conquista después de muchos años de lucha que finalmente se ha reflejado de algún modo efectivamente en el gabinete presidencial y en el Congreso. Mucho antes del gobierno de AMLO hubo campañas del feminismo “ganando espacios” además de políticas de “acción afirmativa” para la integración de órganos de dirección partidaria (incluso pioneramente en el PRT) y para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. Pero como demuestra la experiencia del gobierno de AMLO y los grupos parlamentarios de Morena no es suficiente con la paridad pues ésta no es garantía ya no digamos de una política feminista contra el patriarcado capitalista, sino incluso de “perspectiva de género”. Incluso contando con mayoría parlamentaria por parte de Morena y sus aliados en varios congresos locales tampoco es garantía como hemos visto en las dificultades, por ejemplo, para avanzar en el reconocimiento del aborto como derecho o para despenalizarlo. Recientemente Amalia García, que ahora es diputada por MC, ha señalado que, aunque se haya logrado paridad prácticamente del 50 por ciento en el Congreso, las comisiones parlamentarias y órganos de dirección siguen siendo ocupadas básicamente por hombres. Incluso con paridad en el Congreso y presencia mayor de mujeres incluso como Gobernadoras, mayores posiciones legislativas y de gobierno no son suficientes, si al mismo tiempo desde la Presidencia de la República se proyecta una imagen de indiferencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, se desdeña la violencia y se criminaliza al movimiento feminista (calificándolo de conservador, de derecha, neoliberal, ideas extranjeras o adversario del propio Presidente). Especialmente a partir del 2020 con la pandemia y el confinamiento social, que llevó incluso a que muchas dependencias gubernamentales estuvieran cerradas, las tendencias caudillistas y personalistas del gobierno alrededor del Presidente se vieron fortalecidas y proyectadas. En los peores meses de confinamiento, la única institución estatal que siguió funcionando fueron Las Mañaneras del Presidente, opinando y decidiendo sobre todo. Un modelo caudillista como éste, además de las obvias consecuencias políticas de gobernanza, también proyecta una imagen patriarcal y paternalista que polariza más contra el movimiento feminista y las luchas de las mujeres.

Tres indicadores: desempleo, feminicidio y desapariciones

Prejuiciado con esa visión conservadora, el Presidente niega los datos de la realidad, pertrechado con que tiene “otros datos” pero que desconoce los de la realidad. No sólo los que ofrecimos ya en cuanto al 2020, primer año de la pandemia, sino que estos continuaron a partir del 2021. Indicadores de tres ejemplos:

1.- Desempleo. INEGI señala que hay, como consecuencia de la pandemia: 2.1 millones de empleos que no se han recuperado. De éstos 1.5 millones corresponden a mujeres y apenas 604 mil a hombres, hasta mayo del 2021.

Se hizo muy evidente la situación de precarización laboral de la mayoría de las mujeres trabajadoras en México. Trabajos explotados, informales, en el sector de servicios, en las maquilas, outsourcing, sin derechos laborales, etc. Producto de décadas de ataque a los derechos de la clase trabajadora. A esto sumamos el mayor trabajo de cuidados y de reproducción en los hogares. El agotamiento de las mujeres por dobles o triples jornadas de trabajo.

Los principales trabajos que se perdieron fueron de las mujeres en manufactura, comercio, trabajo doméstico remunerado o turismo.

El retroceso en el acceso a empleos y derechos laborales de las trabajadoras es muy grande. En noviembre del 2021, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) confirmó que el retroceso es de 13 años, es decir que el número de trabajadoras que hay hoy en el país es igual al que teníamos en el año 2008. Se corre el riesgo de no recuperarlos o que los ocupen hombres por la arraigada creencia de ser los proveedores y en tiempos de pandemia son ellos los que tienen mayor movilidad según el análisis de Milisa Villaescusa en Cuadernos Feministas 38.

2.- Aumento de la violencia feminicida. Este incremento, obviamente, se enmarca en la crisis de derechos humanos en el país, lo que ya llaman organismos internacionales una crisis humanitaria, y al mismo tiempo la dinámica de militarización que ha continuado este gobierno (con el ejemplo de la creación de la Guardia Nacional) a lo que nos referiremos en detalle más adelante. Pero en el caso de la violencia feminicida recuerda la afirmación de Rita Segato de que hay una guerra contra las mujeres.

Según cifras oficiales en agosto del 2021 se registraron 107 casos de feminicidio, el mes con más feminicidios en México desde 2015. Después de este mes la cifra fue de 63 en septiembre y 64 en octubre. 

Desde el inicio del sexenio las cifras anuales son: en 2018, 895 casos. En 2019, 947. En 2020, 946 y en 2021, 809 casos.

Debe tomarse en cuenta la diferencia entre los tiempos de elaboración de este informe, que se prepara para un Comité Central a mediados del 2022 y los momentos de corte de estos datos, generalmente a fines del 2021.

En octubre del 2021, por ejemplo, los Estados de la República con mayor tasa de feminicidios son Sinaloa con 2.31, Quintana Roo con 2.29, Sonora con 2.17, Morelos y Chihuahua ambos con 2.07.

De manera general se contabilizan un total de 118 presuntos feminicidios en el Estado de México, representando el 14.58% de los 809 registrados a nivel nacional hasta octubre del 2021.Le siguen Veracruz con 61, Jalisco con 57, Ciudad de México y Nuevo León, ambos con 51 de acuerdo al mismo informe de octubre del 2021.

Las autoridades se han empeñado en mostrar cifras a la baja. Sin embargo, diversas feministas y organizaciones de la sociedad civil acusan que hay un subregistro y que lo que ha pasado es, que como siempre, en lugar de investigar una muerte violencia de mujeres como feminicidio (tal como marca la sentencia Mariana Lima Buendía 2015) lo hacen como homicidio doloso (que igual son asesinatos o muertes violentas). De esa manera acusan de maquillar las cifras para hacer parecer que son “menos feminicidios”. Cifras así corregidas serían por año, así: 2018, 2761 casos. 2019, 2867 casos. 2020, 2795 casos y 2021, 2326 casos. Para mayor precisión habrá que integrar el aumento de la violencia en casa, la violencia intrafamiliar, con el confinamiento, aunque es cierto que al mismo tiempo hay también un aumento de la violencia en la vía pública y con armas de fuego. También otro elemento que habla de la desigualdad es el hecho de que entre febrero del 2020 y febrero del 2021 el 50% de las personas infectadas por Covid el 50% fueron mujeres y el 37% de las muertes.

3.- La desaparición forzada. Además del terrible incremento, como parte de la crisis humanitaria, de los casos de desaparición forzada en todo el país, hay un componente central en este aumento de las desapariciones forzadas y es que se trata de mujeres, mujeres jóvenes y niñas (incluso con un incremento en la Ciudad de México en los últimos tres años) es decir desapariciones que tienen que ver con la trata de personas, de explotación laboral y sexual. En algunos estados no se menciona así esta problemática pero es evidente. La desaparición forzada de mujeres como parte de la trata de personas y la explotación laboral y sexual, encuentra también una gran expresión en el caso de mujeres migrantes, incluso de personas que ya huyen de la violencia en sus países y que encuentran aquí estas formas de violencia sexista pero en un sector que por sus condiciones de tránsito y sin registro, lejos de sus familias y países, no son fácilmente registradas como desaparecidas para la trata de personas. Todas estas formas de violencia y de violencia feminicida y la impunidad, así como la incapacidad del Estado de frenarlas, se vienen expresando ya por décadas. Así madres y familiares buscadoras luchan por justicia por años y años buscando a sus seres queridos. Vamos así sumando conmemoraciones por décadas de impunidad: casi 30 años de que se visibilizó el feminicidio en Ciudad Juárez (1993), 20 años del Caso Campo Algodonero, 12 años del asesinato de Marisela Escobedo en 2010 y de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo en 2008, ambas en Chihuahua.

Todavía el 24 de abril de 2022 se dio a conocer que según la ONU “uno de cada cuatro desaparecidos en México es mujer”. Para esa fecha se tienen registradas 99 mil 283 personas en esa condición, de las cuales 24.81 por ciento son mujeres. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) los estados con más casos son Jalisco, con 14 mil 938; Tamaulipas con 11 mil 924, Estado de México 10 mil 818; Nuevo León 6 ml 188; Veracruz 5 mil 607; Sinaloa 5 mil 436; Michoacán 4 mil 294; Sonora 4 mil 280; Guerrero 3 mil 765; Coahuila 3 mil 531 y Chihuahua 3 mil 467.

Según datos recabados por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, mientras en 2006 se registraron 253 personas desaparecidas, para 2012 sumaban 4 mil 148, en 2018 fueron 7 mil 583, en tanto que en 2020 eran 8 mil 613 y hasta el 15 de noviembre de 2021 -cuando visitó el país- se reportaban 6 mil 369.

El discurso de AMLO contra el feminismo agrava más la situación de las mujeres.

 En este contexto de la crisis y pandemia que en todo el mundo ha afectado principalmente a las mujeres, en el caso de México, además de los efectos de la crisis global el discurso y política conservadoras del Presidente agravan más la situación. Sobre todo porque sus ataques contra el feminismo, contribuye a criminalizar la lucha de las mujeres y estigmatizar al feminismo. El discurso antifeminista que identifica toda lucha feminista como violenta tiene obviamente consecuencias.  Con el peso personalista, caudillista, de AMLO en su gobierno, lo que él llama la Cuarta Transformación (4T), pero también en su partido Morena y en el movimiento social lopezobradorista en donde sus opiniones son indiscutibles, resulta incongruente que algunas de sus seguidoras digan que la 4T es feminista, un deseo ilusorio de querer lavar la imagen realmente sólo con fines electorales.

Desde el gobierno AMLO ha desdibujado la llamada política de género que se había logrado institucionalizar . Recordemos la decisión de dejar sin subsidios a las OSC (organizaciones de la sociedad civil), la mayoría para la defensa de derechos humanos, con la circular #1 el 14 de febrero de 2019, en que acusó de corrupción sin demostrar las acusaciones y generalizando a todo tipo de “organismos intermedios” como corruptos y privilegiar en la aplicación de sus programas el criterio neoliberal de individualizar. Este criterio ha tenido también importantes efectos en organizaciones sociales amplias como las del movimiento campesino y popular que pese a que le expresaron apoyo y compromisos electorales, la visión individualista y contra las organizaciones colectivas, sociales o no gubernamentales, tienen un efecto destructivo.

A la mitad de su gobierno no ha publicado dos programas más importantes para el combate  a la violencia contra las mujeres a nivel nacional, es decir que NO hay política pública para esto:  “Programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y el “Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas” no han sido publicados.

Desmanteló programas urgentes como el de los cánceres de mama y cérvico uterino y las agencias estatales para apoyo a víctimas.

En la práctica considera todos esos proyectos, programas o políticas dirigidas a las mujeres, como solamente un asunto de “fifis”, superfluos e innecesarios, si es al pueblo donde todo debe dirigirse. Un día, entre tantas cosas que ha dicho, manifestó que la protesta feminista no tiene fundamento, “que nos quede claro: primero los pobres” (haciendo una polarizacón falsa y excluyente que olvida la clara feminización de la pobreza).  Puede leerse a Sara Lovera, en Cuadernos Feministas 38 (“Estigma del gobierno de AMLO”) que ha documentado mucho de este discurso de propio Presidente, más allá de conclusiones políticas a discutir.

En el Anexo 13 del presupuesto federal el 84% de los recursos a programas prioritarios, sin aumentos  o recortes de (7%) a programas e instancias que sí se ocupan de la atención de la violencia: refugios para mujeres, alertas de género, centros de justicia. Sin escuchar ninguna opinión o exigencias de aumentos para estos rubros, Morena aprobó la propuesta tal cual la envió AMLO por medio de la Secretaría de Hacienda. Sin diálogo.

Es un hecho histórico e insólito que un Presidente de la República se dedique en sus diarias conferencias de prensa matutinas difundidas a nivel nacional por diversos medios de comunicación masiva a denostar y criminalizar al movimiento feminista en su conjunto.

Es una represión simbólica e ideológica el difundir ideas distorsionadas de lo que es significa y está diciendo al movimiento de mujeres y feminista. Este discurso está ligado, sistemáticamente, a que se trata de un complot contra él y su proyecto.

Cree, sostiene, piensa, considera a la revuelta femenina, que es de múltiples colores, orígenes y móviles, que fue puesta en escena para oponérsele. Con un reduccionismo ofensivo, resultado o de una profunda ignorancia o un profundo desdén. Acusar de que son ideas extranjerizantes –todo lo internacional es pecado para el señor presidente– acusando a las mujeres movilizadas de ser parte de una postura electorera.

Contra las ilusiones de algunas feministas en el gobierno de AMLO, el caso de Félix Salgado Macedonio resultó ser ejemplar, incluso en el terreno electoral y de la selección de candidaturas de Morena, de las incongruencias y la obsesión antifeminista del Presidente. El caso es ejemplar pues  la defensa activa, irracional, ilegal y ofensiva de este personaje, un político de perfil machista, abusador y acusado de violación, con más de una investigación penal, al cual se le consideró, antes de las elecciones de junio 2021, como el elegido por “el pueblo” es muy significativa pues las responsabilidades de esta selección y defensa no puede atribuirse sólo a Morena y sus instancias correspondientes (o la supuesta “consulta” para decidir candidaturas) sino directamente al Presidente que en forma beligerante tomó parte de la defensa de Félix Salgado.

La narrativa presidencial sobre el caso de Salgado Macedonio, produjo una respuesta inimaginable, con la gran campaña feminista que le reclamaba “Rompe el pacto”.  Finalmente, como se sabe, decidieron imponer como candidata y por tanto ahora como Gobernadora a la hija de Félix Salgado, lo que es presentado como gran consecuencia en la aplicación de los criterios de paridad en los cargos gubernamentales.

El pensamiento conservador del Presidente se expresó desde el inicio del sexenio con la decisión de reeditar y difundir la Cartilla Moral de Alfonso Reyes para promover una forma de vivir sustentada “en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la Patria y a la humanidad”. Un documento que entregó el gobierno federal como parte de los materiales seleccionados para los Programas Emergentes de Actualización del Maestro y Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos, pero que también fue entregada por medio de integrantes de iglesias evangélicas en eventos masivos y casa por casa.

Después, a finales de noviembre de 2020, el gobierno elaboró y difundió una nueva cartilla moral actualizada, la “Guía ética para la transformación de México” que, como afirma Lucía Melgar, parte de un diagnóstico errado de la sociedad y menosprecia los efectos de la violencia, distorsiona las exigencias de justicia de las víctimas y sus familias, y además recomienda a  las víctimas el perdón para sus agresores, lo cual resulta indignante en un país con un exceso de violencia institucional y una altísima tasa de impunidad”(en El Economista,“Nueva cartilla para descarriados” el 30-11-2020).Sobre la “cartilla moral” también escribieron Andrés Lund y Sergio Tamayo en La Internacional número 1. 

Como explicó Alicia Mendoza en “Mujeres, Estado mexicano y Covid 19” en Cuadernos Feministas 37, coincidiendo con la carga ideológica que señalamos antes, en marzo del 2020, al inicio de la pandemia, AMLO llamó a las familias a organizarse para el cuidado de las personas adultas y responsabilizó de estos cuidados en concreto a las hijas, a las mujeres. Una orientación que reproduce la división sexual del trabajo y sobrecarga las labores de los cuidados en las mujeres. Después, el gobierno abrió, como en muchos países, líneas telefónicas para que las mujeres que lo requieran llamen en caso de violencia, como el 911. 

En abril de 2020, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) suspendió los recursos presupuestados para las Casas de Mujeres Indígenas (CAMIS). Después y gracias a las protestas feministas, se logró que se les diera presupuesto pero iniciaron el año 2021 sin presupuesto.

El 23 de abril de 2020 el gobierno dio a conocer el Decreto de austeridad por la crisis del coronavirus, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Con éste, se establecieron 38 programas prioritarios en el gobierno, en los cuales no hay ningún programa para atender las violencias contra las mujeres y las niñas. Por el contrario, los programas que sí tuvieron suficiente presupuesto fueron la Pensión para las Personas Adultas Mayores, la construcción del mal llamado “Tren Maya”, el aeropuerto “Felipe Ángeles” y otros megaproyectos de muerte. Además, la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional tuvieron trato presupuestal excepcional. Y sólo en el último punto de este decreto se establece la defensa de los derechos humanos, pero en términos generales.

Frente a esta situación, el 6 de mayo de 2020, organizaciones feministas exigieron al ejecutivo federal explicar si el punto 38 incluye programas orientados a la prevención y atención de las violencias contra mujeres y niñas, La respuesta de AMLO, ese mismo día, fue desestimar las cifras de aumento de la violencia contra las mujeres en los hogares por las medidas de confinamiento. Días después, el presidente afirmó que el 90% de las llamadas de emergencia por violencia familiar al 911 eran falsas, lo que provocó muchas reacciones de indignación.

El discurso antifeminista desde la Presidencia, se complementa con la represión de protestas feministas en  2019 - 2020 – 2021 a nivel sobre todo de los gobiernos locales:

Manifestaciones en diferentes estados de México el 8 de marzo de 2020. En San Luis Potosí el 5 de junio de 2020, en la Ciudad de México el 8 de junio de 2020, en Guanajuato el 22 de agosto de 2020. en Chihuahua el 5 de septiembre de 2020. En Sinaloa el 10 de septiembre de 2020. En el Estado de México el 10 y el 11 de septiembre de 2020. En la Ciudad de México, Baja California, Sonora y Veracruz el 28 de septiembre de 2020, entre otras. Lo volvimos a ver el 8 de marzo 2021 y el 28 de septiembre.

El 27 de octubre 2021, Amnistía Internacional y otras organizaciones civiles denunciaron la criminalización y represión de la protesta feminista por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estigmatizar como violenta TODA concentración feminista en México, representa un riesgo para las manifestantes porque ha generado un ambiente hostil para el derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que se violen sus derechos humanos.

Hay que recordar incluso desde el terreno institucional y legislativo lo que está en juego en cuanto al derecho a la protesta y manifestación. “Las autoridades no pueden estigmatizar como violentas las acciones de las manifestantes como pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales, pues estas expresiones están protegidas por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión”, se explica en el documento. Leyes internacionales: Comité de Derechos Humanos. Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21), Documento ONU, CCPR/C/GC/37, 17 de septiembre de 2020, párrafo 15. Por eso la ONU ha dicho que las y los servidores públicos tienen que “reconocer públicamente la legalidad de las protestas de mujeres y niñas y abstenerse de realizar declaraciones que las estigmatizan”.

Es cierto que el feminicidio creciente desde hace años en el país, así como la impunidad en las crímenes y violencia contra las mujeres y el fracaso de los sistemas de justicia precisamente para asegurar justicia a las mujeres violentadas de una manera u otra, han favorecido en el desarrollo de las nuevas olas de protesta de mujeres y del feminismo en las nuevas generaciones una visión que desconfiada justamente de las instituciones estatales emplean un discurso y acción de lo que consideran acción directa e incluso de rechazo a organizaciones y movilizaciones mixtas. Es una respuesta política similar a la del ultraizquierdismo en México después de las masacres y represiones de fines de los años 60, especialmente la del 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, que generó en esta corriente política el rechazo a la movilización de masas unitaria y a favor de la acción directa, incluso militar, contra el Estado. El Presidente se aprovecha de esta situación para hacer un sinónimo de que toda protesta feminista es violenta y circunscribir, como frecuentemente hacen los medios de comunicación, al feminismo con el separatismo.   Reconocer la necesidad de discutir y explicar, incluso desde el feminismo, el desarrollo de esta corriente, sin embargo, no quita la necesidad de señalar la responsabilidad del Estado, con el mantenimiento de la impunidad y la violencia contra las mujeres, del surgimiento de estas respuestas. Insistir frente al estado en que se investigue y sancione a los responsables de toda violación a los derechos humanos de las mujeres, en vez de concentrar sus fuerzas en criminalizar a las feministas. Desde instancias del movimiento, como la Coordinación 8M hemos tenido discusiones y diferentes puntos de vista para sortear esto, donde sostenemos que no nos manifestamos de formas violentas ni usamos métodos violentos, pero es algo que debemos profundizar, como intentamos hacer también en el proyecto de resolución sobre la construcción del partido.

A pesar de todo lo anterior el 8 de marzo del 2022 regresamos a las calles, escenario de las movilizaciones de las luchas feministas contra el capitalismo patriarcal, no sólo en la Ciudad de México sino nuevamente en muchas otras ciudades del país. La legitimidad y la fuerza del movimiento se expanden, remontando las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de los dos últimos años. El llamado a la huelga de las mujeres es el eco que resuena a nivel mundial, ahora potenciada por la intensificación de la crisis económica, ambiental, social, política del capitalismo y la sobreexplotación de las mujeres durante los confinamientos, que agudizó e incrementó la violencia machista contra las mujeres. La vida de las mujeres está profundamente afectada por el aumento de la desigualdad y la incapacidad de los gobiernos que priorizan las políticas neoliberales.

Las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno federal no están resolviendo la desigualdad ni la injusticia, ni tampoco el incremento de la violencia. A nivel global, la vida humana está cada vez más en riesgo ante la crisis ecológica y ahora también con la guerra en Europa, que tiene consecuencias mundiales. En ambos casos lo que prevalece son las ganancias para los capitalistas.

El saqueo de los pueblos y territorios se expresa no sólo en aquella guerra, sino en cada país, con el extractivismo neoliberal y el ataque a pueblos originarios y comunidades indígenas.

En Latinoamérica mayoritariamente son las mujeres quienes defienden la tierra y la naturaleza, entendiendo que somos parte de ella y que al igual que nuestros cuerpos, ésta es invadida y tomada como territorio conquistado para realizar trabajo reproductivo y de cuidados, y así servir a los intereses capitalistas. La crisis ecológica es consecuencia directa del sistema capitalista, el mismo sistema patriarcal que nos ha esclavizado y explotado por siglos a las mujeres y a la naturaleza.

Como consecuencia de la crisis ecológica y la utilización capitalista de la naturaleza, las pandemias se extienden y los virus se mutan en nuevas cepas. Con la pandemia y el confinamiento social la situación de las mujeres se ha complicado aún más al mismo tiempo que se ha hecho evidente la desigualdad.

Urge la creación de un sistema nacional de cuidados efectivo, que cambie radicalmente la distribución del trabajo de reproducción social que se sostiene con la fuerza laboral de las mujeres. Sigue pendiente que se garantice un servicio de salud gratuito integral y de calidad para todas las personas.

Frente al incremento y ascenso de las organización y movilización de las mujeres el Estado ha respondido con la criminalización y represión contra la protesta de las mujeres que se ha incrementado en el contexto de la pandemia. Los discursos descalificadores del movimiento feminista por parte del gobierno (empezando desde la Presidencia de la República) y sus repetidores, han contribuido a la polarización y son responsables de generar un clima de mayor violencia contra las mujeres. Además de la violencia intrafamiliar, la pandemia del feminicidio impune en todo el país, desde 2020, se ha constatado también la violencia y represión policial contra las movilizaciones feministas. Además de la represión a otros movimientos sociales como los ecosociales y el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en 2020 y 2021 en hechos sin precedentes, diversos gobiernos locales arremetieron con sus fuerzas policiacas contra las mujeres que salieron a las calles para demandar acceso a la justicia, con protestas y marchas feministas, en ciudades como León, Culiacán, Ciudad Juárez, Ecatepec, Atizapán, Cancún y la Ciudad de México. También hubo un ataque a balazos contra manifestantes el 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo, donde varias periodistas y manifestantes fueron heridas. Concretamente Wendy Galarza, la periodista Cecilia Solís y su colega Roberto Becerril fueron heridos con arma de fuego. Además 8 personas fueron detenidas arbitrariamente (siete mujeres y un hombre), dos mujeres sufrieron tortura sexual y 13 personas más resultaron heridas a manos de agentes policiacos esa noche.

La continuación de la lucha por el derecho al aborto

Un triunfo histórico para el movimiento feminista han sido las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en el mes de septiembre de 2021 las cuales reconocen en rango constitucional la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, el derecho a la interrupción del embarazo así como la eliminación de los obstáculos que impidan el ejercicio de este derecho en el caso de la objeción de conciencia. Este logro ha sido el resultado de décadas de lucha potenciada en el contexto del ascenso del protagonismo y las luchas de las mujeres a nivel mundial. Destacadamente el impacto en México del movimiento de la Marea Verde de Argentina que potenció y reconfiguró el espectro del movimiento con las nuevas generaciones de feministas que retomaron esta lucha, las mareas verdes mexicanas. El propio Presidente de la Corte reconoció que la despenalización que ellos aprobaron es gracias a las Mareas Verdes.

A pesar de las sentencias de la Corte a la fecha sólo en siete estados se ha despenalizado el aborto. La Ciudad de México en 2007 y Oaxaca en 2019. En Coahuila con la sentencia histórica que invalidó el artículo 196 del Código Penal de ese estado. Durante el año de 2021, en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Quedan pendientes 25 estados.

Lo más grave es que seguimos enfrentando la indiferencia de las diversas instancias de procuración de justicia. Después de siete meses de la resolución de la SCJN, no hay información oficial para conocer cuántas son las mujeres presas por diversos delitos relacionados con aborto y por qué no han sido liberadas. Muchas de las mujeres criminalizadas y encarceladas provienen de sectores populares, indígenas y campesinas.

Las promesas de amnistía de voceras del gobierno que anunciaron una amnistía no se cumplieron. No es una prioridad de las fracciones parlamentarias en el Congreso la armonización de la legislación. Los cuerpos de las mujeres no importan, quedan fuera de sus prioridades e intereses políticos. Las sentencias de la Corte son muy claras, es una obligación de los congresos nacional y locales llevar a cabo la armonización y garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo cuando así lo decidan. Los sectores derechistas y conservadores y sus aliados de diversos partidos actúan en contra de los derechos de las mujeres, un ejemplo, de muchos otros, ha sido el reciente caso en el estado de Michoacán en donde la mayoría de ese Congreso local votó en contra de que se abriera la discusión.

Después de siete meses de la aprobación de las sentencias, la lucha continúa por la despenalización para exigir al Congreso de la Unión la modificación del Código Penal Federal.  Lo mismo procede en los Códigos Penales de los estados en donde sigue siendo un delito (más detalles en Cuadernos Feministas 38). Así como la exigencia de la garantía en las legislaciones federal y locales para el acceso al aborto en el sistema de salud pública. Es fundamental la modificación a la Ley General de Salud con relación a la objeción de conciencia para que ésta no sea un obstáculo para el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres. Debe garantizarse siempre el servicio con personal médico no objetor.

El movimiento a pesar de los múltiples obstáculos que enfrenta en este sistema patriarcal y conservador no para. Las redes de acompañamientos apoyan a la largo y ancho del país la práctica del aborto seguro, funcionan antes y durante la pandemia y continúan una extraordinaria labor de solidaridad y practica colectiva feminista. Nada nos detiene.

Por eso el pasado 8 de marzo de 2022, desde el PRT llamamos a seguir construyendo la Huelga de Mujeres en contra de la explotación de nuestro trabajo productivo y reproductivo, en contra de la explotación y saqueo de los territorios y en contra del sistema capitalista patriarcal. Llamamos a hacer de la Huelga de Mujeres, también, una herramienta para reconocer nuestras luchas haciendo a un lado las fronteras que han buscado separarnos y volverla una articulación con potencialidad expansiva, transfronteriza e internacional, anticapitalista, ecofeminista, antirracista y anticolonial. La rebeldía de las mujeres es una flama que sigue viva. 

RETÓRICA ANTINEOLIBERAL Y CONTINUACIÓN DE POLÍTICAS NEOLIBERALES.

Muchas de las contradicciones aquí expresadas tienen que ver con la forma en que finalmente se le reconoció el triunfo electoral a AMLO. Desde todas las posiciones se advertía que si en 2018 se imponía un tercer fraude electoral para evitar la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, habría una explosión popular incontrolada, como el propio AMLO advertía al señalar que ya no podría controlar “al Tigre”. La clase dominante tuvo que aceptar la oferta de López Obrador de una “transición pacífica” reconociendo su triunfo lo que así se convirtió en una transición pactada, pues a cambio, como señaló AMLO en la misma toma de posesión en el Congreso y frente a Peña Nieto no habría un gobierno de revancha contra él y lo que representaba. Por supuesto que desde ese día López Obrador no deja de denostar a los presidentes del “periodo neoliberal” pero en el compromiso implícito ha mantenido las líneas centrales del neoliberalismo. Desde las importantes resoluciones del CC del PRT de agosto de 2019 (ver “Entender el periodo: un nuevo régimen en construcción” en La Internacional Número 1) señalamos la convergencia de cuatro elementos para explicar la llegada del gobierno de AMLO: “el profundo descontento y rabia popular acumulada; la crisis del régimen producto del pacto Salinas-Ceballos -el PRIAN- a finales de los 80; los ecos de largo plazo de la crisis económica de 2008; y la propuesta ‘garantista’ de AMLO a la burguesía nacional e internacional de ‘estabilidad y continuidad’ en elementos centrales de la gestión estatal (política económica, libre comercio, austeridad presupuestaria, entre otras)”

La tensión entre estos elementos contradictorios explica el origen y la evolución también contradictoria del gobierno de AMLO. En primer lugar el “voto del hartazgo popular” del 2018, de una clara mayoría harta del PRIAN y que con su rechazo, expresado no sólo el día de las votaciones, sino durante todos los conflictos que año tras año hubo en el sexenio de Peña Nieto, quebraron decididamente al régimen del PRIAN. Pero el hecho es que para evitar la explosión popular frente a un nuevo fraude electoral y la represión consiguiente, las clases dominantes aceptaron reconocer el “voto del hartazgo” y la oferta de transición pacífica de AMLO. Pero la transición pactada implicaba que no habría “revancha” contra Peña y sus políticas, incluso las reformas neoliberales. AMLO aprovecha la derrota del PRIAN en 2018, para desde entonces con una campaña permanente hundirlos definitivamente en el desprestigio como responsables de todos los males del país, aunque no imponga reformas radicales del neoliberalismo ni castigo a los presidentes neoliberales. La campaña permanente contra el PRIAN, no sólo durante los procesos electorales como las intermedias del 2021 o las consultas populares sobre el juicio a los ex presidentes  (donde personalmente no vota a favor) o la consulta de revocación de mandato del 2022, sino todos los días y frente a todos los problemas en Las Mañaneras, tiene como ejes centrales la denuncia de la corrupción y el ataque verbal al neoliberalismo. Esto integra el otro elemento en tensión que es el que en el imaginario popular el gobierno de Morena que preside AMLO es un gobierno que está combatiendo el neoliberalismo y que supuestamente satisfacerá todas las demandas populares y sociales por las que el pueblo ha luchado durante los gobiernos neoliberales.  Pero entre el voto mayoritario del hartazgo popular de rechazo al PRIAN del 2018 (los 30 millones de votos) y el respaldo popular con que todavía cuenta el gobierno, se desarrolla la política que realmente impulsa AMLO. Y esta política está marcada por la transición pactada y las reales concepciones de AMLO. 

Por eso, el CC de 2019 señaló que “el gobierno de AMLO ha declarado, como si fuera un decreto, en varias ocasiones, empezando por el propio Presidente pero también otros de sus funcionarios, que se ha acabado el neoliberalismo, al que han hecho sinónimo de la cínica corrupción de gobiernos pasados. Sin embargo, el neoliberalismo es un modelo de acumulación de capital y, a la vez, un proyecto político de clase. En cuanto a política económica se refiere, éste tiene en su esencia tres ejes centrales:

a)Autonomía del Banco Central

b) Austeridad y restricciones presupuestarias.

c) Deuda externa e interna (privada) y mecanismo de obtención de plusvalor extraordinario por la vía especulativa”.

Por eso es que desde entonces advertimos que la continuidad de las políticas neoliberales se reflejan en los megaproyectos ecocidas, como el Tren Maya, el Transítsmico y el Plan Integral Morelos, así como en proyectos como el aeropuerto Felipe Ángeles o la continuidad de la política de seguridad pública sobe la base de la militarización (la creación de la Guardia Nacional). Podemos agregar que como se ha mostrado también por parte de otros gobiernos progresistas en América Latina el otro elemento es el extractivismo como una constante. Incluso como señala Andrés Lund en su escrito un neo neoextractivismo propio de los gobiernos progresistas.

“La pedagogía política e increíble capacidad de introducir ideas políticas en millones de personas de AMLO lo ha llevado a simplificaciones equivocadas, por ejemplo, al igualar al neoliberalismo solamente con la corrupción, eludiendo cualquier explicación de clase. El neoliberalismo no es sólo la corrupción; la corrupción (en su forma actual en los países latinoamericanos) es una consecuencia del neoliberalismo y sus dinámicas privatizadoras. Por eso el combate a la corrupción no implica en sí mismo el fin del neoliberalismo” (CC del PRT, agosto de 2019).

Estas contradicciones se expresaron también durante la pandemia y las respuestas del gobierno federal. El gobierno impulsó en consonancia con la OMS, la política de confinamiento social (quédate en casa) y la “sana distancia”. Ya hemos hablado de las consecuencias en el terreno social de la dificultad de aplicar el “quédate en casa” y aplica el “home office” cuando una mayoría de la población está en la economía informal y requiere salir a la calle pues vive de su trabajo al día. También las consecuencias que esta política representa para las mujeres y la ratificación de los roles de la división sexual del trabajo en el patriarcado que precisamente impone la vida privada, el trabajo doméstico no pagado y que ahora se veía fortalecido con la obligación de que se hicieran cargo del trabajo de cuidados en casa. Junto con ello el incremento de la violencia intrafamiliar frente a lo cual AMLO exalta a la “familia mexicana” como remanso de amor. Pero el confinamiento social, que en inglés más crudamente le llaman precisamente “lock down” produjo también otra diferencia en la propia clase dominante. Como en otros países, la derecha partidaria en México insistía en que el confinamiento tenía que ser impuesto con medidas represivas, autoritarias. Seguramente reconociendo las condiciones en que una mayoría trabaja, el gobierno federal optó por la propaganda para convencer del confinamiento, a diferencia de gobiernos de MC (por ejemplo en Jalisco) o del PRIAN que no sólo lo proponían sino que metieron a la cárcel a personas que circularan sin cubrebocas (o incluso en el caso de Jalisco la policía mató a una persona sin cubreboca).

En ese contexto también se dio la diferencia con aquel sector de la burguesía que le reclamaba al gobierno federal un “plan de salvamento” sobre la base de un nuevo endeudamiento, como ocurrió en 2020 y 2021 en varios países.  La alternativa de AMLO frente a esa pretensión burguesa que pretendía aprovechar la crisis para un nuevo enriquecimiento por la vía del endeudamiento fue mayor austeridad y la lucha contra la corrupción. La disputa entre estas dos salidas confirmaba la necesidad de una opción popular y propia de la clase trabajadora que no fuera la de mayor austeridad que como ya dijimos ha tenido consecuencias en recortes de programas sociales, para privilegiar los programas estrella del gobierno como el Tren Maya y otros megaproyectos. Ante las consecuencias de pérdidas de empleo, desempleo, cierre de negocios además de las consecuencias mortales de la pandemia entre la clase trabajadora, la opción que presentamos, incluso en las reuniones promovidas en la emergencia por la NCT y el SME fue la de renta básica universal sin condiciones. La austeridad y la lucha contra la corrupción no son suficientes para enfrentar la crisis social y económica que requeriría como propuestas estratégicas, medidas de transición, la supresión del pago de la deuda pública y la renta básica universal sin condiciones. Es decir en vez de austeridad y medidas asistenciales de la Secretaría de Bienestar (como la nueva tarjeta de apoyo a mayores de 65 años) una renta básica para toda persona mayor de 18 años sin otra condición con un monto que no puede ser de 3 mil pesos bimestrales, sino renta básica para vivir. Para financiarlo no basta la austeridad (que por cierto no incluye al ejército, la GN  y los megaproyectos) sino que se requiere el fin del pago de la deuda pública para financiarla.

¿NUEVO CAMBIO DE RÉGIMEN TRANSEXENAL O CRISIS DE RÉGIMEN DEL NEOLIBERALISMO?

Todo lo anterior apunta al elemento central a dilucidar en este análisis. El gobierno inaugurado con la elección de 2018 encabezado por López Obrador, el primero que no llega por medio de la imposición de un fraude electoral y el primero después de tres décadas de gobiernos del bloque neoliberal del PRIAN, es un gobierno que abre la posibilidad de un nuevo régimen político, es decir que logra una continuidad transexenal o es un sexenio de un gobierno de “progresismo tardío” como le hemos llamado desde 2019 pero que la continuación de las políticas neoliberales, así como el extractivismo y otros elementos que parecen mostrar que pese a la retórica antineoliberal no puede romper el andamiaje institucional armado por los previos gobiernos del PRIAN y se agota más bien como un sexenio en que ocurre una crisis de régimen, la crisis del régimen neoliberal que no pudo ser trascendido?

Para ello es necesario recordar la diferencia que establecemos entre gobierno y un nuevo régimen político ya que este último implica que hay un cambio en un nuevo sector hegemónico en el seno de las clases dominantes. Si es así ¿cuál es ese nuevo sector hegemónico que sustituye a la oligarquía neoliberal hegemónica en el PRIAN?  El CC del PRT de agosto de 2019 planteó el problema de la siguiente manera como para evaluar si podemos ya responder y aclararlo:

“La consolidación del nuevo régimen implicaría la estabilización de un nuevo bloque histórico de dominación, de un nuevo gran pacto gobernante (de momento, independientemente de si se traduce en nuevos marcos constitucionales) el cual en gran medida se fue construyendo alrededor de la campaña presidencial del 2018. De confirmarse esta hipótesis podríamos entrar en un periodo de, al menos, una década, de relativa estabilidad político-institucional, distinta de la crisis de gobernabilidad del periodo inmediato anterior.

“Es decir, el nuevo régimen político no es simplemente un nuevo gobierno, sino que un nuevo régimen político implica que , en el marco del Estado capitalista, hay un nuevo bloque de fuerzas y sectores de la clase dominante ejerciendo el poder político. Desde la fundación del PRT caracterizamos al régimen político existente después de la Revolución Mexicana como un régimen bonapartista, el régimen priísta o régimen de “partido de estado”, caracterizado, entre otras cosas, por una orientación al desarrollo de la arquitectura financiera nacional y el crecimiento relativo de las capacidades de consumo o ahorro internas.

“Después de la ruptura de la Corriente Democrática del PRI, el fraude electoral de 1988 contra Cárdenas  y el nuevo dominio neoliberal, se constituyó un nuevo régimen político, un nuevo bloque dominante, que lo constituyó la oligarquía neoliberal y que se le conoció como el PRIAN, simbólicamente representado por el pacto Salinas-Fernández de Ceballos. La implosión del PRIAN en julio de 2018 y el nuevo encabezado por AMLO y la mayoría parlamentaria de Morena, aunque declarativamente dice acabar con el “periodo neoliberal” e iniciar una Cuarta Transformación (equivalente por tanto a la Revolución y Guerra de Independencia, a la guerra de Reforma y a la Revolución Mexicana iniciada en 1910) ¿ha constituido ya un nuevo régimen, es decir ha logrado conformar un nuevo bloque hegemónico? ¿está transitando de la dominación de coerción, propia del periodo anterior a la dominación por consenso? Pareciera que, en realidad, el proyecto político de AMLO es justamente la consolidación del nuevo régimen, del nuevo pacto y los primeros meses de su gobierno van en el camino de su afianzamiento, no sin importantes pugnas, contradicciones y zig zags políticos. En estas contradicciones todavía no resueltas del todo es que se observan frecuentemente los giros y gestos bonapartistas. Navegando entre intereses de clase distintos, frente a las exigencias y expectativas populares, pero también las presiones de la derecha de dentro y fuera del gobierno, de los sectores burgueses fuertemente representados en el gobierno y en Morena (el Arca de Noé de AMLO que le llamó Luis Hernández Navarro) y también de las presiones y chantajes del imperialismo yanqui”.  

Antes de entrar a responder necesitamos examinar un par de temas más como son el papel de las fuerzas armadas y la crisis de derechos humanos así como la continuación y profundización de la crisis del sistema político electoral.

 

 

Crisis del sistema político electoral y de partidos.

Hemos dicho antes que la elección presidencial del 2018 no superó la crisis del sistema político partidario en México, sino que AMLO llegó a la Presidencia en medio y gracias a esa crisis. La crisis del sistema político partidario se agudizó durante el gobierno de Peña pero por la componente de los fraudes presidenciales, especialmente de Salinas, Calderón y Peña, el problema de fondo ha seguido sin resolverse. Como ya dijimos, para el 2018 se preparaba un nuevo fraude para impedir la llegada de AMLO pero el reconocimiento de su triunfo se dio no porque el sistema y el INE se hubieran democratizado sino por la amenaza de una explosión popular ante un nuevo fraude y por el pacto de transición pacífica que obligó. En ese nivel la crisis se pospuso. Ahora la crisis se expresa nuevamente con el conflicto entre el INE y el gobierno, pero también con la crisis de todos los paridos institucionales. Nos apoyamos ahora en el balance de la relación de fuerzas entre los partidos del gobierno y los de la derecha expresada en el artículo de Edgard Sánchez “A 3 años de las presidenciales nueva derrota de la derecha y desgaste de Morena” que puede leerse completo en el sitio del PRT. 

Las elecciones intermedias del 6 de junio del 2021 confirman lo previsto en cuanto a lo principal de los resultados, pero también apuntan sobre lo que se viene para la elección presidencial del 2024. En las votaciones de este año, los partidos de la derecha, especialmente representados por la coalición PRI-PAN-PRD, nuevamente fueron rechazados, como en julio del 2018. Los resultados electorales ampliamente difundidos comprueban su derrota, especialmente en las elecciones para 15 gubernaturas, pero también en las legislativas. Pero de nuevo, así como en 2018 vimos el voto del hartazgo contra el PRIAN como lo determinante más que el apoyo a Morena como partido, en las intermedias del 2021 la derrota de los partidos de la derecha no ocultó el desgaste, división interna e incluso baja de la votación de Morena y los partidos aliados a López Obrador.

La contradicción anterior tiene que ver con la falta de alternativas entre la derecha y el progresismo tardío del nuevo gobierno que, pese a su retórica antineoliberal, no abandona los proyectos centrales del neoliberalismo ni la militarización ante la crisis de derechos humanos. Obviamente los resultados, más allá de las lógicas normales de elecciones intermedias, se ubican también en la convergencia de la crisis sanitaria y la crisis económica, que no encuentran una solución en el terreno electoral debido a la crisis previa del sistema político electoral y de los partidos desde antes del 2018.  Por el contrario, en vez de una confrontación clara de proyectos político partidarios, las elecciones del 2021 representan el banderazo de salida hacia la sucesión presidencial del 2024. Las disputas del gobierno con la derecha tienen que ver con la disputa por la Presidencia en 2024. Pero sobre todo las disputas por la sucesión presidencial se ubican en la posibilidad o no de que el gobierno de AMLO consolide efectivamente un nuevo régimen político transexenal y no quede como “flor de primavera” durante un solo sexenio. Y esta disputa es la más relevante por la pugna interburguesa (por dentro y fuera del gobierno) para saber qué sector de la clase dominante se convierte en hegemónica en la perspectiva de un régimen transexenal.

En las elecciones de junio de 2021, de 15 estados donde hubo elección para gobernadores, el PAN solamente ganó dos, Chihuahua y Querétaro, que históricamente son bastiones de la derecha. El PRI no ganó ningún nuevo estado de la República y además perdió algunos donde no había habido alternancia y el PRI gobernó siempre, por ejemplo Colima y Campeche. Así en la elección del 2021 el PRI no pudo retener 8 gubernaturas y no ganó ninguna nueva. Le quedan en todo el país solamente 4 gubernaturas que en 2022 estarán en disputa: Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca. Son viejo baluartes del control priíista, pero en las elecciones legislativas federales ya perdió en varios -como Oaxaca- ante Morena.

El otro aliado de la coalición PRIAN es el PRD. Su derrota también es estrepitosa. No solamente no ganó ninguna de las gubernaturas, sino que, como el PRI, no pudo retener el único gobierno estatal que contaba: el del muy desprestigiado gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Al perder Michoacán, el PRD ya no gobierna ningún estado de la República. El otro caso, casi anecdótico,  sobre la derrota de la derecha partidaria en 2021 es nuevamente la pérdida del registro del evangélico PES.

El caso de Nuevo León ganado por Movimiento Ciudadano es un caso aparte. El triunfo de Samuel García, cuya candidatura por MC es muy representativa de ciertos sectores empresariales de Monterrey (algunos de los cuales apoyaron antes a AMLO) con una visión muy reaccionaria, clasista y regionalista, evidenciada por la mirada de García después de su triunfo primero que nada hacia Estados Unidos.  Lo significativo es que con este triunfo, MC pretende presentarse como opción entre el PRIAN y Morena para las presidenciales del 2024.  Otra opción burguesa que alegará contar con el gobierno de los estados de Jalisco y Nuevo León simultáneamente (con Alfaro y García), así como con las respectivas capitales Guadalajara y Monterrey (que en este último caso ganó como candidato de MC, Luis Donaldo Colosio, el hijo). Ya dicen que serán la “tercera opción”, que si no consolida una candidatura para el 2024 tipo Alfaro o García, puede ser también la plataforma de alguna de las precandidaturas perdedoras en Morena, desde Tatiana Clouthier…hasta Ricardo Monreal.

El otro caso importante de analizar de las elecciones intermedias del 2021 es obviamente el caso de la CDMX donde tanto la derecha como el gobierno (y el propio AMLO) piensan que hubo un avance de la derecha con explicaciones clasistas por ambos lados (incluso AMLO culpando a la “clase media” y sus tendencias “aspiracionistas”). El artículo citado aborda en detalle el caso pero en general podemos coincidir con que  “en ese terreno podemos decir que es falsa la idea de que los habitantes de la Ciudad de México dieron un giro a la derecha en sus preferencias electorales, ya sea por ser “clase media” o porque fueron ganados por la propaganda e ideología burguesa de la derecha. Morena perdió el voto de muchos habitantes de la Ciudad de México que lo hicieron en 2018. Pero no dieron ese voto a los partidos de la derecha. Se abstuvieron o votaron nulo. O sea, expresaron una posición política de desilusión o desencanto, de desgaste en el proyecto de Morena y del gobierno de AMLO (y de Claudia Scheinbaum en consecuencia)

Si se omiten las consecuencias políticas en la población de la CDMX de la práctica y posiciones políticas del gobierno federal y de la Ciudad, así como del propio AMLO, no se entiende la profundidad del desgaste de este gobierno y del descrédito que va más allá de las pugnas internas de Morena por las candidaturas y posiciones, que son también parte del desgaste de un partido exclusivo para la participación electoral. El llamado “fuego amigo” como las traiciones y golpes como la derrota de Dolores Padierna en Cuauhtémoc es también parte de este desgaste.

 O sea, no hubo voto nuevo por la derecha, hubo menos votos por Morena y más abstención que en 2018. En realidad no sólo en la CDMX pues en varias capitales de los estados, las ciudades mayores de cada entidad, aunque Morena ganara el nuevo gobierno del estado, perdía la capital. Pero por razones históricas, el caso más notable es el de la CDMX donde simplemente desde el resultado electoral, se hace evidente que se ha creado un espacio social favorable a un partido de izquierda, es decir a la izquierda de Morena. El espacio está ahí y se expresa en las luchas independientes del gobierno (feministas, damnificados, el SME, la ANUEE, etc) pero las restricciones legales (aun sin las reforma regresivas que pretende AMLO) impiden seguramente que se concrete en un partido de izquierda legalizado antes del 2024. Y efectivamente el riesgo es que eso permitiera el avance de la derecha, pero sobre todo de las concepciones anti política y anti partido. De nuevo, en el artículo en cuestión se analiza también la crisis de todos los partidos, incluido Morena y su sistema de “encuestas” para decidir candidaturas.

Como una reivindicación del pasado echeverrista cada vez mayor, no es casualidad la postulación de tantas candidaturas priístas por parte de Morena sino también expresión de la evolución de ese partido. Con las reformas legales mencionadas (la reelección consecutiva y la supresión de los plurinominales, así como la pretendida desaparición del INE) la evolución apunta a un nuevo partido de Estado, como lo fue el PRI durante décadas, que controla todo y donde todas las fuerzas políticas y de clase se expresan. Un partido de “todo el pueblo”, como también se declaraba el PCUS. Y el dominio de la ideología de “la revolución mexicana” contra la que luchaba Revueltas que subordinaba a todos, incluida a la izquierda que se reclamaba socialista y comunista al PRI, y que buscaban siempre conseguir candidaturas “de izquierda” pero dentro del PRI.

Y por supuesto, está la crisis de Morena, incluyendo las definiciones de AMLO contra el feminismo, la diversidad sexual y los movimientos ambientalistas. Pero además de las contradictorias posiciones políticas de un gobierno de “progresismo tardío” que mantiene líneas centrales del neoliberalismo, del extractivismo, megadesarrollos, militarización entre otros elementos, la falta de democracia en un partido que nació para llevar a AMLO a la Presidencia y que sirve exclusivamente para los procesos electorales imposibilita un cambio de curso y de carácter del mismo. No es solamente el verticalismo presidencialista que domina al partido, sino que incluso en el terreno electoral la definición de las candidaturas se ha convertido en un caso más de evidencia de falta de democracia.

Por eso también es que es ilusorio el intento de algunos “morenistas” que se dicen de izquierda e incluso socialistas de cambiar, de transformar al partido. Es la misma historia de muchos de ellos que dentro del PRD también quisieron transformarlo, cuando la ruptura de esta corriente proveniente del priísmo, ha fundado partidos, PRD primero y Morena después que constitutivamente y por su carácter de clase están fuera del campo de la izquierda socialista y de la clase trabajadora. Han sido instrumentos, vehículos, que han llevado a las derrotas del PRI y al desfonde del PRIAN pero no representan una perspectiva de futuro para la izquierda socialista y el pueblo trabajador.

 Las 3 iniciativas de AMLO

Viendo ya los resultados de las elecciones intermedias, AMLO ha anunciado su intención de tres reformas centrales que de diversas maneras confirman una continuación del proyecto neoliberal, aunque parezcan ofensivas de luchas contra la derecha.

Según dijo serían, en primer lugar, otra reforma sobre la cuestión energética, para fortalecer a la CFE, en la lógica de la planteada para la Ley de la Industria Eléctrica en pleito en la Suprema Corte sin llegar a la abrogación de la reforma energética. En segundo lugar, colocar a la Guardia Nacional bajo el control de la SEDENA. Y en tercer lugar la reforma electoral, que implica la reforma del INE y la supresión de las diputaciones de representación proporcional (las listas plurinominales).

Para la cuestión energética si algo se propusiera reformar de la Constitución sin acabar con la reforma de Peña Nieto, implicaría buscar acuerdos en el Congreso, sobre todo con el PRI (al cual ya se lo planteó públicamente) para conseguir la mayoría calificada. Para algunos analistas ligados a los organismos empresariales es una señal de que en la segunda parte del sexenio AMLO será más “amable” con la iniciativa privada en este terreno. O como parte de la preocupación que algunos expresan de tratar de reganar a la “clase media”. Si no la consigue se usará como propaganda contra la derecha en la perspectiva de las elecciones del 2024. El propio AMLO ha dicho que aunque no tenga la mayoría calificada está obligado a proponer la reforma constitucional para “no parecer que soy cómplice”. El 10 de junio, inmediatamente después de las elecciones, anunció las 3 iniciativas poniendo énfasis en la relativa a la cuestión energética al mismo tiempo que aseguraba a empresarios reunidos en el Consejo Mexicano de Negocios que no se les aumentarían impuestos. “Quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar ninguna acción que afecte al sector privado, al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto al desarrollo del país” dijo AMLO. Por separado, pero el mismo día, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, más allá si los partidos aliados a Morena cuentan con la cantidad de diputaciones suficiente para hacer una mayoría calificada y se pueda concretar esta modificación “sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo” afirmó. En la mañanera de ese día dijo que las iniciativas “sí son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen”.

El sentido político de esta operación lo dejó claro al decir: “Voy a mandar la iniciativa y no va a haber mayoría calificada. ¿Quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazarla, en el caso que sucediera así. Entonces, queda de manifiesto que no son representantes populares, que son representantes de grupos de intereses creados”.  

En la mañanera del 14 de julio AMLO explicó que esta iniciativa otorgará a la CFE la capacidad de producir y distribuir el 54% de la demanda nacional de energía y el resto (46%) el sector privado. Detalló que “vamos a plantear que el Estado pueda hacerse cargo de 54 por ciento del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal puede aportar 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho”. Para asegurar que la reforma queda en el marco de la reforma privatizadora agrega “vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la CFE y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la CFE. Es darle un trato especial a la CFE porque, si no, es sancionada y se le considera monopolio por el instituto de la competencia, que defiende a las empresas particulares”. Porque previamente señala que “los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la CFE”.

Al terminar este proyecto de resolución ha ocurrido ya la votación en la Cámara de Diputados el 17 de abril de 2022 donde se rechazó la iniciativa presidencial de reforma eléctrica, al mismo tiempo que días antes en sesión de la SCJN no alcanzó la votación necesaria para considerar inconstitucional de la Ley Eléctrica que previamente había conseguido aprobar AMLO en el legislativo. A reserva de analizar en más detalle  lo ocurrido (incluido la presión de empresas extranjeras y el embajador de EU) parece confirmarse el uso político electoral que AMLO pretendía darle a la iniciativa como una disyuntiva entre patriotas y traidores como serían los diputados de los partidos de derecha. 

La reforma para colocar a la Guardia Nacional bajo las órdenes de la SEDENA es más grave y puede conseguir el apoyo de la derecha pues está en la lógica de la militarización que desde Calderón, especialmente, han desarrollado los sucesivos gobiernos. Cuando se creó la GN una parte sustancial del debate fue que era la continuación de la militarización en la seguridad pública. En ese entonces, el gobierno insistió en que la GN sería un organismo civil, dirigido por civiles (primero Durazo y luego Rosa Icela Rodríguez como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública). Las consultas en “parlamento abierto” fueron una burla pues aunque la mayoría de los participantes se opusieron a la militarización, el resultado fue que la GN quedó a cargo de militares (aunque los titulares de la SSP fueran civiles) y se integró por elementos de la Policía Federal y elementos del ejército. La decisión iba en sentido opuesto al reclamo del movimiento de derechos humanos que desde dos sexenios atrás reclamaba el regreso del ejército a sus cuarteles y no a la seguridad pública y que en algún momento de su campaña el propio AMLO apoyó en sus discursos. La reforma que anuncia ahora AMLO es quitar ya toda fantasía sobre el control civil de la GN y ponerla abiertamente dentro de SEDENA. Los mandos del ejército han declarado que, de hecho, han tenido siempre el control de la GN y solo en cuestiones administrativas la SSP interviene. Es factible que la reforma de AMLO en este terreno consiga la mayoría calificada pues la militarización de la seguridad pública siempre fue la línea de la derecha neoliberal. Esta militarización, por otro lado, es acorde con la orientación seguida por AMLO ya no sólo en la presencia de las fuerzas armadas en las calles, sino también ocupando posiciones que antes eran de civiles, por ejemplo en el control de puertos y en la realización de obras como el aeropuerto de Santa Lucía y tramos del llamado Tren Maya.

La tercera iniciativa también es grave y agitada desde antes por la derecha aunque nunca se atrevieron a proponerla abiertamente en el terreno legislativo por ser profundamente reaccionaria: la supresión de las diputaciones de representación proporcional. Esta medida es parte del paquete de reforma electoral que incluye, sobre todo, el control o desaparición del INE. AMLO dice que se trata de convertir al INE en un órgano independiente que no sea controlado por la derecha para atacar al gobierno. El problema con estas reformas es que se piensan en función del interés de quien está en el gobierno actualmente. Es cierto que todo el discurso del periodo neoliberal sobre la “ciudadanización” es un sofisma porque no existen los ciudadanos “puros” sin posiciones políticas o ideológicas y menos el discurso neoliberal que contrapone ciudadanos a políticos. Peor aún pretender encontrar “ciudadanos” no interesados en la política ni comprometidos con la política y sin posición política que, sin embargo, deben organizar los procesos electorales de un país. Imposible. Por eso la integración del Consejo del INE con ciudadanos que no sean de partidos ha resultado una simulación pues al ser electos por la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios negocian cuotas de ciudadanos para cada bloque parlamentario. Pero la tentación de acabar con el INE dirigido por un Consejo de “ciudadanos”  es regresar al viejo periodo priísta en que era el gobierno, por medio de la Secretaría de Gobernación, quien controlaba el proceso electoral. Sale peor el remedio que la enfermedad. Es miopía política o falta de visión de Estado el hacer el cálculo hoy desde el control del gobierno actual (para quitárselo a la derecha que critica al gobierno) pensar que lo ideal es que el gobierno controle el proceso electoral subestimando el que en una o dos elecciones presidenciales más eventualmente el partido en el gobierno puede cambiar y le habrás dado a otro partido el control de proceso contra ti mismo. Después de los fallidos resultados de la consulta de revocación de mandato AMLO ha anunciado que su idea de reforma del INE sería que los consejeros fueran sujetos a elección popular.  Aunque estos candidatos no fueran postulados directamente por los partidos institucionales, la propuesta no parece eliminar la influencia y presión de los mismos pues al estar estos consejeros sujetos a elección implica campañas y propaganda llamando a votar por determinadas candidaturas.

Suprimir los plurinominales es también la tentación regresiva a los tiempos del PRI del “carro completo” del control absoluto -ahora sí de mayoría calificada- de los órganos legislativos. La Cámara controlada por el Ejecutivo. La “época dorada” del PRI antes de la Reforma Política de 1978. ¿Sería volver a la época priísta sin PRI o con un PRI reconvertido en Morena? Producto especialmente de las luchas en México desde 1968, el PRI se vio obligado a hacer la Reforma Política que permitió a la oposición de izquierda tener acceso a la Cámara, aunque fuera en forma minoritaria, por medio de la representación proporcional. Antes de eso, el llamado “sistema de partido único” implicaba que todos los Senadores eran del PRI y prácticamente toda la Cámara de Diputados. El 68 puso en crisis el sistema político y especialmente la elección presidencial de 1976 donde López Portillo fue el único candidato registrado (pues por primera vez el PAN no pudo presentar candidato por su propia crisis). La candidatura de Valentín Campa del PCM y apoyada también por nosotros fue una candidatura sin registro que por tanto no aparecía en las boletas electorales y no podía ser contabilizada pero que hizo evidente la farsa del sistema electoral. La Reforma Política, entonces, tuvo que reconocer la existencia de otras fuerzas políticas, especialmente de la izquierda, que estábamos fuera de la institucionalidad o incluso en la clandestinidad. El sistema de representación proporcional implica que reconoces la existencia de otras fuerzas, otros partidos, con el peso proporcional que tengan. El sistema uninominal lleva a la situación que un partido puede tener la mayoría en todos los distritos y otro partido puede estar en el segundo lugar en todos esos distritos y aunque representara el 49 por ciento de todos los votos no tener representación en el Poder Legislativo y otorgar al primero la totalidad de los escaños (como en realidad sucedía antes de la Reforma Política). O sea que al representar a un solo partido, el Poder Legislativo excluía antidemocráticamente la representación de cualquier otro partido. Como si ese partido tuviera el 100 por ciento de los votos. Por eso nuestra posición ante la Reforma Política era que el Poder Legislativo se integrara sólo por la vía proporcional, lo cual, por supuesto, priorizaba la representación partidaria (y no como ahora con el neoliberalismo que se prioriza al individuo, la candidatura individual, no importando el partido y el programa y favoreciendo el oportunismo y el chapulineo de un partido a otro). Al final, lo que se impuso fue un sistema mixto de integración parlamentaria por la vía directa y proporcional, 300 diputados por mayoría directa y 100 (ahora son 200) por la vía proporcional. El PRI calculó tener la mayoría de la Cámara por la vía de los 300 y dejar a toda la oposición los de representación proporcional de manera que ni uniéndose los 100 (o 200) le ganaban. A partir de 1988, el PRI perdió la mayoría absoluta de los distritos y la situación cambió. De nuevo, en esta visión cortoplacista, AMLO piensa que si hoy su partido y gobierno tiene la mayoría absoluta en el Congreso, no necesita la representación proporcional. De esa manera se volvería al PRI de la época de Echeverría en que sin tener representación de partidos de oposición, el PRI tenía el control absoluto del Legislativo. Reconvirtiendo por supuesto a Morena en el nuevo PRI. Si a eso le sumas la reforma que permite la reelección consecutiva de los legisladores (que se aplicó por primera vez en 2021) en el futuro inmediato consolidarías una casta legislativa inamovible de un solo partido. 

Más allá de la demagogia superficial que se hace sobre el desprestigio -bien ganado- por los partidos institucionales y el gasto que representan y los partidos “familiares” o partidos de temporada electoral como se ha degradado el sistema político electoral, la propuesta de suprimir la representación proporcional es tan antidemocrática que hasta algunos fervientes lopezobradoristas, como John Ackerman, se han pronunciado en contra. En realidad como hemos señalado antes (ver “Elecciones sin alternativa”) ciertamente se requiere una nueva reforma político electoral para imponer la representación proporcional completa y cambiar el sistema de partidos sacando el tema del dinero del reconocimiento de los partidos. Es decir, el reconocimiento legal de los partidos en función de sus programas ideológicos y políticos diferentes con personalidad jurídica y derecho a participar electoralmente pero sin otorgar financiamiento por este hecho. Es decir, tener partido por acuerdo político y no por el dinero que vas a recibir como partido. 

¿Antimperialismo en la política internacional del gobierno?

La definición del actual gobierno como parte del progresismo tardío que se vive en América Latina, así como el recurso de giros bonapartistas de este gobierno entre fuerzas sociales en conflicto, debe permitir entender estas mismas contradicciones en el terreno de la política exterior y algunas expresiones que han sido calificadas como antimperialistas.

Ciertamente destacan algunos aspectos positivos como la recuperación -abandonada por los gobiernos neoliberales- de la política hacia Cuba. Con motivo de la SELAC, López Obrador aprovechó las fiestas de la independencia de México para dar un lugar destacado a Cuba con la presencia del propio Presidente Díaz Canel sugiriendo el fin de la OEA por su papel como instrumento de EU y reclamando el fin del bloqueo contra Cuba. Durante la pandemia se ha fortalecido la relación con Cuba contando en 2020 en los peores momentos del auxilio de médicos cubanos en México. 

La campaña del grupo Lima (donde participaba México con Peña Nieto) contra Venezuela ha cambiado y ha cesado el hostigamiento por parte de México.

Con motivo de la iniciativa de reforma eléctrica inició una campaña mediática muy fuerte contra las empresas españolas que se beneficiaron con la reforma neoliberal de Peña Nieto hablando incluso de una “pausa” en las relaciones con España, además de que ya anteriormente había hecho esta ofensiva mediática cuando reclamó que el Vaticano y el Rey de España pidieran perdón por los crímenes cometidos en su nombre durante la conquista.

Los cabilderos de las empresas europeas no cesaron de presionar a los diputados para que se opusieran a la reforma eléctrica e incluso el embajador de EU cada semana previa a la votación en la Cámara visitó al propio Presidente junto con funcionarios del gobierno de EU y empresarios yanquis para presionar contra la reforma eléctrica.

Pero al mismo tiempo AMLO ha logrado desarrollar una política “pragmática” con el gobierno de EU, tanto con Trump como con Biden. Incluso en el caso de Trump dándole simbólico respaldo cuando era candidato pues sin ser necesario y haciendo su primer viaje fuera del país, fue a Estados Unidos a entrevistarse con Trump con motivo de la firma del nuevo tratado de libre comercio, el TMEC. La firma del TMEC también es un elemento central de la política con respecto al imperialismo pues mantiene las condiciones de desventaja para México como economía desiguales que se denunciaron desde siempre con respecto al TLC firmado por Salinas. Hay que recordar que el levantamiento del EZLN en enero de 1994 es en esa fecha precisamente para denunciar la firma del TLC que el propio Marcos le llamó el acta de muerte contra los pueblos indígenas de México.

Junto con la firma del TMEC, es significativa la subordinación de México a la política migratoria de Estados Unidos donde incluso Trump usó esta firma como chantaje para que México se subordinara a su política migratoria. Esto es lo que ha llevado a México a jugar con la Guardia Nacional el papel de la “migra” yanqui pero en la frontera sur de México para impedir el avance de las caravanas de migrantes centroamericanos hacia la frontera norte (y junto con centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos y hasta africanos). Ha aceptado también el papel del “tercer país” (quédate en México es el slogan) permitiendo que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su respuesta en las ciudades fronterizas mexicanas.

Frente a la invasión rusa de Ucrania, después de un cierto titubeo, la posición de México, expresada así en la ONU, fue claramente contra la invasión y contra la guerra misma. La embajada de Ucrania agradeció la posición del gobierno mexicano y pidió que el apoyo se hiciera extensivo al envío de armas, a lo que AMLO se opuso argumentando estar a favor de salidas negociadas y no guerras. Entre los aliados del Presidente y de Morena obviamente existen “campistas” como el PT, de origen maoísta y que siguen teniendo relaciones especiales con Vietnam y Corea del Norte. La confusión campista les lleva a creer que deben alinearse con Rusia, olvidando el carácter imperialista de este país desde la restauración capitalista y el desplome de la URSS. Un par de días antes de la invasión, Putin argumentó a favor de la invasión acusando a Lenin y los bolcheviques de haber “inventado” a Ucrania como otra nación con derecho a la autodeterminación, en vez de la visión zarista que es parte del imperio ruso. Con esa confusión, algunos diputados, sobre todo del PT, constituyeron un “grupo de amigos de Rusia” en la Cámara de Diputados como se acostumbra frecuentemente ahí. Pero en esta caso, el conflicto en Europa es de otra proporción y así como el injerencismo de la embajada yanqui con respecto a la reforma eléctrica ha sido descarado, con el tema de Ucrania igual. En EU, otros legisladores plantearon que se les quitara la visa a los diputados mexicanos “amigos de Rusia” y finalmente el embajador Ken Salazar consiguió que se constituyera un “grupo de amigos de EU” con más diputados, incluso el presidente de la Cámara de Diputados que es de Morena.

LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS Y EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

Pero la continuidad de las políticas de los gobiernos neoliberales se extiende también al terreno de los derechos humanos y la seguridad pública. Esto es lo que significa la creación de la Guardia Nacional, como símbolo de la militarización de la seguridad pública como la desarrollaron Calderón y Peña Nieto. Y en este contexto, el papel central, básico, de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, para el gobierno de AMLO.  Es el ejército apoyo fundamental para el nuevo gobierno y la relación es absolutamente correspondida. La detención en EU del General Cienfuegos pone en evidencia la descomposición del ejército y pese a tratarse no de cualquier soldadito, sino del antiguo Secretario de Defensa Nacional, AMLO explica el incidente como corrupción individual del General, pero insiste en deslindar a la institución como tal. Pero pese a ello, el gobierno mexicano interviene decididamente para conseguir que el general Cienfuegos regrese a México donde supuestamente sería juzgado lo que nunca sucedió.

La contradicción del progresismo tardío y su transición pactada en el terreno de los derechos humanos, expresada en las promesas de campaña y la realidad del nuevo gobierno es que debería responder a los reclamos de decenas de miles de víctimas, pero que no responde por los límites no escritos que le imponen las condiciones del pacto, especialmente por el papel del ejército, tanto en los crímenes como con respecto a ser el sostén del nuevo gobierno. 

Esta política tiene varios elementos contradictorios. AMLO insiste en que nuca volverá a haber represión y que nunca se volverá a usar así a las fuerzas armadas y la policía. Al mismo tiempo, sin embargo, crea la GN y avanza la militarización. El debate sobre el mando civil de la GN, surgió nuevamente ante la renuncia de Durazo como Secretario de Seguridad Pública (para irse de candidato a Gobernador de Sonora). Fue Durazo quien estuvo a cargo, precisamente, en el segundo semestre del 2018, entre las elecciones y la toma de posesión de AMLO de la organización de foros de consulta con víctimas de violaciones de derechos humanos para definir el programa del gobierno al respecto. Además de excluir a voceros que les parecían problemáticos, como fue el caso de Guillermo Gutiérrez Riestra y el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas, estos foros no dieron como resultado una nueva política, radicalmente diferente, en la cuestión de derechos humanos. Aunque Durazo fue sustituido por Rosa Icela Rodríguez, el control completo de la GN por parte del ejército ya está anunciado.

El caso es que, con una dinámica heredada de los anteriores gobiernos pero que no se ha revertido México está inmerso en una verdadera crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos por los crímenes del pasado no resueltos ni aclarados mas los casos que se acumulan ya durante el periodo del nuevo gobierno. Y como en otras cosas, especialmente los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, el gobierno de López Obrador insiste  cada vez más en negar la realidad de esta crisis y decir que tiene “otros datos” y desacreditar a organismos de defensa de los derechos humanos, como invenciones neoliberales y manipulados por la derecha para combatir a su gobierno y recientemente extendiendo también esta descalificación a organismos internacionales, incluso de la ONU, a diferencia de la actitud tomada al inicio, por ejemplo con respecto al GIEI para el caso Ayotzinapa. El extremo ha sido recientemente el rechazo al informe del Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas. La crisis humanitaria tiene varias vertientes desde la violencia contra las mujeres y el feminicidio hasta las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos atribuidos al crimen organizado, pasando por la crisis forense ante el cúmulo monstruoso de cadáveres sin identificar o en fosas clandestinas, la persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como contra migrantes y las caravanas que pretenden llegar a Estados Unidos, pero ciertamente la desaparición forzada de personas constituye un caso especialmente grave, incluso en su parte vinculada a la trata de personas. Tanto por la herencia sin resolver de desaparecidos políticos de la mal llamada “guerra sucia”, básicamente los denunciados por Rosario Ibarra y el Comité Eureka, como por los nuevos desaparecidos desde la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón que suman decenas de miles de personas. La relevancia del tema de la desaparición forzada de personas es debido tanto a la magnitud del problema como porque incluye el caso paradigmático de los 43 de Ayotzinapa cuya fuerza, autoridad moral y capacidad de movilización le ha permitido tomar la estafeta que tuvo Eureka en los años 80  como vanguardia de esta lucha.

Además de las contradicciones que sujetan al gobierno de AMLO a una visión binaria de que todo conflicto social es parte de la lucha de la derecha contra su gobierno, sin entender que incluso se trata de una crisis que viene desde antes de su llegada al gobierno pero que se complica ahora por su desdén y su compromiso con las fuerzas armadas que son parte central del problema especialmente en los casos de desaparición forzada de personas pero también de tortura, hay problemas que se arrastran desde el ámbito mismo de la lucha por los derechos humanos.  

En las últimas décadas, en la medida que la causa de los derechos humanos fue consiguiendo cada vez mayor legitimidad institucional, se fue delineando desde la academia y los organismos internacionales un cierto paradigma en la llamada justicia transicional que incluía elementos como la reparación del daño, la seguridad de la no repetición y la disculpa de las instituciones del Estado por la comisión de crímenes pasados. En lo que parecerían algunos elementos de la política del nuevo gobierno y eventualmente un nuevo régimen político, se ha puesto énfasis en los nuevos elementos que deberían ser complementarios de la justicia, pero que vienen en detrimento precisamente de la justicia a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Lo anterior especialmente en relación a los crímenes de Estado relacionados con la desaparición forzada de personas y por tanto, arrestos ilegales, tortura e incluso ejecuciones extrajudiciales.

Aunque se trata de alguna manera de una respuesta a los importantes movimientos contra la represión, por la libertad de presos políticos, contra la tortura, por la presentación de los desaparecidos políticos, desde las instituciones internacionales se ha presionado a los Estados a incluir en sus constituciones y legislaciones el respeto a los derechos humanos. Obviamente es una conquista progresiva, especialmente frente a la práctica de dictaduras militares impuestas en la segunda mitad del siglo pasado. La institucionalización de estos derechos también han traído complicaciones por no coincidir necesariamente con la dinámica de los movimientos y organizaciones en lucha. Al mismo tiempo, es significativo que regímenes y gobiernos no precisamente democráticos como los de México han tenido que aceptar estas reformas constitucionales y legales (notoriamente la reforma constitucional de derechos humanos del 2011). Pero esto ha traído como consecuencia que el gobierno de AMLO tienda a priorizar el reconocimiento de las víctimas e incluso el pedir perdón a algunas víctimas pero sin resolver el problema de fondo de la justicia, especialmente en el caso de los desaparecidos políticos. Esta posposición de la justicia a cambio de reconocimientos ya fue denunciado por el comité Eureka desde el 10 de junio de 2019 en que se inauguró el museo en que se convirtió la antigua sede de la Federal de Seguridad y oficina de Nazar Haro, o sea un centro de tortura, en la calle de Circular Morelia en la CDMX.

En relación a la violencia contra las mujeres, pese a que en los años previos se logró establecer legalmente la figura del feminicidio como delito y la ley por una vida libre de violencia, la política del nuevo gobierno parece limitarse a la paridad en el ejercicio de órganos de gobierno. De esa manera, se ha destacado desde el inicio el establecimiento de un gabinete federal prácticamente paritario y un gran avance en cuanto a la composición de las cámaras legislativas en cuanto al porcentaje de mujeres legisladoras. Pero obviamente, la paridad en cargos de gobierno y de legislatura no es garantía de políticas públicas con perspectiva de género, como se dice actualmente y menos de perspectiva feminista. Por ello ha sido frecuente un papel conservador, reaccionario, aliado con la Iglesia incluso, de mujeres legisladoras en general, pero de Morena en particular. Pese a la retórica lopezobradorista de la supuesta disputa entre liberales y conservadores, en realidad la posición del propio Presidente en este terreno es abiertamente conservadora e incluso religiosa.  Por ello su permanente subestimación de la gravedad de la violencia contra las mujeres (que según “sus números” ha disminuido con su gobierno) o la idealización del papel de la familia (diciendo que la violencia intrafamiliar durante la pandemia no ocurre en México pues la familia mexicana es muy solidaria) y una política pública que disminuye recursos a los programas e instituciones de apoyo a las mujeres. Toda esta visión conservadora que viene desde la Presidencia impacta por supuesto al conjunto de programas del gobierno. La ex Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, ha agregado otro elemento de diferencias internas en las concepciones del gobierno al denunciar que ella misma ha sido víctima de misoginia.

Volviendo a la política con respecto a los crímenes de Estado como las desapariciones forzadas, decimos que se ha puesto el énfasis más que en la justicia, en los otros tres elementos antes señalados.

El tema de la reparación del daño es parte de una larga discusión que hoy está haciendo crisis con la crisis de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas). Durante el periodo en que Rosario Ibarra fue Senadora (2006-2012) y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado fue también el periodo que se aprobó la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos y que al mismo tiempo Rosario Ibarra peleó infructuosamente porque se aprobara la ley sobre desaparición forzada que era complemento necesario a la reforma constitucional.  Por al acuerdo de Sicilia con el gobierno de Calderón, avalado por el PRI, después de la marcha nacional encabezada por Sicilia que tuvo su culminación en el choque del movimiento con Sicilia en Ciudad Juárez y que le llevó finalmente al acuerdo de Chapultepec, se privilegió en el Senado la Ley de Víctimas que se acordó con Sicilia en vez de la ley sobre desaparición forzada que proponía Rosario Ibarra. En este contexto nació la CEAV.

En este periodo la Senadora Rosario Ibarra, polemizó mucho en el terreno institucional, como antes lo había hecho desde el movimiento, en relación al concepto de reparación del daño. La experiencia de Rosario Ibarra, así como del comité Eureka, les llevó a oponerse a intentos varios del gobierno, especialmente de la Secretaría de Gobernación, de pagar “indemnizaciones” a familiares de desaparecidos a cambio de la aceptación de que éstos se encontraban ya muertos. Para Rosario Ibarra, esta “reparación del daño” en términos económicos era absolutamente inaceptable. Inaceptable en términos morales (en vez de que el Estado asumiera haber ejecutado a los desaparecidos, se dejaba la carga y responsabilidad de hacerlo a los familiares), en términos políticos pues implicaba el abandono de la concepción de “vivos los llevaron, vivos los queremos” pues las evidencias no eran de un asesinato sino de otro delito, diferente, el delito de desaparición forzada y en términos legales pues el delito de desaparición forzada, a diferencia del de homicidio, no prescribe y por tanto el caso y su búsqueda no pueden cerrarse.

Varios elementos novedosos ayudaron a que finalmente el concepto de “reparación del daño”, además de las elaboraciones teóricas hechas desde la academia y las instituciones internacionales y ya no desde los comités de familiares de desaparecidos políticos, finalmente se impusiera y quedara establecido en las legislaciones correspondientes como un derecho para las víctimas o más bien para familiares de las víctimas. La diferencia central que explica la legitimación de la “reparación del daño” sería que con la “guerra al narcotráfico” y la militarización aunque el número de personas desaparecidos creció exponencialmente (de alrededor de 500 personas según la lista de Eureka a decenas de miles desde los gobiernos de Felipe Calderón, Peña Nieto y el actual) la absoluta mayoría de estos desaparecidos fueron ubicados como daños colaterales de la guerra y ya no como militantes políticos. Es decir, la distinción entre los desaparecidos políticos del primer periodo del PRI, lo que equivocada y mediáticamente se llama el “periodo de la guerra sucia”, pero que bien podría llamarse del terrorismo de Estado contra la oposición, y las decenas de miles de desparecidos ocurridos en el marco de la guerra actual que aunque tiene su origen en decisiones políticas de Calderón y es reflejo de la descomposición del Estado, no representan desaparecidos políticos, sino personas desaparecidas que son en general parte de la “sociedad civil”. La excepción de este periodo, obviamente son los 43 de Ayotzinapa que nuevamente se trata de desaparecidos políticos. Por eso no es casual que de la misma manera que las madres del Comité Eureka rechazaron en su momento, “indemnizaciones económicas” por sus hijos desaparecidos, las madres y padres de los 43 las han rechazado también categóricamente usando las mismas palabras: no queremos dinero, queremos a nuestros hijos. Por supuesto que con el paso del tiempo se ha ido planteando que la “reparación del daño” no se limita al aspecto económico, sino que debe ser “integral” pero lo que ha distorsionado todo este aspecto ha sido el dinero para las víctimas.

El que la absoluta mayoría de los desaparecidos de la guerra de los neoliberales, no sean militantes políticos ni sus familiares, explica también por qué pudo avanzar esta idea de la “reparación del daño”. Por la crueldad de esta guerra, muchos de los familiares buscan más que a sus familiares vivos (y no usan la consigna de “vivos los llevaron, vivos los queremos”), los restos de sus familiares asesinados para tener la certeza de su muerte y poder darles sepultura. Por eso muchos familiares organizados priorizan la búsqueda de restos, o fosas clandestinas, más que la responsabilidad del Estado o a sus propios familiares con vida, como insistimos nosotros (desde Rosario Ibarra y varios comités como los de familiares de Tamaulipas que coordinaba Guillermo Gutiérrez). Pero como la misma búsqueda de restos es un proceso muy largo, difícil y complejo nuevo problemas se les han presentado a estos familiares, en vez de los que tenían los familiares de desaparecidos políticos que podían seguir siendo víctimas de acoso policiaco por su parentesco.  Estos desaparecidos que no son militantes clandestinos de organizaciones político militares, son trabajadores o empleados con derechos laborales, seguridad social y otras diferentes condiciones. Los patrones de estos trabajadores desaparecidos rápidamente se despreocupan de sus derechos y compromisos. Y los familiares no pueden tener acceso a seguridad social, seguros de vida o incluso herencias, pues el desaparecido está en un limbo legal. Por eso, estos familiares encuentran de utilidad que el Estado pueda entregarles actas de defunción de sus familiares desaparecidos o que el Estado pueda otorgarles un apoyo económico para continuar la búsqueda de sus cuerpos (lo que en realidad es una obligación del Estado y no responsabilidad de los familiares). Ciertamente implica la superación de la categoría anterior de “personas ausentes”, pero en este caso la transición a definirlos como desaparecidos ha implicado la búsqueda de restos humanos.

De esta manera se ha pervertido la lucha por los desaparecidos en México. Los familiares deben pelear porque la CNDH les reconozca su carácter de víctimas para que con ese reconocimiento la CEAV pueda otorgarles un apoyo económico. Obviamente ese apoyo es útil para familiares que están en la búsqueda de los cuerpos de sus desaparecidos, pero la responsabilidad del Estado frente a la existencia de decenas de miles de desaparecidos es cambiada por la pelea a ser reconocida como víctima y a contar con un apoyo económico. Y como tramitar este reconocimiento y el apoyo de la CEAV, se convierte en un engorroso trámite burocrático o revictimización, gente humilde y con poca experiencia y no organizada para la lucha termina recurriendo a abogados que se dedican a tramitar estos reconocimientos. 

En medio de la pandemia, con la crisis económica al mismo tiempo, con la política de AMLO de austeridad y recorte presupuestal, especialmente en temas como derechos humanos, la CEAV y este mecanismo han hecho crisis. El número de víctimas está en continuo crecimiento y la disminución del presupuesto imponiéndose radicalmente, incluso con la supresión de varios fideicomisos relacionados, este camino del Estado para enfrentar la crisis de derechos humanos, especialmente por la desaparición forzada y la violencia apunta a un camino sin salida. La crisis y la política de AMLO pueden acabar con el sistema de la reparación del daño en términos económicos, pero no a favor de otra salida que implique la justicia para los familiares y víctimas de esa violencia. 

El otro elemento, además de la reparación del daño, de esta concepción sobre los derechos humanos es la del reconocimiento de las víctimas por parte del Estado y por tanto el acto de contrición por parte del Estado de los crímenes cometidos. 

La búsqueda de familiares de restos de sus desaparecidos ilustra otro aspecto de la crisis humanitaria que se ha provocado con la violencia desatada. Una crisis ya no solamente por el gigantesco número de personas desaparecidas y otras ejecutadas sino ahora una crisis forense por el gran número de cadáveres sin identificar, así como de fosas clandestinas que se ejemplifica en situaciones dantescas como la circulación de camiones, sin rumbo, repletos de cadáveres.

A estos problemas de la dinámica de los derechos humanos institucionalmente considerados, se agrega también que la llegada de Rosario Piedra, usando el prestigio de su madre, a la Presidencia de la CNDH ha significado que contra lo que se esperaba de ella, ha terminado subordinándose al gobierno federal cuando constitucionalmente la CNDH debería vigilar por el respeto a los derechos humanos precisamente por parte del gobierno federal. De esta manera la dinámica de que la CNDH se subordinaba a los gobiernos federales en turno, fueran del PRI o del PAN, finalmente se mantuvo con respecto al gobierno de Morena, cuando habría habido una oportunidad de cambiar esa situación. Sin ese contrapeso institucional, no como parte del gobierno sino como una institución autónoma como es definida por la Constitución, el gobierno de AMLO ha podido transcurrir manteniendo su compromiso con las fuerzas armadas incluso en temas como las violaciones a derechos humanos del pasado hasta el punto de cuestionar que organismos internacionales señalen las inconsecuencias y omisiones del gobierno mexicano en el respeto a los derechos humanos. El camarada José Martínez Cruz ha dado seguimiento a esta situación y evaluación del gobierno mexicano en cuanto a los derechos humanos, de cuyos escritos nos apoyamos a continuación. 

Esta realidad es un lastre. La reciente visita del comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas lo puso en evidencia. En su informe preliminar el comité reconoció como un buen signo la disposición del Estado para abrirse al escrutinio; también saludó las acciones que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación del mecanismo extraordinario que busca alternativas para enfrentar el rezago forense. Sin embargo, al evaluar el sistema de justicia, el comité enfatizó que las desapariciones caen en el paradigma del “crimen perfecto” pues las probabilidades de que los perpetradores sean sancionados siguen siendo prácticamente nulas.

La citada evaluación internacional no debería dejar dudas sobre cómo la justicia no está cambiando: la impunidad permanece y esa continuidad es en sí misma un riesgo para los derechos humanos, al incentivar que las violaciones se repitan.

Lo establecido por el mismo comité sirve para entrar al segundo tema, ya que al final de la visita sus integrantes señalaron que el modelo de seguridad adoptado este sexenio no está contribuyendo a revertir la crisis. La alusión es clara: el comité se refiere a un modelo cuya nota distintiva es la militarización.

Vale la pena extenderse sobre este punto para, con objetividad, aquilatar el calado del fenómeno ante el que estamos, contrastando la realidad con el mensaje que el presidente de la República emitió por los primeros tres años de su gobierno. Ahí, el primer mandatario afirmó que los señalamientos sobre que en esta administración se ha militarizado el país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. También sostuvo que en el presente no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra ni se les ha pedido que opriman a la sociedad o que se involucren en acciones represivas.

Adicionalmente, refirió que el actual despliegue militar se ha realizado sin violaciones a derechos humanos y, por último, aludió al origen histórico del Ejército mexicano, sugiriendo que esta genealogía también permite minimizar los riesgos.

Pero la preocupación por la creciente militarización tiene lógica: se sustenta en las propias cifras oficiales, que evidencian un incremento inédito en el despliegue militar. También parte de la buena fe: en el caso de las organizaciones civiles de derechos humanos, a partir del acompañamiento concreto a víctimas, expresamos esta misma preocupación en el sexenio de Fox, cuando se otorgó amnistía de facto a los elementos castrenses por los crímenes del pasado y se les entregó la PGR; en el sexenio de Calderón, cuando se inició el cruento aumento de la violencia por la política de guerra; y en el sexenio de Peña Nieto, cuando se intentó imponer la Ley de Seguridad Interior.

Advertir esta realidad, por otro lado, no implica afirmar que en el presente se le hayan conferido a las Fuerzas Armadas órdenes de hacer la guerra, oprimir a la sociedad o involucrarse en acciones represivas. Esto no es lo que se señala. Cuando se afirma que se está profundizando la militarización del país se alude, sobre todo, a que se ha llevado a una nueva fase el proceso iniciado hace décadas, de innegable expansión del protagonismo militar en las políticas de seguridad y en la vida pública, sin que existan contrapesos civiles robustos que aseguren controles democráticos mínimos.

Desde esta perspectiva, la afirmación de que el despliegue militar del presente se ha dado sin que ocurran violaciones a derechos humanos es también problemática, porque dada la opacidad castrense, que se muestra por ejemplo en la renuencia a transparentar cabalmente los informes de uso de la fuerza a los que obliga la ley en la materia, y dada la ausencia de la debilitada CNDH en el monitoreo estricto de este tema esencial, no puede saberse con plena certeza si esto está ocurriendo. Y como cada vez se documenta más en las fronteras, la vergonzosa política de contención militar de la migración puede generar lo contrario.

Traer a colación el origen revolucionario de las Fuerzas Armadas tampoco basta para relativizar la preocupación que causa la militarización en curso. Ese origen no impidió que durante el siglo XX la lealtad de las Fuerzas Armadas al régimen de partido hegemónico se tradujera en importantes cuotas de autonomía, que desembocaron en episodios de corrupción y violación a derechos humanos, frente a los que por regla general el poder civil fue complaciente. Con ese origen, es el mismo ejército que participó en masacres como la del 2 de Octubre de 1968 o la represión a la huelga ferrocarrilera de 1958-59 para citar dos casos.

No hay duda: estamos ante un proceso de profundización de la militarización que despierta fundadas preocupaciones. No se advierte que ninguna institución civil pueda ser contrapeso de las Fuerzas Armadas más allá del actual presidente, lo que a todas luces es insuficiente dado el calado y la permanencia de los cambios legales que se han impulsado. Desde esta perspectiva, cabe preguntar si, después de este sexenio, alguna instancia civil externa tendrá la fuerza necesaria para investigar los casos de violaciones a derechos humanos o de corrupción en los que pueden incurrir los elementos castrenses.

La militarización, además, no ha revertido la violencia: son más de 20 mil desaparecidos ya en este sexenio y cerraremos este año con un acumulado de homicidios dolosos que sigue en niveles inaceptables, por más que esta situación quiera normalizarse. Esto no puede soslayarse.

La deriva decepcionante de la procuración de justicia y el creciente protagonismo castrense no son una invención. A mitad de sexenio, conviene reconocer que esto es así para seguir exigiendo cambios de fondo en la justicia y para señalar los peligros latentes en propuestas ya anunciadas, como la intención de reformar la Constitución de nuevo para entregar a la Sedena por completo la Guardia Nacional.

El diagnóstico del propio Mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos señala que; “En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un total de 47 periodistas y 94 defensores de derechos humanos han sido asesinados; de todos ellos, nueve estaban incorporados al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. El funcionario reconoció que, en el caso de los homicidios de periodistas y defensores, el nivel de impunidad es de 89.3% y de 99%, respectivamente.

Detalló que de los 47 homicidios de periodistas --cinco mujeres y 42 hombres--, sólo en cinco casos se han dictado sentencias, en tanto que, de los 94 crímenes de defensores, únicamente en dos hay sentencias.

En los casos de asesinatos de periodistas, 33 se encuentran en fase de investigación, siete están judicializados y en dos se dictó el no ejercicio de la acción penal.  Hasta ahora, por las cinco sentencias dictadas, hay nueve personas detenidas, y en 18 casos más hay 45 personas arrestadas.

En cuanto a los asesinatos de defensores, de los 94, 71 se encuentran en fase de investigación y 21 están judicializados, en tanto que por las dos sentencias hay cuatro personas detenidas, y en otros 28 casos hay 92 arrestadas. 

En el Mecanismo de Protección se encuentran inscritas mil 506 personas, de las cuales 495 son periodistas y mil 11 defensores, a casi tres años de la actual administración “el dato más alarmante” es que para los periodistas “el principal agresor, el principal factor de riesgo, asociado fundamentalmente en el ámbito municipal con grupos delictivos”, está entre los servidores públicos.  

De los 47 asesinatos de periodistas, el 61% se concentró en seis entidades: Sonora (ocho), Guerrero (cinco), Veracruz, (cinco), Michoacán (cuatro), Estado de México (tres) y Oaxaca (tres).

De los 47 periodistas asesinados, 15 de ellos cubrían la sección policiaca en sus respectivos medios; ocho daban cobertura a la sección política; siete información diversa; siete información deportiva y cultural; cinco daban seguimiento a denuncias ciudadanas; cuatro a información comunitaria, y sólo en un caso la víctima hacia periodismo de investigación.

En cuanto a las agresiones reportadas que motivaron que los 495 periodistas fueran incorporados al Mecanismo, 341 sufrieron amenazas, 106 agresiones físicas, 34 robo, 33 persecuciones, 18 privación de la libertad y ocho, secuestro.

Como presuntos responsables de las agresiones, 43.1% de los beneficiarios periodistas identifican a servidores públicos, 33.5% a delincuencia organizada, en tanto que 23.4 no identificó a sus agresores. 

De acuerdo con el reporte presentado, que comprende de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, las entidades en las que se concentra el 54% de las incorporaciones de periodistas y que serían las más riesgosas son Ciudad de México, con 76 casos; Guerrero, 56; Tamaulipas, 46; Quintana Roo, 41; y Sonora y Veracruz, con 26 incorporaciones cada uno.

El informe menciona que de las personas que se encuentran inscritas en el Mecanismo, 61.3% dan cobertura a temas políticos y 46.5% a la sección policiaca.

En el caso de los 94 homicidios de personas defensoras --23 de ellas mujeres y 71 hombres--, 67% ocurrieron en Guerrero (21), Oaxaca (14), Chihuahua (ocho), Chiapas (ocho), Veracruz (seis) y Michoacán (seis).

El informe de la Unidad de Derechos Humanos resalta que de las 94 víctimas, 28 estaban enfocadas a la defensa del medio ambiente, 14 a la defensa de indígenas, 11 a los derechos de las mujeres, siete a la defensa de la población LGBTTIQ+; seis se dedicaban a la búsqueda de personas desaparecidas, tres a la defensa de migrantes y tres a la defensa de la niñez.    

En cuanto al tipo de agresiones a las mil 11 personas defensoras incorporadas al Mecanismo, 739 sufrieron amenazas, 184 agresiones físicas, 165 persecución, 52 robo, 21 privación de la libertad y seis, secuestro. 

En cuanto a los estados más peligrosos para las personas defensoras, 57% de este tipo de beneficiarios están en Ciudad de México, con 126 casos; Oaxaca, 123; Chiapas, 93; Michoacán, 92; Jalisco, 79, y Estado de México, con 70 defensores incorporados al Mecanismo.

Tras alertar que una persona defensora puede defender uno o más derechos, el documento apunta que, en cuanto al área de defensa, 67.4% de los beneficiarios se dedican al acceso a la justicia, verdad y reparación; 25.2% a la defensa del medio ambiente; 22.8% a los derechos sociales, y 10.6% a la defensa de personas migrantes. 

Pero lo más grave por los elementos de continuidad que pueden tener después de este sexenio es que el tema de la militarización es ahora más complejo. López Obrador niega que haya militarización porque dice que no ha declarado la guerra contra la población civil, como hizo Calderón o porque él haya ordenado a las fuerzas armadas reprimir alguna manifestación (aunque la GN sí ha reprimido caravanas de migrantes). Pero el problema de la militarización, además de los números que ofrecimos arriba, es el papel protagónico que AMLO ha venido otorgando a las fuerzas armadas en la composición del nuevo régimen, colocándolos en posiciones del aparato del estado que antes eran para civiles. Es decir militarización no solamente por las funciones de seguridad pública en la calle, sino por su creciente participación en otras funciones del Estado y su acceso a una parte de la renta pública apuntándolo a un nuevo sector de la clase dominante y no solamente a su aparato represivo. Es decir, como ya señalan diversos analistas, relevantemente Raúl Zibechi, no sólo militarización sino militarismo del Estado. Por ejemplo, véase esta nota de la revista Proceso:

"Más poder...sin rendir cuentas": Patricia Dávila en Proceso 2317, 28 de marzo de 2021:

"partió del cambio radical del presidente López Obrador frente a los militares respecto de lo que dijo durante su campaña presidencial, cuando prometió regresarlos a sus cuarteles después de dos sexenios de estar al frente de tareas de seguridad y combate al narcotráfico.

....

"Hoy las Fuerzas Armadas, convertidas en Guardia Nacional, se ocupan de labores de seguridad nacional, pero también de tareas de migración, control de puertos, la construcción de un tramo del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía, de cuarteles para la Guardia nacional y de los bancos del Bienestar; a su vez reparten vacunas contra el Covid 19 y distribuyen libros de texto, entre otras funciones”.

No sólo es la asignación de tareas sino también el usufructo de esas obras. A la decisión de entregar los beneficios económicos del aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente determinó que los recursos que se obtengan del Tren Maya ya no pasarán por la Secretaría de Hacienda, sino que irán directamente para el ejército y los casi mil 500 kilómetros de ferrocarril serán patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"La cesión de obras y tareas a las Fuerzas Armadas ha causado tanta polémica que, por ejemplo, Javier Jiménez Espriú renunció como Secretario de Comunicaciones y Transportes en desacuerdo por la asignación que el Ejecutivo hizo a la Semar  de encargarse de los puertos del país; y el actual titular de esa secretaría, Jorge Arganiz Díaz Leal, expresó el mismo malestar durante su participación en la conferencia "130 años de la SCT, 65 años de vivencias" (cuyo video salió de circulación), en donde dijo además que los ingenieros civiles -y no los ingenieros militares- son quienes deben realizar las obras.

"A lo mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros militares" agregó Días Leal."

 

El tema es muy complicado pero muy preocupante y empieza a ser notado por diversos analistas incluso algunos señalándolo como una dinámica no sólo en México sino de otros gobiernos. Cuando decimos que la definición de un nuevo régimen político en México implica reconocer qué sectores de la clase dominante se van convirtiendo en hegemónicos en el aparato del Estado esta dinámica de militarización o de militarismo de Estado tendría que ser tomada en cuenta como parte posible de esa recomposición. Incluso como señalamos permitiendo que las fuerzas armadas tengan acceso directo a partes de la renta del estado y sentando un precedente que una visión cortoplacista subestima la fuerza que hoy se le entrega a las fuerzas armadas por su compromiso -mutuo- con AMLO pero que frente a otro gobierno en el futuro las garantías de lealtad institucional pueden variar.

Tratándose de un tema abierto todavía a la reflexión y debate conviene leer lo que ya han escrito al respecto, por ejemplo los siguientes autores:

Gilberto López y Rivas: “¿Militarización en México? Sí, y militarismo” en La Jornada del 20 de agosto de 2021. Raúl Zibechi: “La militarización del Estado” en La Jornada del 9 de abril del 2021. Erubiel Tirado: “Plan de SEDENA: entre el golpismo y la tutela militar” en Proceso 2338 del 22 de agosto de 2021. También Raúl Zibechi :“La militarización, fase superior del extractivismo” en La Jornada del 26 de marzo de 2021. Y como ejemplo de su concepción autonomista o zapatista, Raúl Zibechi: “Instituciones depredadoras” en La Jornada el 27 de agosto de 2021.

En Proceso del 15 de abril, Rafael Croda advierte en relación al ejército en un artículo sobre la “militarización de la 4T” ver el espejo venezolano sobre cómo puede extrapolarse el papel de las fuerzas armadas en el Estado, incluso al compartir la renta petrolera del Estado. Aunque la referencia a Venezuela puede ser parte de una visión difundida por la derecha que pretende relacionar a AMLO con Chávez, la dinámica puede ser cierta. Desde otra óptica, Luis Bonilla ha señalado en relación al gobierno de Maduro y su evolución actual algo similar en cuanto al desarrollo de la “burguesía bolivariana”. 

El hecho es que debido a los compromisos de AMLO con las fuerzas armadas y el respaldo que mutuamente se otorgan y esta dinámica de militarismo de Estado nos ofrecen un pronóstico pesimista sobre la crisis persistente de derechos humanos y su imposibilidad estructural de superarla si no hay una ruptura  con el papel de las fuerzas armadas y el ejército en las principales violaciones de derechos humanos en el terreno de la desaparición forzada de personas y en las ejecuciones y violencia reinante. En este sentido es determinante y paradigmático el movimiento de los 43 de Ayotzinapa pues pese a la libertad que ahora se ha dado a las actuaciones del GIEI, sigue habiendo una traba para la investigación, pese a que se haya desacreditado ya la “verdad histórica” de Peña Nieto y la supuesta ejecución e incineración los 43 en el río Cocula que se han comprobado como la “mentira histórica”, y esa traba para continuar la investigación y llegar realmente la verdad es el papel de las fuerzas armadas, tanto ejército como Marina que mantienen dificultades para que se tenga acceso a sus archivos. Sin embargo, como decimos la fuerza, autoridad moral y respaldo social de Ayotzinapa sigue siendo tal que es el movimiento que hoy puede cuestionar con éxito el papel de las fuerzas armadas en la represión en México y en particular en el caso de la desaparición forzada de personas.

Al recibir la medalla Belisario Domínguez en septiembre de 2019 la compañera Rosario Ibarra en el mensaje para la ocasión que leyó su hija Claudia, colocó correctamente el reto en las manos del Presidente ya cansada de reconocimientos, al dejar la medalla en resguardo del propio Presidente con el encargo de que se la devolviera cuando le diera también la verdad y la libertad de los hijos desaparecidos. Para eludir esa responsabilidad, López Obrador instruyó para que se facilitara el que Rosario Piedra se hiciera cargo de la CNDH (como ya lo reconoció en una Mañanera después del fallecimiento de la compañera Rosario Ibarra) y así pasarle la carga de que ante los compromisos del gobierno con las fuerzas armadas, el fracaso para lograr la justicia apareciera no como responsabilidad del Presidente sino de Rosario Piedra y la CNDH. El lamentable papel de Rosario Piedra al frente de la CNDH que piensa que como militante de Morena le debe lealtad al Presidente aunque su cargo sea para vigilar al gobierno federal (y que ha preferido mejor perseguir, incluso penalmente, a quien como el camarada José Martínez Cruz  le critica su desempeño y señala los ocultamientos de la información del papel del ejército en el caso Ayotzinapa) ha convertido a la CNDH en inútil, incluso para resolver las demandas del movimiento que tiene que enfrentar el Presidente, pues se le ve sin capacidad y compromiso para defender los derechos humanos. Pero al hacerlo así no sólo debilita a la CNDH sino también el legado de su madre la compañera Rosario Ibarra. Con la muerte de Doña Rosario el 16 abril de 2022, el Comité Eureka se debilita aún más (además de que la edad de las demás Doñas también lo complica) por lo que decimos que el movimiento de los 43 es quien puede tomar ahora la vanguardia en la lucha por los desaparecidos y a quienes hay que apoyar decididamente, más en este momento en que el conflicto está trabado precisamente por el papel de las fuerzas armadas. Como PRT, además debemos mantener la lucha por los desaparecidos del Comité Eureka, empezando por Jesús Piedra y así defender el legado de Doña Rosario por fuera de los manejos e intereses carreristas institucionales. Tenemos también como PRT dos casos especiales que nos tocan entrañablemente: la lucha por el camarada José Ramón García Gómez, desaparecido en Cuautla, Morelos, el 16 de diciembre de 1988 en medio de la lucha contra el fraude de ese año y la lucha por Raquel Gutiérrez, hija de Alma Elizabeth Ruiz y del camarada Guillermo Gutiérrez Riestra, Memo, quien falleciera el 28 de febrero del 2022  y que encabezara el Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Tamaulipas. Raquel Gutiérrez Ruiz, tenía 19 años, cuando la secuestraron, desparecieron, el 1 de septiembre de 2011. 

¿HAY UNA 4ª TRANSFORMACIÓN EN CURSO?

La noción de Cuarta Transformación alude a las 3 revoluciones previas en México. Después de la revolución de Independencia, la guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Entonces, obviamente con el nuevo gobierno no hay una revolución. Pero, podríamos conceder sin aceptar, es decir pensar, en una Cuarta Transformación quizá no exactamente como los levantamientos revolucionarios pasados, sino en un proceso político que se expresa en una ruptura institucional, parecida a la ocurrida en otros países latinoamericanos. Por eso planteábamos ante el triunfo de AMLO en 2018, la propuesta de una Asamblea Constituyente, un congreso constituyente, que la podía proponer el nuevo presidente para desarticular todo el entramado legal y constitucional armado por los sucesivos gobiernos neoliberales. Crear con una Constituyente un nuevo "pacto social" como se dice jurídicamente, o sea nuevas reglas del juego institucional. Una transformación de ese tipo era posible de algún modo, en el momento de mayor apoyo a AMLO (los 30 millones de votos de julio de 2018), como incluso en otros gobiernos progresistas de AL se aprobó la reforma para constituir un Estado plurinacional, por ejemplo.

Pero si no hay un levantamiento revolucionario como en 1910 y tampoco hay una Constituyente convocada por la Presidencia, la posibilidad de una cuarta transformación revolucionaria desde abajo, es decir desde el movimiento sería la única posibilidad. Pero para ello es necesaria una condición que el actual gobierno no permite o no está interesado, es decir la autonomía política y organizativa del pueblo trabajador. 

Recuérdese la definición de Trotsky sobre lo que es una revolución (que no la limita a ciertas formas, armadas o no, o tampoco al éxito o derrota) para entender el problema de una "cuarta transformación" revolucionaria en México. Dice en La historia de la Revolución Rusa:

"El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación; la historia corre a cargo de los especialistas en este oficio: monarcas, ministros, burócratas, parlamentarios, periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos como nos lo brinda su desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos"

No puede haber una transformación revolucionaria sin la irrupción de las masas y por tanto con su expresión y organización autónoma, es decir como parte de un proceso de autoorganización que cuestiona lo establecido.

Por esas razones no llamamos a este gobierno el gobierno de la 4T, como a ellos les gusta llamarse. La 4T es un slogan publicitario, sin contenido serio correspondiente a lo que quiere decir 4T. No hay realmente una 4T.

Si nos preguntan si estamos a favor de una cuarta transformación revolucionaria decimos que efectivamente estamos por la nueva revolución, como lo hemos entendido desde siempre bajo la idea que se convirtió en título del libro de A. Gilly, es decir la revolución interrumpida.

El régimen bonapartista del siglo pasado surgió precisamente de esa revolución interrumpida. Lo que decimos a quien esté a favor de una cuarta transformación es que hoy en 2021 se requiere un partido revolucionario que no sólo dice estar contra el neoliberalismo, sino que es anticapitalista, feminista y ecosocialista. El partido Morena cuya composición marcada por la confluencia alrededor de AMLO de diferentes fuerzas burguesas con intereses a veces encontrados no puede llevar a cabo la cuarta transformación revolucionaria en México, porque ésta tendría que ser anticapitalista. Ya no hay posibilidades de una transformación revolucionaria que fuera de otro carácter cuando estamos viendo -como lo hemos estudiado en las Escuela de Cuadros celebradas durante la pandemia- que estamos al borde del colapso ecológico y no hay otra salida que una de carácter anticapitalista cuando está en riesgo no sólo la civilización, sino la humanidad y el planeta mismo.

Si no hay una 4T en curso, entonces ¿hay un cambio de régimen?, como dice AMLO.

¿Cambio de régimen o sólo cambio de gobierno?

Es necesario repetir la distinción que hacemos entre el Estado capitalista, el régimen político y el gobierno.  El Estado capitalista está determinado por las relaciones sociales de propiedad burguesa. Pero el Estado capitalista tiene diversas formas de gobierno y cada forma de gobierno expresa la historia de cada país y las relaciones de fuerza de las clases sociales en cada momento y por tanto, qué sectores de la clase dominante es hegemónica (porque la burguesía, como el proletariado, no es homogénea hay diversos sectores dependiendo de la historia, las regiones y ubicación en sectores de la economía). Esta forma de dominación particular es lo que llamamos el régimen político.  AMLO dice que hay ahora cambio de régimen.

Ciertamente podría haber un cambio de régimen político sin que deje de existir el Estado capitalista que lo sustenta.

En México hemos hablado de cambios de régimen sin necesidad de revolución social. Sí es posible. Durante el siglo pasado sostuvimos que después de la Revolución surgió un régimen bonapartista sui géneris, como diría originalmente Trotsky y luego el PRT apoyado en los escritos de Manuel Aguilar. Decimos que ese régimen bonapartista existió desde los años 30 hasta 1988.Con la crisis del 88 y el Pacto Salinas-Fernández de Cevallos surge el régimen de la oligarquía neoliberal que dura de 1988 al 2018, cuando se da el desfondamiento del PRIAN en el marco de las elecciones de julio de 2018. Es decir, con el triunfo de AMLO y la transición pactada pero con una gran legitimidad por ser el primer gobierno en décadas que no se impone por medio de un fraude electoral. Esta es la contradicción: un gobierno con gran legitimidad pero con una transición pactada.

Por cierto, tenemos que matizar también la distinción entre un régimen bonapartista, como el surgido de una revolución interrumpida (con un "equilibrio inestable" entre las clases en pugna) y giros o recursos bonapartistas de un gobierno de progresismo tardío (de hecho, giros bonapartistas son comunes en todos los gobiernos). En el caso mexicano actual esto se ve más pronunciado por el caudillismo y personalismo de AMLO.

El cambio de régimen implica un cambio en la composición de las clases dominantes, un reacomodo de qué sectores de la clase dominante se convierten en hegemónicos . Es claro el cambio entre el régimen bonapartista del PRI-gobierno al régimen de la oligarquía neoliberal, del PRIAN.

No está claro todavía el recambio de sectores hegemónicos de la clase dominante con el gobierno de AMLO como para hablar de que ya se consolidó un nuevo régimen. Además de las diferencias al interior del propio gobierno (como especialmente lo denunció Víctor Toledo antiguo titular de SEMARNAT sobre la política ambiental que es clave en la actualidad) la falta de consolidación ocurre también porque durante la pandemia, especialmente en 2020, la parálisis del aparato estatal potenció el caudillismo de AMLO al grado de que durante meses la única figura estatal que funcionaba y decidía eran las Mañaneras del Presidente.

Las diferencias y conflictos interburguesas se expresan dentro y fuera del gobierno. Las diferencias no son meramente ideológicas (aunque así lo expresen sobre todo los partidos de derecha, calificando a AMLO como comunista y otras tonterías) sino reflejan intereses económicos diferentes. La política ambiental, el glifosato, los intereses de Monsato, el tema del agua, expresado en el conflicto por Constellation Brands en Mexicali o las presas en Chihuahua y el Tratado de Aguas entre México y EU y el papel de Conagua, el outsourcing, para no hablar de la reforma energética y la iniciativa presidencial. Los conflictos frecuentemente implican a figuras del gabinete presidencial, como fue el caso de Romo, Jefe del Gabinete y Toledo, secretario de medio ambiente o más recientemente entre Gertz Manero, fiscal general de la República y Julio Scherer Ibarra que fuera el consejero jurídico de la Presidencia.  

Otro elemento novedoso en la recomposición de los sectores hegemónicos de la clase dominante en un eventual nuevo régimen político es el papel del ejército y las fuerzas armadas. No es sólo por el compromiso con el ejército por la impunidad en los crímenes cometidos durante décadas que ha implicado una alianza decisiva entre AMLO y el ejército (y su mutuo apoyo en este terreno como lo muestran tanto la defensa del General Cienfuegos detenido por la DEA en EU, como la creación de la Guaria Nacional, pese a toda la exigencia desde el sexenio pasado para que los soldados “regresen a los cuarteles”), sino la novedad de que AMLO está colocando militares en puestos de control y administrativos dentro del aparato de Estado que antes eran ocupados por civiles. En algunos casos hasta dejándoles el cobro de algunos servicios con el argumento de que la estructura militar no es corrupta. Parece estar pasando de ser el aparato de represión del Estado, la representación del “legítimo monopolio de la violencia“ por parte del Estado a ser parte del sector hegemónico de la clase dominante en el nuevo régimen político. Varios analistas señalan este fenómeno de “militarización” como parte de un proceso similar no sólo en México sino en otros países. AMLO dice que no está militarizando porque el ejército ya no reprime (lo cual es relativo si se recuerda la represión de la GN a las caravanas migrantes) pero el tema de la militarización ya es más complicado. En esta misma lógica deben verse las recientes reformas legales propuestas por AMLO para blindar los megaproyectos de su gobierno, como el Tren Maya, convirtiéndolos en temas de seguridad nacional (y por tanto protegidos por el ejército) contra los cuales no proceden siquiera los amparos e incluso la creación de un ente que coordine a las fuerzas armadas en su papel en la administración del Estado

Este proceso de conformación de un nuevo régimen político se ha mostrado muy complicado y conflictuado, por lo que la otra posibilidad es que estemos más bien en una “crisis de régimen” debido a que el gobierno de la 4T no ha podido o no ha querido desmontar todo el andamiaje institucional impuesto por los neoliberales, de tal forma que la crisis con el nuevo gobierno sea más bien una crisis del régimen de la oligarquía neoliberal que no logra pasar a la consolidación de un nuevo régimen.

La prueba decisiva de si se conforma o no un nuevo régimen político será la sucesión presidencial del 2024. Si el lopezobradorismo logra ser transexenal o queda como un fenómeno de un sexenio. Seguramente, por el fracaso de los partidos de la derecha, la candidatura de Morena ganará en 2024, independientemente de quién tenga la candidatura, pero el tema es más de fondo para poder hablar de continuidad con el lopezobradorismo, debido a que AMLO no se presentará a reelección. Entonces la continuidad de un posible régimen no se expresará por la persona del propio AMLO. Podría ser como cuando el surgimiento del bonapartismo y el antecesor del PRI (el PNR) en que Calles dejó formalmente la Presidencia pero se mantuvo como “jefe máximo” con algún títere como se ridiculizaba a Ortiz Rubio entonces y ahora con algún paisano de AMLO colocado en Gobernación. O con un giro a la derecha típicamente bonapartista que tranquilizara a la burguesía como el que hizo Cárdenas y la sucesión con el católico y reaccionario Ávila Camacho en 1940.

Por eso preferimos extender nuestra caracterización, por lo pronto, a la de progresismo tardío. Como dice Eric Toussaint, la crisis del neoliberalismo hoy es más bien en el terreno de desprestigio ideológico del discurso neoliberal. Por eso los progresistas de AL de su primera fase también surgen con un discurso antineoliberal pero con la continuación de políticas neoliberales. Esto ocurre con el gobierno de AMLO de “progresismo tardío” Esta continuación de políticas neoliberales, a pesar del discurso, lo asemeja más a la política social liberal del primer periodo de Lula y el PT de Brasil por la combinación de ciertas políticas asistencialistas.

Decimos gobierno de progresismo tardío en comparación con los progresismos en AL de la primera fase (que también llegan con un discurso antineoliberal) pero un progresismo tardío porque ya cambiaron las bases para su desarrollo (entre otras cosas por la caída de los precios del petróleo. Imaginen si el triunfo de AMLO hubiese sido reconocido en 2006 cuando estaban llegando esos primeros gobiernos). Y por tanto son desde su primera fase, pero más cuando es progresismo tardío, gobiernos con discurso antineoliberal pero con políticas neoliberales. Neo extractivismo progresista, megaproyectos,etc. (rasgos señalados en las resolución del CC del PRT después de las elecciones de 2018 y publicadas en los dos números de La Internacional).

Pero como dijimos en la discusión sobre AL en la Escuela de Cuadros del PRT de diciembre de 2021, nos negamos a aceptar la dicotomía que pretende que sólo hay dos sopas: el progresismo, que AMLO incluso llama la continuación del Partido Liberal juarista o la derecha, que AMLO califica como el partido conservador. Liberales o conservadores, como si estuviéramos en el siglo XIX. Cuando el mundo y México es un poco más complicado por el desarrollo del capitalismo hasta su fase neoliberal pero sobre todo porque también ha surgido ya la fuerza de clase que representa una salida anticapitalista. Por eso planteamos el polo social y político alternativo al progresismo y a la derecha.

El polo alternativo a nivel social y su programa

Y socialmente, en la lucha, en los movimientos sociales actuales, está presente potencialmente ese polo alternativo. Lo representan movimientos sociales como el que se agrupa alrededor del SME y la NCT desde una perspectiva proletaria, de independencia de clase, por un lado. Por otro, en diferente perspectiva pero también con independencia del gobierno y del Estado, el zapatismo, pero sobre todo los movimientos ecosociales de pueblos indígenas y originarios en resistencia contra los megaproyectos ecocidas y el extractivismo. Por otro lado, también el pujante movimiento feminista, la nueva generación feminista y un movimiento que logró el 8 de marzo del 2020 la mayor movilización de la historia, apenas unos días antes del inicio del confinamiento social impuesto por la pandemia pero que pese a ello ha logrado mantener las luchas y movilizaciones en estas difíciles condiciones. Esta ola feminista radicalmente confrontada con el patriarcado capitalista es por tanto absolutamente independiente de gobierno, partidos e instituciones estatales. Otro importante movimiento antisistémico es el de  familiares y víctimas de las violaciones de derechos humanos (feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas) y que no paran de exigir justicia, confrontados con la alianza de gobiernos con las fuerzas armadas y su manto de impunidad, aunque por la presión nacional e internacional se pretenda contener a estos movimientos con la reivindicación de la memoria de las víctimas y la solicitud de perdón por parte de las autoridades, pero posponiendo la justicia.

Es en estos movimientos donde necesitamos invertir prioritariamente nuestras fuerzas pues potencialmente representan ese polo que por lo pronto lo es a nivel social, pues al interior del mismo hay mucho rechazo a una expresión política. Ese polo social, no siempre claramente anticapitalista y menos socialista, pero que sí se expresa como antisistémico y que está en la base de las explosiones populares que hemos visto en América Latina estos años.

La ruptura con el PRI en 1988 implicó un nivel de conciencia popular que arrancó desde el 68 contra el PRI-gobierno y que disputó la hegemonía ya en el terreno electoral en el año de 1988. El desfonde del PRIAN en 2018 expresa una conciencia antineoliberal forjada en esos años de resistencia, especialmente durante el gobierno de Peña Nieto. Avanzar ahora hacia la conciencia anticapitalista entre las masas que ya se expresa en ciertas luchas implica una lucha contra el pensamiento ideológico que impone el lopezobradorismo que si logra consolidar un nuevo régimen político implicaría nueva conciencia social como la que denunciaba Revueltas como la “ideología de la Revolución Mexicana” representada por el PRI durante el siglo pasado. Esta lucha es parte de lo que llamamos la disputa por la hegemonía en el terreno ideológico

Un peso ideológico que llama a posponer las luchas, a evitar la movilización, los cierres de carreteras, para esperar siempre al siguiente proceso electoral. Que pretende convertir a Morena en el partido, como el PRI del siglo pasado, donde todos los “sectores” estén representados que logró incluso que muchos militantes de izquierda privilegiaran su participación política y electoral en el PRI. Así ahora en que activistas, incluso que fueron de partidos de izquierda en el pasado, pelean y se angustian por conseguir candidaturas en Morena que siempre termina priorizando candidaturas burguesas o de ex priístas, ex panistas y representativos del antiguo régimen. Se apunta así hacia un nuevo partido de Estado.

Por supuesto que esto recuerda la necesidad de un partido o partidos de la clase trabajadora, de partidos de la izquierda anticapitalista. Pero junto con la enajenación política que promueve el sistema para enredarse entre Morena o la derecha están también las dificultades que se han incrementado para el registro legal de nuevos partidos e incluso de la salida que el sistema ha generado de las llamadas “candidaturas independientes”. La experiencia que hemos vivido nosotros mismos (candidatura de Marichuy, campañas por el registro de la OPT, otras candidaturas independientes) es que las condiciones y la cantidad de dinero que se requiere para los registros legales, sea de partido o de candidaturas independientes, lo vuelven prácticamente imposible. Tenemos que pensar para encontrar las vías para una expresión política independiente, de clase, frente a las presiones electoralistas que se vienen en los siguientes años. Romper con el corsé de limitar la participación política (e incluso electoral) a las vías reconocidas institucionalmente en un sistema electoral restrictivo, antidemocrático y en crisis. Incluso si es necesario por medio de la participación de candidaturas sin registro legal, como fue -en otro contexto- la candidatura de Valentín Campa en 1976 y que fue elemento central para detonar la reforma política de esa época ante la crisis del sistema político electoral.

Todos estos elementos tenemos que abordarlos concretamente en el proyecto de resolución del CC sobre las perspectivas en la construcción del partido.

El pensamiento lopezobradorista que quisiera hacerse hegemónico en la constitución de un nuevo régimen incluye una serie de elementos conservadores e incluso neoliberales. Por ejemplo la ofensiva contra las organizaciones colectivas de lucha descalificadas por AMLO como “corruptas” que lleva a la desaparición de organizaciones campesinas y populares, que no se les reconoce interlocución o que las lleve a su integración a un nuevo corporativismo pero directamente al gobierno. Una de nuestras tareas, sin embargo, en medio de esa crisis debe ser recuperar nuestra presencia en el movimiento agrario. La ofensiva contra las organizaciones de lucha colectiva, como las organizaciones campesinas, es parte del discurso ideológico contra las ONGs también presentadas como corruptas o instrumentos de la derecha que afecta frecuentemente la lucha y demandas de movimientos de mujeres y que se traduce, como hemos señalado arriba, en el recorte de gasto público en el caso de las mujeres. Eso, además, de la descalificación como de derecha o ideologías importadas del exterior (como diría GDO) del feminismo y de las luchas ambientales. La lucha ideológica, la disputa por la hegemonía, es así muy amplia y complicada. Como la descalificación que hace de la explicación marxista sobre la explotación de clase para decir que el principal problema no es la explotación sino la corrupción.

De todos modos, es muy probable que la prueba de si se consolida o no un nuevo régimen político transexenal para el 2024, encuentre una traba por la crisis y anunciada ruptura de Morena para las elecciones de 2024. La fuerza y la debilidad de Morena es la figura de AMLO. Alrededor de él se agrupan todas esas corrientes e intereses que Luis Hernández Navarro llamó en la campaña del 2018, “el arca de Noé”. Para 2021, López Obrador pretende ampliar el arca de Noé, incluso logrando que el PRI rompa el bloque de derecha con el PAN y haga bloque con Morena, el PRIMOR. Pero el elemento de unidad que ha sido AMLO en 2018 no puede estar en 2024 como candidato presidencial. La pugna por esa candidatura está desatada y tras ella se desatarán los conflictos de todos los grupos que quieren las otras candidaturas, menores a la presidencial.

El Presidente de Morena, Mario Delgado, así como el propio López Obrador ya anunciaron que el sistema de definición de las candidaturas será la encuesta. Pero ya en 2021 fuimos testigos de todas las divisiones, ruptura y conflictos habidos por las “decisiones” de la “encuesta”. Esto se puede extremar más en 2024 sin la candidatura presidencial de AMLO. Si Marcelo Ebrard cabeza de la corriente de Mario Delgado fuera “escogido” por la “encuesta” representaría otro ex priista, ciertamente, pero no cualquier ex priísta. Porque Ebrard viene del salinismo, de la corriente de Camacho Solís, operador de Salinas en la campaña de 1988.

Entonces las posibles rupturas desde la presidencial por conflictos anunciados como el de Monreal o las pretensiones de MC, con sus gobernadores de Jalisco y Nuevo León, pueden amplificarse en torno al resto de candidaturas. De todos modos la crisis de los partidos del bloque de derecha, PRI, PAN y PRD es de tal magnitud que no representan un riesgo para el triunfo de Morena que puede ocurrir como en 2021 en medio de gran abstención o votos nulos.

La debilidad de Morena como partido institucional se ha visto incrementada por el caudillismo de López Obrador que no le permite consolidarse y que vivió sus primeros años, después del triunfo electoral de 2018, sin presidente o presidenta reconocidos por todo Morena.

La crisis o explosión de Morena en 2024 abrirá de algún modo una nueva oportunidad para la izquierda y un polo alternativo de clase. Probablemente obligará a una nueva reforma electoral, ya anunciada con el conflicto entre el gobierno y el INE, pero obviamente será posterior a las elecciones del propio 2024. La condición para poder aprovecharlo será que el posible polo alternativo se mantenga independiente y en lucha.

Como parte de esta lucha por la hegemonía está la necesidad de actualizar, reconstruir, nuestro programa en las nuevas circunstancias. Pero la actualización del programa no se logra inmediatamente con la redacción de un manifiesto. Lo vamos construyendo conjuntamente con el desarrollo de las nuevas y actuales luchas. Con avances de codificación como las asambleas populares que han convocado el SME y la NCT estos años resumidas en la consigna de “salud, pan y trabajo”. La lucha por la democracia e independencia sindicales apoyada en la propia fuerza del movimiento y no como supuesta concesión del gobierno. O sea contra el nuevo corporativismo. La reforma política democrática que transforme el sistema de partidos sacándola de la lógica del dinero. Pero también de la experiencia del movimiento feminista con el énfasis que han puesto en medio de la pandemia al tema de la reproducción social y los cuidados como parte del trabajo no pagado, además de la lucha contra la violencia feminicida o el derecho al aborto. O las demandas del movimiento ecosocial también contra el extractivismo y frente a la crisis del agua y la política neoliberal privatizadora. O las demandas de la lucha por los derechos humanos, el regreso de del ejército y fuerzas armadas a los cuarteles y una política que no basta con el reconocimiento y la memoria sino que requiere también de la justicia, en la lógica de vivos los llevaron, vivos los queremos. Contra la violencia en todos niveles (feminicidio, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas). O las demandas del movimiento de los jubilados. Por supuesto hay una línea que debería cruzar estas elaboraciones y es la necesidad de la lucha, no supeditada a los intereses gubernamentales y parlamentarios, es decir con independencia de clase. Y también demandas centrales que son comunes con la lucha en otros países como acabar con las patentes de las vacunas, o con la renta básica universal incondicional y sobre todo con el desconocimiento de la deuda pública, que ofrece un camino distinto al de López Obrador basado en la austeridad y la lucha contra la corrupción. Distinto pero también apuntan a ser demandas de transición a un cuestionamiento antisistema como lo del ejército pero también la suspensión del pago de la deuda pública y a favor de la renta básica universal. Un programa alternativo que agrupa y cohesiona al polo social alternativo a la derecha y al progresismo, en lo que este polo puede transcrecer hacia una referencia político partidaria anticapitalista. Normalmente hemos puesto el énfasis en el aspecto subjetivo del programa de transición. Es decir, de servir como puente entre el nivel de conciencia actual de las masas y la perspectiva socialista. En la época actual con la convergencia de crisis en que vivimos que apuntan a una crisis civilizatoria y que acerca a una fase terminal por la catástrofe ambiental, el programa de transición tiene también un valor frente a una situación extremadamente grave en que representa la urgente salida anticapitalista ecosocialista independientemente de los niveles de conciencia o sea frente a la realidad objetiva. Es decir, la grave situación que vivimos plantea nuevamente la vigencia de la revolución.

Abril de 2022.